ECONOMíA › OPINION

La bandera

 Por Alfredo Zaiat

Grandes bancos nacionales fueron vendidos a capitales extranjeros. Importantes petroleras argentinas quedaron en manos de compañías del exterior. Industrias centenarias cambiaron de dueño y de nacionalidad. Empresas de servicios públicos privatizados tuvieron en una primera etapa participación de grupos locales, lugar que rápidamente abandonaron dejando todo el negocio a operadoras multinacionales. La explotación de rentables yacimientos mineros está dominada por firmas trasnacionales. La profundización de la extranjerización de la economía iniciada en la década del noventa alcanzó a los principales sectores productivos, con una excepción relevante: las tierras más fértiles del país no cambiaron de propiedad. O sea, el poder económico local se desprendió de pozos petroleros, industrias, empresas de servicios y bancos pero no entregaron los campos de rentas extraordinarias de la región pampeana. La tradicional oligarquía terrateniente y la diversificada no fueron desplazadas por capitales extranjeros, cuestión de suma importancia porque históricamente las características que asumió la propiedad de la tierra agropecuaria han tenido una indudable influencia en términos sociales, económicos y políticos.

La tarea realizada por el Registro Nacional de Tierras Rurales permitió construir el catastro nacional definiendo el porcentaje de la superficie rural perteneciente a personas o empresas del exterior. Era un hecho extraño el vacío normativo y de información existente sobre los dueños de campos en uno de los países con más y fértiles tierras del mundo. La ley que dispuso el Régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales fue aprobada el 22 de diciembre de 2011 y reglamentada el 29 de febrero de 2012. El 1º de junio del año pasado comenzó a funcionar el registro, con la participación de todas las provincias y los ministerios de Justicia, Agricultura y Defensa. El resultado, luego de vencer diferentes resistencias y con información de las 23 provincias, fue que el total de hectáreas en manos de extranjeros es de 15.881.069, un 5,93 por ciento de las tierras rurales a nivel nacional. Por debajo de la media se ubican las provincias que integran la zona núcleo del sector agropecuario: Buenos Aires (3,54 por ciento), La Pampa (2,58), Santa Fe (4,8) y Córdoba (1,04).

En los últimos años, a partir del conflicto abierto por la frustrada intención oficial de aplicar derechos de exportación móviles a cuatro cultivos principales, se precipitó un intenso debate sobre el sector, las transformaciones en la actividad y si había habido cambios en el sujeto agrario. La expansión de la producción y del área sembrada, el predominio de la soja, la aplicación de paquetes tecnológicos (siembra directa-semilla transgénica-herbicidas), la presencia de empresas de servicios agrarios, el arrendamiento de campos, y la elevada concentración de la tierra fueron parte de diferentes interpretaciones. Otro elemento considerado fue que se estaban concretando transferencias de propiedad de las tradicionales familias terratenientes hacia grandes capitales extranjeros, movimiento que tenía como pantalla de confusión la irrupción del “pool de siembra”. Las estimaciones difundidas de tierra rural en manos extranjeras eran del 15 al 20 por ciento del total sin ninguna rigurosidad, influenciadas por la extranjerización de los noventa y la presencia de los Benetton en la Patagonia, Ted Turner en Bariloche y Douglas Tompkins en los esteros del Iberá en Corrientes.

La presencia de esos magnates distorsionó el análisis sobre los dueños de la tierra rural. La información que proporciona el flamante catastro nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales confirma las investigaciones realizadas por Eduardo Basualdo, quien insistía a contramano del análisis dominante acerca de la continuidad de la oligarquía terrateniente pese a los profundos cambios desplegados en el sector. En el libro Estudios de historia económica argentina se ilustra que “las violentas modificaciones en la propiedad del capital (durante la convertibilidad) no se expresaron en el sector agropecuario pampeano y específicamente en el agro bonaerense, aunque sí lo hicieron con alguna intensidad en la región extrapampena”. Explica que “las transferencias netas de tierras vinculadas a los grandes propietarios bonaerenses fueron reducidas”, en la década del noventa como en la siguiente.

La intervención del pool de siembra no fue un desplazamiento de los tradicionales dueños de la tierra, sino que éstos formaron parte como promotores, socios y beneficiarios de ese negocio. Basualdo señala que ese fenómeno cobra envergadura a partir de la exacerbación de las economías de escala inducida por el paquete tecno-productivo mencionado, proceso que incrementa la rentabilidad a partir de una disminución del costo de producción originado en el aumento de la superficie trabajada. Los pools cuentan con el capital suficiente para comprar y aplicar ese paquete tecnológico en economías de escala y así concentrar aún más el uso –no la propiedad– de la tierra, estructurando así una nueva forma de producción de carácter financiero. El primer gran pool de siembra lo lideró Cazenave, miembro de una familia integrante del corazón de la oligarquía. Se unió entonces el plano financiero con lo que se conoce como la oligarquía agropecuaria.

El proceso de transformación en la forma de organización y de desarrollo tecno-productivo del campo ha provocado una mayor concentración de la producción, y no así la de la tierra. Esta ya se encontraba históricamente en pocas manos. Ha habido cambios en el paradigma productivo del agro pampeano y han surgido interpretaciones acerca del sujeto social que ha protagonizado este ciclo de expansión productiva. Un análisis que ha predominado en los últimos años es que la irrupción de los contratistas encargados de las labores de la tierra (maquinarias, equipos, insumos y mano de obra) y de los pools de siembra, con la consiguiente expansión de los arrendamientos ha desplazado la figura del propietario. Esto supondría la pérdida del predominio de la oligarquía pampeana y que su presencia ya no sería determinante en las producciones sectoriales más rentables, lugar que ocuparían los capitales, nacionales y extranjeros, ajenos al sector que las controlan. No es así.

En el libro Estudios... Basualdo pudo precisar que, en 1996, en la provincia de Buenos Aires existían en total 1250 propietarios con más de 2500 hectáreas. En conjunto, eran dueños de 8,7 millones de hectáreas, algo más del 32 por ciento del total de la provincia. “Las evidencias sugieren que la oligarquía agropecuaria era propietaria de las tierras productivas pertenecientes a los grandes terratenientes bonaerenses, en tanto exhibe la mayor capacidad productiva potencial y, por ende, el mayor precio de la hectárea libre de mejoras.” Los propietarios de esas tierras no las vendieron. Los apellidos son los tradicionales de la oligarquía: Gómez Alzaga, Balcarce, Larreta, Duhau, Escalante, Pereyra Iraola, Anchorena, Pueyrredón, Defferrar, Bullrich, Pereda-Ocampo, entre otros. También destaca que la “oligarquía diversificada” controla las mejores tierras de la cúpula de los grandes propietarios rurales de la provincia de Buenos Aires, destacándose Bunge & Born, Fortabat, Bemberg, Werthein y Blaquier.

Del nuevo catastro nacional de tierras rurales no se desprende que haya habido cambios sustanciales en la propiedad en la zona pampeana durante la primera década del nuevo siglo. Puede ser que debido a los patrones tecno-productivos modernos hayan compartido una parte del manejo de la producción, pero esos protagonistas no cambiaron la bandera de los campos fértiles de la zona agraria más rica del país.

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