ECONOMíA › NUEVO IMPULSO A LA INVESTIGACION SOBRE LAS RESPONSABILIDADES CIVILES EN DELITOS DE LA DICTADURA

Lo que ocultan ciertos grupos empresarios

Convenio entre la CNV y el Instituto Espacio para la Memoria para profundizar la investigación de las responsabilidades.

 Por Raúl Dellatorre

La investigación que lleva a cabo un equipo de trabajo de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para determinar la complicidad empresaria en secuestros y extorsiones durante la dictadura militar acaba de recibir un nuevo impulso. Esta semana se firmó un Convenio de Cooperación y Trabajo Conjunto entre la CNV y el Instituto Espacio para la Memoria, a partir del cual ambos organismos podrán intercambiar información, potenciar el manejo de archivos y fortalecer el análisis e investigación de hechos en los que se entrecruzan delitos económicos y violaciones a los derechos humanos.

El equipo de investigadores de la CNV ya logró reunir documentación que incriminó al ex titular de ese organismo durante los primeros años de la dictadura, Juan Etchebarne, abogado del entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, quien se encuentra actualmente bajo prisión por su participación en secuestros de empresarios para su extorsión y desapoderamiento de bienes. Uno de los elementos hallados por los investigadores, en los propios archivos de la CNV, es una carta de esa época del coronel Roberto Roualdés, del I Cuerpo de Ejército (bajo las órdenes del general Carlos Guillermo Suárez Mason), en la que le agradece a Etchebarne “la colaboración” prestada por cuatro integrantes de la CNV, por su “participación” en los interrogatorios a empresarios secuestrados en centros de detención que funcionaba en Campo de Mayo.

El informe elaborado por la Oficina de Derechos Humanos de la CNV, integrada por María Celeste Perosino, Bruno Nápoli y Walter Bosisio, fue presentado el 25 de marzo último y fue dedicado “a la memoria de Gustavo Cortiñas” (hijo de Nora Cortiñas, dirigente de Madres de Plaza de Mayo), trabajador de la CNV desaparecido durante la dictadura. A través de una minuciosa indagatoria documental, se pudieron revelar distintos mecanismos mediante los cuales la CNV participó en diversos hechos que responden al mismo patrón señalado en el caso de su colaboración con el I Cuerpo de Ejército. En su Epílogo, titulado “La lucha contra la subversión económica”, el informe (de más de 140 fojas) señala:

“En el proceso de relevamiento documental pudieron detectarse ciertas sistemáticas en los agentes intervinientes y procedimientos durante el último proceso dictatorial. Puede sugerirse que la CNV tuvo un rol importante en la articulación de la llamada ‘lucha antisubversiva’ en su matiz económico. Algunos de los casos desarrollados, como los de Industrias Siderúrgicas Grassi, Banco de Hurlingham, Celulosa/Canale, La Agrícola, Grupo Iaccarino, Financiera Río Paraná, Finsur S.A, Casa de Cambio Brasilia y Banco Latinoamericano, no sólo muestran una embestida sistemática contra estas empresas que articula al ámbito judicial, la policía bancaria, el Banco Ventral y la ‘justicia castrense’, sino también articulan lo ‘legal’ con lo clandestino (...). La cuestión a debatir es si las acciones del directorio de la CNV implicaron un montaje de éste sobre la estructura dictatorial para embestir y desguazar a determinados agentes, financistas y empresarios, o si sus acciones formaban parte de un plan estratégico mayor del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (...). Este ensayo de respuesta debería contemplar también el cruce de los objetivos del Estado terrorista con los objetivos personales de los individuos que formaron parte de éste”.

Agrega el informe que “los funcionarios de la CNV que fueron relacionados por testimonios de víctimas con violaciones a los derechos humanos son Juan A. Etchebarne y René Garris, denunciados en el marco de la causa de Banco de Hurlingham por su rol activo en interrogatorios: Isidoro de Carabassa declara el 09.12.1983 que Garris se encontraba presente en los interrogatorios que se le realizaron en Campo de Mayo (Causa 41712 ‘Chavanne, Marcelo Augusto S/denuncia’, fjs. 164); Raúl Aguirre Saravia declara que Juan A. Etchebarne y René Garris lo interrogaron en un centro clandestino cercano a la Richieri (Causa 41712 ‘Chavanne, Marcelo Augusto S/denuncia’, fjs. 346); Enrique Lucio García Mansilla declara que fue interrogado por Juan A. Etchebarne en Campo de Mayo (Causa 41712 ‘Chavanne, Marcelo Augusto S/denuncia’, fjs. 499); Ramón Aguirre Saravia declara que en los interrogatorios bajo tortura el que hacía las preguntas era Juan A. Etchebarne (Causa 41712 ‘Chavanne, Marcelo Augusto S/denuncia’, fjs. 891-892); Rosa Dominga Laurito manifestó ‘Etchebarne, que era socio de Martínez de Hoz, estaba intentando destruir Industrias Grassi. El presenciaba las torturas, a Raúl Grassi le tiraron un termo de agua hirviendo en el pantalón, él me contó que en esa oportunidad estaba Etchebarne’ (declaración testimonial 14.12.2010). Dichos funcionarios denunciados, René Garris y Juan A. Etchebarne, figuran en la nómina de interrogadores del Centro Clandestino de Detención ‘El Campito’ con asiento en Campo de Mayo. Al igual que Roberto Roualdés, coronel, jefe de Sección Política del Batallón 601, Francisco Obdulio D’Alessandri, coronel, Dto. 201, ascendido a general en 1985 y Raúl Antonio Guglielminetti, civil, Batallón 601, quienes han participado de los secuestros de los empresarios y agentes pertenecientes a los casos Banco de Hurlingham, La Agrícola, Industrias Siderúrgicas Grassi y Canale/Celulosa”.

El convenio marco firmado el último miércoles entre la CNV y Espacio para la Memoria habilita a encarar una “tarea conjunta de recopilación de material documental y/o testimonial relacionado con las violaciones de los derechos humanos y el accionar del terrorismo de Estado”, facilitar la generación de información técnica y académica sobre temas de interés común, promover actividades específicamente relacionadas con los derechos humanos y la memoria, bajo el interés común de “contribuir a la consolidación de la memoria colectiva y al resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado que asoló a nuestro pueblo desde los años ’70 hasta comienzos de los ’80”.

En opinión de los miembros del grupo de investigación de la CNV, esta oportunidad de colaboración y cooperación “va a permitir seguir profundizando una investigación que se agiganta a cada paso que damos, con cada nuevo archivo al que accedemos, y que permite conocer hechos y responsabilidades que hasta ahora permanecían ocultos”. En particular, la responsabilidad de algunos de los fuertes empresarios que comandaban los principales grupos de poder económico y que, a diferencia de las cúpulas y mandos medios militares, aún no han debido rendir cuentas ante la Justicia y la sociedad.

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Alejandro Vanoli, titular de la CNV, el día de la presentación del informe por la Verdad, Memoria y Justicia.
Imagen: Télam
 
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