ECONOMíA › OPINION

Ferrocarriles y subsidios

 Por Maximiliano Montenegro

En el Presupuesto 2007 los subsidios para los concesionarios privados de los trenes ascienden a 974 millones de pesos anuales, un 25 por ciento más de lo que se destinará este año: 775 millones, contando el nuevo aumento en la subvención dispuesto esta semana por decisión administrativa del jefe de Gabinete.

En realidad, lo más probable es que esas “transferencias al sector privado” superen holgadamente los 1000 millones de pesos, ya que siempre en los últimos años la pauta presupuestaria para subsidios fue desbordada por la súper lapicera de Alberto Fernández.

El esquema de subvención de los ferrocarriles, cuyo origen radica en los mismos contratos de privatización de los noventa, es una ecuación simple: el Estado costea parte de los sueldos y financia las obras de infraestructura, mientras el concesionario privado administra el servicio con su reconocida eficiencia, por lo cual además de cobrar el boleto contabiliza como costos millonarios honorarios en concepto de “gerenciamiento”, “inspección de vías”, “estudios de asesoramiento para mejorar la seguridad”, “informes técnicos para mejorar la calidad del servicio”, etc., etc. Además en algunos casos, como en los subtes, las obras de infraestructura, solventadas por el Estado, son realizadas por empresas del mismo grupo económico que encabeza la concesión.

Hoy, el 60 por ciento de la asistencia oficial se destina a cubrir costos operativos y sueldos, y el 40 por ciento restante a inversiones (obras y compras de equipos, locomotoras y vagones). En 2006, el Estado gastará 2,1 millones diarios en los trenes, y el año próximo esa cifra se elevaría, como mínimo, a 2,7 millones.

La noticia del aumento de los subsidios, difundida esta semana por Página/12, volvió a ser aprovechada por parte de la derecha (miope o ignorante), que los asocia al despilfarro y boga por su eliminación. El Gobierno responde que el dinero vuelve a los usuarios, como en los principales países desarrollados, ya que permite mantener congelada la tarifa del servicio público esencial. Sin embargo, el principal responsable de que los subsidios sean asociados a algo oscuro es el propio Gobierno. Primero, porque al no transparentarse las cuentas no se sabe si van a cubrir costos o a engordar ganancias empresarias. Segundo, porque transferir a sola firma del jefe de Gabinete cientos de millones de pesos a compañías privadas, eludiendo el debate parlamentario, alimenta las sospechas. Finalmente, porque el nivel actual del aporte público amerita abrir la discusión de si el servicio debe continuar en manos privadas.

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