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Ni sindicalistas ni entidades empresarias: el ganador de la primera batalla en el Consejo del Salario fue el Gobierno. Ayer, en la segunda reunión plenaria del cuerpo y a tan sólo una semana de haber constituido el ámbito, el Poder Ejecutivo consiguió fijar, por mayoría, el nuevo salario mínimo vital y móvil en 450 pesos a partir de septiembre, 100 pesos más (28,6 por ciento) que el vigente hasta agosto. El acuerdo mayoritario se obtuvo en base al acercamiento de posiciones entre las entidades empresarias tradicionales y la CGT, mientras que la CTA votó en contra y Federación Agraria y la Central de Entidades Empresarias Nacionales se abstuvieron. El propio presidente de la Nación debió intervenir, telefónicamente, para lograr el consenso entre las entidades mayoritarias, cuando las diferencias en el seno del Consejo desbordaron a las autoridades de la cartera laboral.
La posibilidad de llegar a un consenso total ya había quedado seriamente dañada desde el miércoles, cuando en la Comisión de Salario (especie de “mesa chica” del Consejo) se produjeron los primeros chispazos. La representación empresaria rechazó, en esa oportunidad, la participación de dos asesores de la CTA en el encuentro, lo que provocó el retiro del delegado de esta organización, Pedro Wasiejko. Los tres representantes de la CGT se mantuvieron en la mesa, pero no consiguieron arribar a una propuesta única con la delegación patronal. Las diferencias quedaron planteadas en un reclamo de 500 pesos de mínimo por la CGT y una propuesta de 400 pesos de la UIA y la Cámara de Comercio.
Ayer, al iniciarse la sesión del Consejo y ante el planteo de ambas posiciones, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, propuso un consenso en una cifra intermedia. Todo parecía servido para que el Gobierno lograra su propósito: obtener un acuerdo obrero-empresario en 450 pesos, la cifra que el propio presidente, Néstor Kirchner, había “sugerido” públicamente pocos días atrás. Pero la postura de la CTA le complicó el trámite: la central combativa advirtió que no convalidaría un mínimo salarial en esos niveles ni dejar cerrado el acuerdo exclusivamente con un número, sin definir un horizonte de mejoras en las condiciones de ingresos de los trabajadores.
Significativamente, no fue del sector empresario de donde surgió la reacción más irritada, sino de la CGT. Los referentes del gremialismo más ortodoxo, con Hugo Moyano y José Luis Lingeri a la cabeza, advirtieron que en esas condiciones tampoco aceptarían bajar la cifra de 500 pesos antes propuesta “sólo como un primer paso”. El encuentro pasó a un cuarto intermedio que se impuso casi de hecho.
A esa altura, ya era evidente la existencia de fisuras también dentro del sector empresario. Eduardo Buzzi, de Federación Agraria, y Carlos Heller, de CEEN, dejaban ver sus diferencias con las entidades que representan a las empresas “grandes”, la UIA y la CAC. En medio de los cabildeos, Tomada debió ceder la conducción de las negociaciones, desbordado por los acontecimientos. Según trascendió en los pasillos del Ministerio de Trabajo, el ministro puso en contacto telefónico a Moyano con el presidente de la Nación, que le reclamó que consensuara en los 450. Hubo un amago de resistencia, algún reclamo de condiciones que no fueron concedidas y finalmente una aceptación a regañadientes. “Estaban negociando nuestras cabezas”, tradujo gráficamente uno de los integrantes de la delegación de la CTA la demanda del camionero.
El Consejo volvió a sesionar solamente para cristalizar la situación a la que se había llegado. La propuesta del mínimo de 450 pesos volvió a ser puesta en consideración y fue apoyada por 13 votos empresarios (UIA, CRA, Coninagro, UDES, CAME, Construcción, Comercio, ABA y Bolsa de Comercio) y 13 sindicales (CGT más UOM). Del sector empresario, la Sociedad Rural estuvo ausente y CEEN y FAA se abstuvieron. Los tres miembros de CTA, en soledad, votaron en contra. Con los resultados en la mano, Tomada formalizó la resolución: “El Consejo del Salario Mínimo resolvió, por medio del voto positivo de los dos tercios de sus miembros, fijar para todo trabajador y empleado un salario mínimo de 2,55 pesos por hora y de 450 pesos por mes; la medida tiene vigencia desde el 1º de septiembre”.
No sin costo, el Gobierno logró su propósito: fijar el mínimo en 450, sin decreto y con el compromiso de las entidades patronales y sindicales mayoritarias. “En política, es cuestión de números: ellos tienen tres veces la gente que tienen ustedes”, le dijo un allegado de Tomada a un dirigente de la CTA al terminar el encuentro, en referencia al acuerdo alcanzado con la CGT minutos antes. Los grupos empresarios debieron ceder más de lo calculado apenas quince días atrás: no habían imaginado un piso salarial mayor a 400 pesos. Para la CGT, el resultado es mixto: paga un costo político por el acuerdo, pero vuelve a estar sentado como interlocutor privilegiado de empresarios y funcionarios de Gobierno. El lugar que, indudablemente, mejor le cae.