ECONOMIA › JOSE SBATTELLA, TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. EL PROYECTO DE BLANQUEO Y LA LUCHA CONTRA EL LAVADO

“El único delito que exculpa es el tributario”

El titular de la UIF estimó que hay cerca de 50 mil millones de dólares “físicos encajonados”, que no pueden entrar al circuito legal por los controles existentes. “Es un sector potencialmente desestabilizante, porque se beneficia con la devaluación.”

 Por Cristian Carrillo

“Los dólares no declarados en el país juegan como un factor de inversión en negro y generan continuamente actividades ilegales para facilitar la evasión impositiva”, señaló el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella. En diálogo con Página/12, defendió el blanqueo de capitales para evitar la actividad informal y presiones sobre el tipo de cambio. “La burguesía rentista en la Argentina funciona así: voltean un gobierno, se van del país y sólo vuelven cuando se devalúa y pueden comprar todo a mitad de precio”, afirma Sbattella. El funcionario asegura que en el país existen entre 40 y 50 mil millones de dólares físicos “encajonados”, los cuales no pueden incorporarse a la economía real debido a los mayores controles de la UIF, derivados de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El mes próximo una delegación argentina encabezada por Sbattella deberá dar explicaciones ante el GAFI sobre lo actuado, pero también sobre estas iniciativas. El titular de la UIF aseguró que quienes ingresen al blanqueo no escaparán de los controles por lavado de activos y financiamiento de terrorismo. “El único delito que se exculpa con el proyecto es el tributario”, aseguró.

En la entrevista con Página/12, Sbattella se refirió a la investigación sobre supuesta evasión del empresario Lázaro Báez, lo actuado por la UIF en ese tema y en el caso de Sergio Schoklender. También, sobre las causas que involucran al Grupo Clarín con la banca JP Morgan, y de Papel Prensa.

–¿Cómo se enmarca el proyecto de exteriorización de capitales en la lucha contra el lavado de activos?

–Esta idea responde a una situación que deriva de la estructura económica argentina, en la que hay entre 40.000 y 50.000 millones de dólares stockeados desde la convertibilidad. El número se conoce a partir de que el Tesoro de Estados Unidos decide cambiar en 1995 la figura de Washington del billete y cambia en el país 50.000 millones de dólares en efectivo, lo que puso al país en el primer puesto de dólares per cápita. Ese es el stock que tiene internamente la Argentina y que, desde las adecuaciones de la UIF a las recomendaciones del GAFI, se encuentra sin posibilidades de ingresar a la economía formal. Ese dinero juega como un factor de inversión en negro y genera continuamente actividades ilegales para facilitar la evasión impositiva. Esa es la filosofía que está detrás del blanqueo.

–De cara a la próxima reunión ante el GAFI, ¿cuál es la argumentación que se dará?

–En el GAFI nos piden medir el riesgo de lavado y determinar situaciones que lo generan. En la Argentina lo genera el elevado stock de dólares. Antes de discutir el blanqueo, la visión de nuestro equipo era que, si cierra el sistema de contralor que pide el GAFI, en el país iban a quedar encajonados esos 40 o 50 mil millones. ya que para cualquier operación ahora se pide origen de fondos. Además, es un sector potencialmente desestabilizante, porque aumenta sus ganancias con la devaluación. El objetivo es integrar al sistema nuestro stock de dólares, pero que vaya a actividades reales. La verdad es que hay un riesgo en blanquear por su cuenta: tienen que denunciar la plata para cada operación, como comprarse un auto. Esto no sucedía hace tres años.

–¿Se va a investigar el origen de los fondos que ingresen al blanqueo?

–Por supuesto. Ningún sujeto obligado (a informar) deja de hacer el debido proceso, porque el único delito que se exculpa con el proyecto es el tributario. Se van a realizar todos los pasos necesarios en caso de que existan dudas. El reportante está obligado a enviar los datos. Es igual a lo que se hizo en el anterior blanqueo.

–¿Hubo casos detectados en el anterior blanqueo?

–En el blanqueo anterior, sobre 35.000 sujetos que ingresaron, hubo 631 reportes de operaciones sospechosas por 543,6 millones de pesos. De ese total, 21 fueron archivados en la UIF porque no había sospecha, 52 se elevaron al Ministerio Público Fiscal, de los cuales 30 están pendientes de levantamiento del secreto fiscal, y 558 todavía están en guardia activa, atento al riesgo de lavado de activos. Los más trascendentes fueron lo de Adolfo Ale, denunciado por trata de personas y lavado de activos, y de Alvarez Mayendorf, acusado de narcotráfico, los cuales se presentaron al blanqueo en 2009 y hoy tienen sus fondos, cuentas y tarjetas congelados.

–¿El proyecto de exteriorización puede hacer cambiar el status de la Argentina ante el GAFI?

–Puede ser que tengamos que dar muchas más explicaciones que en la anterior intervención. No sólo porque estamos saliendo del proceso de revisión, sino porque además hay una virulencia muy grande en los diarios que circulan en el país y de la que tendremos que dar cuentas. Porque las noticias que llegan allá es que nada funciona con la UIF y entonces tenemos que explicar todo dos veces.

–¿Qué resultados positivos tienen para mostrar en la próxima reunión ante al GAFI?

