ECONOMíA › LA RURAL IRA AL PARO. FALLO EL GOBIERNO AL BUSCAR REABRIR EL DIALOGO

Ni el llamado del final lo evitó

Ni un último intento por convocar a una negociación ni la propuesta de consensuar un mecanismo de regulación del precio del trigo sin afectar a los productores alcanzaron para frenar la protesta del campo. Ayer se sumó la Sociedad Rural.

 Por Raúl Dellatorre

La Sociedad Rural adhirió ayer al paro agropecuario que, a partir de mañana, se extenderá durante ocho días, prometiendo paralizar las operaciones en las plazas ganaderas y cerealeras, incluidos los embarques para exportación. Federación Agraria, que también se plegó al paro pese a estar en las antípodas políticas de Sociedad Rural y Confederaciones Rurales –la otra entidad de orden nacional que convocó a la protesta–, respondió ayer por nota al presidente de la Nación que el intento promovido por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el jueves por la noche, para abrir una instancia de negociación, había llegado fuera de tiempo. “A esta altura de los acontecimientos, la medida gremial se torna irreversible”, le respondieron a Néstor Kirchner. El Gobierno continuó analizando ayer la aplicación de medidas compensatorias en el mercado del trigo para evitar que el aumento de los precios internacionales impacten en los costos de los derivados de consumo interno (harina, pan, fideos, alimentos balanceados para cerdos y pollos), pero postergó el anuncio (ver aparte). Este mecanismo de regulación recibe críticas a derecha e izquierda: CRA cuestiona el “excesivo intervencionismo estatal”, mientras que Federación Agraria, por el contrario, reclama la reimplantación de una junta nacional de granos, porque el esquema de compensación propuesto “funciona en base a la generosidad de los exportadores, porque son los que seguirán determinando los precios y, en consecuencia, definiendo quién pagará el aporte al fondo compensador”.

Los intentos del gobierno nacional por contener el alza en los precios de los alimentos básicos vienen chocando con el poder concentrado que controla los distintos mercados afectados. Pero la lucha no es frontal. Es decir, la intención oficial de defender a los consumidores frente a la voracidad de los grandes productores y las principales firmas exportadoras se manifiesta en medidas que no afectan a estos últimos, ya que los costos son trasladados a los eslabones más débiles de la cadena. De allí que la protesta sume a los que se oponen a las medidas oficiales por razones políticas –cuestionando la presencia del Estado en el mercado– y a los que representan a los pequeños productores, directamente afectados por la excesiva concentración de los mercados.

“Las excepcionales rentas agropecuarias que generan las condiciones actuales (fuerte demanda y altos precios de los mercados externos, y un tipo de cambio alto) están siendo capturadas por unos pocos –denunció la Federación Agraria en su carta de ayer–. El modelo (productivo) basado en los commodities (productos primarios) de gran escala y usuarios de un gran paquete tecnológico –caracteriza la nota– está despoblando el interior, concentrando y extranjerizando los recursos naturales y la tierra (...). Las actuales políticas carecen de una visión nacional que permitan identificar quién es quién en el sector agropecuario para diferenciar, por ejemplo, a los pooles de siembra de los genuinos productores”.

En el mismo sentido, Federación Agraria toma distancia de la propuesta de regular el precio del trigo para el mercado interno que estudia el Gobierno. El planteo sería que los exportadores hagan un aporte a un fondo en función de los volúmenes exportados, fondo que luego se utilizaría para compensar a los molinos harineros para que no trasladen el mayor costo del trigo a las panaderías, fideeras o fabricantes de alimentos balanceados. “No podemos permitir que el esquema funcione en base a la generosidad de los exportadores –ironizó Eduardo Buzzi, presidente de dicha entidad, al ser consultado por Página/12–. Ellos no van a resignar ganancias, se la van a sacar a los productores, bajándoles el precio de acuerdo al aporte al fondo que deban hacer”.

En cambio, las otras dos entidades que participarán de la protesta, Sociedad Rural y CRA, cuestionan desde otro enfoque. “Las medidas erráticas a las que asistimos hace ya más de un año destruyen los mercados, las fuentes de trabajo y paralizan las decisiones de inversión”, opinó ayer Luciano Miguens, titular de la primera, al informar sobre la adhesión al paro. “El arbitrario manoseo de los mercados, sumado a la falta de reglas de juego claras y permanentes, genera gran inseguridad jurídica, quitándole previsibilidad para seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país”, afirmó el dirigente, con un conocido libreto neoliberal.

El jueves por la noche, desde la Casa Rosada, Guillermo Moreno hizo un último esfuerzo por impedir la medida de fuerza, cambiando amenazas y prepotencia por una propuesta de abrir una instancia de diálogo, incluso en torno de la figura presidencial. Pero ya era tarde: en vez de explotar las contradicciones entre las posturas de las distintas organizaciones, el manejo del conflicto había hecho “el milagro” de sumarlos. Desde mañana, el campo estará en paro. Desde el lunes, se abre un nuevo capítulo de la pulseada, con contendientes no muy claramente identificados.

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Pese a las diferencias políticas, las entidades del agro terminaron compartiendo la medida.
 
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