ECONOMíA › LA JUSTICIA DESESTIMó MEDIDAS CAUTELARES PARA NO PAGAR EL REVALúO

Los countries, sin coronita

Vecinos de countries y barrios cerrados de la zona norte de Buenos Aires pretendían quedar al margen de la actualización de los valores de sus inmuebles, pero sus reclamos fueron descartados. En Tigre, Massa también resistió la suba.

 Por Cristian Carrillo

Dos juzgados en lo Contencioso y Administrativo de La Plata y San Isidro rechazaron ayer las cautelares solicitadas por contribuyentes de alto poder adquisitivo en contra de los revalúos de inmuebles comprendidos en clubes de campo, barrios cerrados y countries. Desde principios de año, la provincia de Buenos Aires aplicó una actualización en los valores de este tipo de inmuebles, que fue resistida por las jurisdicciones del área metropolitana norte. El intendente de Tigre, Sergio Massa, inclusive decretó la inaplicabilidad del revalúo en barrios cerrados, lo que sirvió de argumento a las presentaciones de vecinos en contra de la actualización. Según fuentes judiciales, ambas Cámaras desestimaron las presentaciones por tratarse de terrenos de muy altos valores de comercialización, “lo que presupone su capacidad económica para adquirir los mismos y consecuentemente la posibilidad de afrontar la carga impositiva relacionada”.

La provincia determinó el año pasado un cambio en la base de cálculo del impuesto inmobiliario e incrementó la alícuota. A esto se sumó una revaluación de las propiedades en countries. No bien se conocieron los cambios tributarios, los intendentes de la Región Metropolitana Norte de Buenos Aires, Massa (Tigre), Luis Andreotti (San Fernando), Jorge Macri (Vicente López) y Gustavo Posse (San Isidro), se reunieron para analizar los pasos a seguir. En ese marco, el intendente de Tigre dispuso por decreto (116/13) la inaplicabilidad del revalúo, que derivó en una serie de fuertes cruces con el gobernador Daniel Scioli. Los municipios tienen autonomía para fijar tasas y valuaciones, pero no cuentan con las herramientas para su cálculo, por lo que generalmente utilizan los criterios del ente recaudador provincial. Los argumentos citados en el Decreto 116 dispararon las presentaciones de amparos por parte de vecinos con inmuebles en barrios cerrados en rechazo a los aumentos en el tributo. Esto se debe a que el decreto señala una supuesta “persecución u hostigamiento a personas o grupos sociales”.

Los juzgados en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata y Nº 1 de San Isidro desestimaron las dos cautelares que fueron solicitadas, habiendo merituado las consideraciones de hecho y de derecho vinculadas con el revalúo que la agencia de recaudación de la provincia, ARBA, efectuó en oportunidad de contestar los informes requeridos. En los considerandos de los fallos se señala “la ausencia del perjuicio que se alegaba, motivado en el pago del gravamen liquidado en base a la nueva valuación”. También se destacó “la falta de verosimilitud del derecho que los contribuyentes pretendían tutelar, ya que además de la presunción de legitimidad de los actos del poder público, la agencia provincial arribó a ese valor cuestionado en la Justicia utilizando una determinada metodología y en pleno ejercicio de las facultades y atribuciones que le son propias como ente autárquico de derecho público, fundándose en la documentación que el organismo proporcionó y los informes efectuados”.

Consultada por este diario, desde la intendencia de Tigre no hubo respuesta sobre los fallos judiciales y el mantenimiento del decreto. En la apertura de las sesiones legislativas municipales y en medio del cruce mediático con el gobernador Scioli, el intendente de Tigre había amenazado con llevar el caso contra el revalúo del impuesto inmobiliario provincial a la Suprema Corte bonaerense. La decisión de los jueces se realizó en el marco de análisis de pedidos cautelares, “sin existir a la fecha resolución judicial sobre el fondo de la cuestión”. Sin embargo, según fuentes provinciales, tales precedentes constituirían hasta el momento un aval de la aplicación de los valores aprobados por resolución normativa (62/12) que contiene las actualizaciones en los valores de las propiedades en barrios cerrados, clubes de campo o countries.

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La actualización en los valores de los inmuebles rige desde principios de año.
Imagen: Télam
 
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