EL PAíS › GONçALVES GRANADA EXIGE QUE SEAN JUZGADOS LOS FUNCIONARIOS QUE CONSINTIERON LA SUPRESIóN DE SU IDENTIDAD

La pata judicial de la apropiación

El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo, debe resolver si cita a indagatoria a los magistrados y asesores de menores que por acción u omisión participaron en la apropiación de Manuel Gonçalves Granada durante la dictadura.

 Por Diego Martínez

“Muerto el perro se acabo la rabia”, le gritó en 1977 el juez de Menores Juan Carlos Marchetti a una pareja de San Nicolás que insistía en preguntar por el destino de Manuel. El niño de seis meses era el único sobreviviente de una masacre perpetrada por militares y policías en la que murieron su madre y la familia Amestoy, incluidas dos criaturas de tres y cinco años, y el magistrado ya lo había encomendado a personas de su confianza. Manuel Gonçalves Granada se crió con un nombre falso, recuperó su identidad en 1995, logró el procesamiento de varios de los asesinos de sus padres y exige ahora que los funcionarios judiciales que consintieron la supresión de su identidad y nada hicieron por devolverlo a su familia rindan cuentas como imputados. La decisión de citarlos a indagatoria o volver a negarle a la víctima un acto de justicia en nombre del Poder Judicial depende de Carlos Villafuerte Russo, juez federal de San Nicolás.

Mientras el proceso por el plan sistemático de robo de criaturas espera su turno y sólo llegan a juicio apropiadores aislados, los jueces de la dictadura que dieron el visto bueno para que niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres se criaran con identidades falsas, sin buscar a sus familias biológicas, viven impunes y mueren sin dar explicaciones. En la segunda categoría inscribieron su nombre en la historia las juezas Martha Delia Pons, de Lomas de Zamora, quien le dijo a una abuela que “sus hijos eran terroristas” y no pensaba devolverle los nietos porque “no tienen derecho a criarlos”, y Ofelia Hejt, de San Isidro, quien consintió la apropiación de Andrés La Blunda, pese a las evidencias de que había sido entregado por los oficiales del Ejército que secuestraron a sus padres, y que también intervino en las adopciones irregulares de los hijos de Ernestina Herrera de Noble.

“Resultado negativo”

Manuel es hijo de Gastón Gonçalves y Ana María del Carmen Granada. Su padre fue secuestrado en Zárate el 24 de marzo de 1976 y torturado en un camión de la policía de la provincia de Buenos Aires. El cuerpo quemado, envuelto con sábanas, fue abandonado a orillas del río Luján y enterrado como NN en el cementerio de Escobar. El Equipo Argentino de Antropología Forense lo identificó veinte años después. Por el crimen están procesados, entre otros, el general Fernando Verplaetsen, jefe de inteligencia de Campo de Mayo, y el torturador Luis Patti.

Para escapar de los grupos de tareas, su madre huyó a San Nicolás, ocultó su identidad y, en junio, cuando nació Manuel, lo registró con el apellido Valdez. El 19 de noviembre un centenar de militares y policías rodearon la casa donde vivía. Asesinaron a Ana María y a la familia Amestoy y, cuando se animaron a entrar, se encontraron con Manuel, a quien su mamá envolvió en un colchón y escondió en un ropero mientras se resistía a caer en manos del terrorismo de Estado. El operativo pasó a la historia como la Masacre de Juan B. Justo y por el quíntuple homicidio están procesados, en condiciones de ser juzgados, el coronel Fernando Saint Amant, jefe del área militar 132, y quienes condujeron el operativo, el coronel Antonio Federico Bossie y el comisario Jorge Muñoz.