–Una de las cuestiones más importantes es que el sistema que se armó para la prevención del lavado ya entró en una etapa de efectividad. Se cuenta con procesados y multas. Teníamos tres condenados a los que se sumaron esta semana seis de la provincia de Misiones, en donde operaba una organización de narcotraficantes. Además, hay 34 procesados por lavado de activos con la nueva ley. No es necesaria la existencia de delito precedente y tiene autonomía el delito de lavado (sin necesidad de un ilícito asociado al origen de los fondos, como en la ley anterior). Se supone que este año va a haber juicio por estos casos.

En la parte administrativa. la estructura de prevención es distinta. Se incrementó la cantidad de reportes en el sistema, de 1500 en 2009 a 30.000 el año pasado, mientras que los sujetos obligados pasó a 25.000 contra 300 de 2009. Cuando congelamos por primera vez las cuentas de terroristas que estaban prófugos, se hizo en menos de tres horas y se tomó conocimiento de las propiedades por el registro del país. Eso es porque era un alerta terrorista. El sistema de alerta con la nueva ley antiterrorista funciona. Esto es lo que vamos a mostrar al GAFI.

–¿No se puede invocar la protección del orden financiero para actuar más enérgicamente sobre el dólar blue?

–Se ha hecho. De hecho, se minimizó la cantidad de operaciones, aunque no se minimizó el impacto en las expectativas y en la economía. Estos capitales generan un mundo informal que no opera con dólares, pero empieza a dolarizar todas sus transacciones, primero las marginales y luego todo el resto. No sólo es un problema por lavado, ya que también incentiva el negreo y la devaluación. Aquellos que ingresaron dólares con la convertibilidad a partir de las privatizaciones fueron los primeros en irse con la crisis y, luego de la devaluación, volvieron. Así funciona la burguesía rentista en el país: voltean un gobierno, se van del país y sólo vuelven cuando se devalúa para comprar todo a mitad de precio. Con esto colabora un stock de 40.000 millones stockeados.

CASOS BAEZ, CLARIN Y SCHOKLENDER

Estado de situación

La UIF es el máximo órgano en el país en prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los sujetos obligados (personas y entidades) informan operaciones sospechosas a esta entidad. En el caso mediático de supuesta evasión del empresario Lázaro Báez, se le imputó al organismo ocultar registros, denuncia similar a la que recibió por el caso de desvío de fondos públicos de Sergio Schoklender.

–¿Cómo actuó la UIF en el caso de Lázaro Báez?

–El Reporte de Operación Sospechosa (ROS) es un dato que de ninguna manera en sí mismo se convierte en una denuncia penal, salvo que sea algo evidente y con respaldo en sí mismo. Hoy tenemos 70.000 reportes que ingresan a una base de datos y de los que, después del cruce de información, se solicita documentación. Estos son lo que terminan en denuncia penal después de hacer todo un requerimiento a los organismos del Estado nacional. La UIF en 2006 comenzó el proceso y mantuvo el secreto. Esto no es público. Las mismas acusaciones las recibimos en la causa de Sergio Schoklender y en diciembre del año pasado fuimos sobreseídos. Ahora la UIF va a accionar legalmente contra quienes la acusaron de abuso de autoridad y de ocultar información.

–Entonces, ¿hubo reportes sospechosos previos?

–Hubo reportes que no ameritaban elevarlo inmediatamente sin una investigación previa. En el caso de (financista, Leo) Fariña sólo figuraba como dueño de dos autos de alta gama. Es difícil que una persona pueda vivir sólo con dos autos de alta gama. Era contradictorio, pero no se podía probar que una persona no es comisionista, que sólo mostraba estos bienes, y hacer una presunción del delito. Necesito más datos. Lo mismo con (Federico) Elaskar. Si aparece un delito superior, como el que ellos mismos dicen que cometen y la UIF no tiene nada que hacer. Se autoimputaron, aunque después intenten desimputarse. No como en el caso Hernán Arbizu (del JP Morgan), que sigue imputándose un delito y la Justicia no lo llama.

–¿Cómo está esa causa de Clarín y JP Morgan?

–Estamos en un quiebre de la actitud pasiva de los últimos años. En la primera semana de abril presentamos un pedido por “denegación de justicia”, porque no podíamos presentarnos como querellantes. El año pasado nos habían dejado participar, por pedido de indagatoria y de liberación para que podamos actuar como agente de información con todas las UIF del mundo de países que operan con el Grupo. Esto desata una situación respecto de los dos autoimputados (Fariña y Elaskar) mucho más evidente y con esto en cinco años no pasa nada. Es una contradicción muy fuerte que amerita ir al Consejo de la Magistratura.

–¿Y con el caso de Papel Prensa?

–En el tema de Papel Prensa estamos avanzando, situación derivada de la nueva ley de lavado, en la que hay un bien protegido nuevo que es el orden económico-financiero para poder perseguir el delito de lavado y tributario. Este orden se daña si hay un producto de un delito no prescripto que está funcionando en la economía, lo que configura un delito continuo. Eso explica la virulencia del ataque de Clarín y La Nación en denostar a la UIF.

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Sbattella: “La burguesía rentista funciona así: voltean un gobierno, se van y sólo vuelven cuando se devalúa y pueden comprar todo a mitad de precio”.
Imagen: Pablo Piovano
 
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