Estudiantes, obreros y familiares de las víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá (1989-1991) marcharon ayer por las calles del llamado Barrio Mártir de El Chorrillo, a 20 años de aquel episodio y en protesta por la supuesta instalación de bases militares estadounidenses.

Hace 20 años, 26.000 soldados estadounidenses invadieron Panamá en la denominada Operación Causa Justa para expulsar del gobierno al general Manuel Antonio Noriega, aún preso en Miami, donde cumplió una condena por narcotráfico y lavado de dinero.

El Chorrillo, la zona más castigada por las bombas arrojadas por los aviones estadounidenses durante la invasión, era el barrio popular de Panamá donde se encontraba el cuartel central de Noriega y sus seguidores. La invasión dejó unos 5000 muertos en la resistencia; sus deudos aún tienen esperanza de que Washington pague por los daños humanos y materiales. También esto contempló la protesta pública de ayer.

“No a las bases militares”, exigían las pancartas de los manifestantes de la denominada Marcha Negra de luto, por la intervención norteamericana de hace dos décadas. Sin embargo, el vicepresidente y canciller panameño, Juan Carlos Varela, dijo que se seguirán instalando estaciones aeronavales que “son auténticamente panameñas”.

“El despliegue de 26 mil soldados estadounidenses durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989 sirvió al entonces presidente George Bush (padre) de pretexto para sustituir la guerra contra el comunismo por la guerra contra las drogas en América latina y presentarse como la primera potencia mundial, días después de la caída del Muro de Berlín”, dijo el académico Marco Gandásegui.

Tras la invasión, el general Noriega fue detenido y llevado a Estados Unidos para ser enjuiciado por acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, interpuestas desde 1988. Noriega, hoy de 75 años, fue sentenciado a 40 años de prisión, pero por buena conducta la condena fue reducida a 17 años, que cumplió el 9 de septiembre de 2007.

Su permanencia en prisión se debe a que la defensa legal trata de hacer valer su condición de prisionero de guerra para evitar la extradición a Francia –donde es reclamado por lavado de dinero– y volver a su país a enfrentar otros cargos judiciales. La decisión está actualmente en manos de la Suprema Corte estadounidense.