La historia de la apropiación consta en los pedidos de indagatoria de quienes la investigaron: el fiscal federal Juan Patricio Murray y los abogados Ana Oberlin, Nadia Schujman y Lucas Ciarniello Ibáñez, que representan a Manuel, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a Abuelas de Plaza de Mayo. Luego de la masacre, asfixiado por los gases lacrimógenos que costaron la vida de Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, Manuel fue trasladado el Hospital San Felipe por orden del coronel Saint Amant, quien dio intervención al juez Marchetti, del Tribunal de Menores de San Nicolás. Según el director del hospital, Tomás Harnan, el juez dispuso una custodia policial ante “el rumor de que alguien iba a retirar por la fuerza al niño”.

Pese a que la práctica de la época y la obligación legal, que alcanzaba al asesor de Menores Juan Carlos Magni, era publicar edictos para ubicar a la familia, en el caso no se hizo ninguna averiguación. Un oficio policial dirigido al juez sugiere que “las citaciones cursadas a los familiares arrojaron resultado negativo”, pero hasta el supuesto firmante, principal Jorge Russo, puso en duda su autenticidad: dijo que no conoció a Marchetti y que por su lugar en el escalafón de la Policía Federal no pudo haber suscripto el oficio. Cuando familiares de los Amestoy se presentaron a retirar los restos de sus seres queridos, la burocracia judicial dejó pasar una nueva oportunidad de conocer la identidad de Manuel y su mamá, y entregarlo a su familia. Los deudos fueron obligados a desaparecer de San Nicolás en tiempo record y el juez de Menores no libró ningún oficio a la Justicia federal ni a las fuerzas de seguridad para contactarlos.

La alternativa elegida por Marchetti, desmenuzada en el escrito del fiscal Murray, fue recurrir a su propia familia: su primo Eduardo Larrañaga y su esposa, Esther González, se convirtieron en padrinos del niño, que en febrero de 1977, sin informe socioambiental ni opinión previa del asesor de Menores, fue otorgado en guarda provisoria a Luis Novoa y Elena Rodríguez, prima de González, que entran en escena “enterados” de la existencia de un menor a disposición del juez. Cinco meses después, al otorgar la guarda definitiva, Marchetti consignó falsamente que los adoptantes eran cónyuges, y durante los tres años que ocupó el cargo no requirió un solo informe paras saber cómo se desarrollaba la guarda. De los testimonios de los “padrinos”, Murray concluye que el juez “le refirió falsamente” a la mujer que crió a Manuel que había intentado sin éxito ubicar a la familia biológica. La supresión de la identidad se convalidó en febrero de 1983, cuando el juez civil Juan Delfín Castro, de Lomas de Zamora, con el visto bueno del asesor de Menores Francisco García Cortina, hizo lugar a la adopción plena de Manuel bajo el nombre de “Claudio Luis Novoa”.

“Tal concierto de incumplimientos legales no puede considerarse una mera negligencia, sino el resultado de un acuerdo dirigido al ocultamiento de la verdadera identidad del menor Manuel Gonçalves Granada”, concluyó Murray, quien enfatizó que los magistrados que continuaron en funciones (como Castro) o asumieron tras el golpe de Estado (Marchetti, Magni y García Cortina, entre otros) “no fueron ajenos a la ilegalidad imperante” sino que “formaron parte del gobierno de la dictadura”. “Mientras estos jueces reconocían mansamente a las autoridades de facto que pasaban a integrar, otros eran despojados de sus cargos, echados de sus despachos e ignorados los acuerdos que las autoridades constitucionales les habían otorgado”, resumió, y citó los casos en San Nicolás del juez federal Ismael Passaglia (padre), detenido el día del golpe por orden de Saint Amant, y del juez penal Manuel Gil Morales, preso sin causa durante años por orden del gobierno de facto. Tanto los abogados de Manuel como el fiscal Murray le solicitaron al juez federal de San Nicolás, quien lleva ya cuatro años con el expediente inmovilizado, que cite a indagatoria a los ex miembros de la familia judicial. De Villafuerte Russo depende el próximo paso.

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Manuel se crió con un nombre falso y recuperó su identidad en 1995.
Imagen: Sandra Cartasso
 
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