ECONOMíA › CARLOS HELLER Y FELIPE PIGNA, SOBRE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS DE LA DICTADURA

La necesidad de cambiar la historia

El diputado del Partido Solidario y el historiador hicieron un repaso de las razones y consecuencias de un instrumento clave durante la dictadura para imponer un modelo económico. La propuesta de modificación y el lobby que resiste.

“Esta ley es un paso para cambiar la historia de la Argentina”, se entusiasmó Carlos Heller, diputado por el Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario e impulsor del proyecto de ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social. El legislador participó de una charla en el Centro Cultural de la Cooperación (CCC) junto al historiador Felipe Pigna, quien resaltó la importancia de la Ley de Entidades Financieras de 1977 para el proyecto económico de la última dictadura, marco normativo que sigue vigente en la actualidad y que Heller busca desterrar con su propuesta. Además, el cooperativista adelantó que presentará reformas a su proyecto, incluyendo el estímulo al acceso al crédito a la vivienda y aseguró que “ya está casi listo el proyecto, de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central”.

En realidad, la Ley de Entidades Financieras, según marcó Heller, ha sido reformada a través de 19 leyes y 18 decretos, modificando distintas cuestiones de forma, aunque “dejando intacto el espíritu”, consideró, caracterizado por la desregulación del capital financiero, con especial tolerancia hacia las entidades extranjeras. Este esquema permitió que los bancos le dieran la espalda al sistema productivo y en especial a los sectores que más dificultades tienen para acceder al crédito. En cambio, se concentraron en los servicios personales, cobrando altas tasas de interés en perjuicio de los clientes.

La Ley de Entidades Financieras que ahora se busca eliminar “formó parte del embate contra el Estado benefactor que en los ’70 tomó especial fuerza a través de los teóricos del monetarismo”, comenzó Pigna. Luego mostró una impactante entrevista al propio “padre de la criatura”, José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura. “Nuestra política sufrió la falta de continuidad”, indicaba el hombre cercano a la escuela de Chicago, para luego tirarle flores a un compatriota: “Aunque fue retomada en los ’90, cuando Cavallo impulsó la apertura, liberalización y privatización de la economía”, explicó con claridad Martínez de Hoz.

Según los datos que ofreció el historiador, el modelo de Martínez de Hoz también produjo la liberalización de precios y congelamiento de salarios, que hizo caer el salario real un 40 por ciento en un año, transfiriendo 17 puntos del PIB desde el trabajo al capital. Estos condimentos junto a la “represión cambiaria” provocaron una destrucción del sistema productivo, generando masivo desempleo y pobreza y jugosos negocios para el capital financiero internacional. Sólo fue posible su aplicación silenciando a la clase obrera mediante el terrorismo de Estado. La pata financiera de aquel proceso es la ley que ahora se busca reformar.

“Un informe de una conocida calificadora de riesgo estadounidense asegura que uno de los principales nubarrones para la economía argentina es el proyecto de Heller”, se alegró el diputado, ante una audiencia que lo aplaudió. “La iniciativa irrita al gran capital financiero, y todo proyecto que afecta determinados intereses genera enormes presiones y lobbies. Por eso, no se trata de convencer a nadie, es una cuestión de correlación de fuerzas”, indicó, para lo cual llamó a una movilización masiva para apoyar la ley y una amplia convocatoria para juntar firmas.

Heller subrayó algunos de los puntos más cuestionados del proyecto por parte de las grandes entidades bancarias y fracciones de la oposición política. Uno de ellos es la definición del producto financiero como un “servicio público”, que “lo consagra como un derecho de las pymes y de las regiones más postergadas”, indicó. Además, el proyecto prevé la creación de la figura del “defensor del usuario del servicio bancario” y la aplicación de subsidios entre las propias empresas para financiar la instalación de sucursales en las regiones menos rentables. “Los proyectos de la oposición buscan, en cambio, que se les otorguen beneficios fiscales a estas empresas que se localicen en las zonas más alejadas, o sea, que le terminan enchufando el costo al Estado”, disparó.

Otro punto muy criticado es el piso mínimo de la cartera de crédito destinado a empresas pymes, que es del 40 por ciento en el proyecto de Heller. El diputado defendió la propuesta y anticipó que está evaluando la posibilidad de que este porcentaje se pueda integrar tanto de préstamos a pequeñas y medianas empresas como de créditos para la vivienda unifamiliar. Muy pronto, prometió, presentará la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, “porque si no el sistema quedaría desequilibrado”.

Informe: Javier Lewkowicz.

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Felipe Pigna y Carlos Heller, junto al anfitrión, Juan Carlos Junio (CCC).
Imagen: Sandra Cartasso
 
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