EL MUNDO › PASAN LA REFORMA PREVISIONAL Y PROHíBEN EL VELO ISLáMICO EN FRANCIA

Burka, reforma y escándalo

Jaqueado por el affaire L’Oréal, el gobierno francés tomó la iniciativa política en dos temas controvertidos. Sin embargo, una revelación aportada por la prensa y una decisión de Justicia empañaron la jugada de Sarkozy.

 Por Eduardo Febbro

Desde París

Dos pasos adelante en la política del gobierno y una nueva flecha en el corazón de la estrategia oficial asumida el lunes por el presidente francés para desactivar la bomba del escándalo de la heredera de L’Oréal, cuyo epicentro es el actual ministro de Trabajo, Eric Woerth. El Ejecutivo adoptó en el Consejo de Ministros la reforma del sistema de jubilaciones, el proyecto más tenso del mandato de Sarkozy a cargo del ministro más expuesto por el megaescándalo de L’Oréal. Al mismo tiempo, los diputados convirtieron a Francia en el tercer país europeo –después de Bélgica y España– en adoptar una ley que prohíbe el uso de la burka. Ambas acciones parecían hacer de este martes una jornada con acentos de éxito para el gobierno. Sin embargo, una revelación aportada por la prensa y una decisión de la Justicia vinieron a empañar la sensación de que Nicolas Sarkozy había diluido el impacto del escándalo L’Oréal y a probar que esta madeja turbia no había terminado de soltar sus hilos ante la opinión pública.

Nicolas Sarkozy ratificó el lunes su plena confianza en el ministro de Trabajo y calificó como “calumnias”, “mentiras” y “complot” las acusaciones de que es objeto dentro del caso de Lilian Bettencourt, la heredera de L’Oréal. Entre otros detalles, Eric Woerth fue nombrado por la ex contadora de Liliane Bettencourt como el receptor de 150 mil euros en efectivo destinados a la campaña de Sarkozy en 2007. A su vez, el ministro de Trabajo –que hasta marzo de 2010 fue titular de la cartera de Presupuesto– y su esposa figuran en las grabaciones clandestinas realizadas por el mayordomo de Bettencourt y en las cuales se habla de evasión fiscal. Detalle notorio en esta saga: la esposa del ministro, Florence Woerth, era la gestora de parte de la fortuna de Bettencourt. El domingo, un informe de la Inspección General de Finanzas (IGF) aseguró que Woerth “no intervino” para darle un empujoncito a la señora Bettencourt cuando era titular del Ministerio de Presupuesto. Todo indicaba que entre el informe y la palabra presidencial, el gobierno podría irse de vacaciones con dos éxitos en el bolsillo. Pero no. En primer lugar, el semanario Le Nouvel Observateur publicó un documento exclusivo en donde el gestor de la fortuna de Bettencourt, Patrice de Maistre, le remite una nota personal al marido de Liliane Bettencourt en la cual están detalladas las sumas donadas al partido de Sarkozy, la UMP. El memorándum, que se refiere a cuatro cheques de 7500 euros cada uno, dice: “Con el señor Woerth hemos convenido que usted puede depositar esos cuatro cheques a su nombre en la UMP” (el partido presidencial). Además de ministro, Woerth era –hasta ayer– el tesorero de la UMP.

El segundo tropezón tiene como actor a la Justicia, en cuyo seno estalló una feroz batalla entre una jueza, animada por el ánimo de investigar, y el fiscal de la localidad de Nanterre, Philippe Courroye, acusado por la oposición y el sindicato de la magistratura de actitud parcial en este escándalo. De hecho, el fiscal hizo todo cuanto estuvo a su alcance para impedir que la Justicia investigara las informaciones que saltaron con las grabaciones efectuadas por el mayordomo de los Bettencourt, en las cuales también aparece citado el nombre del fiscal. La magistrada Isabelle Prévost-Desprez quiso realizar un complemento de información a partir de las grabaciones, pero Philippe Courroye se lo impidió, hasta que ayer la Corte de Apelaciones de Versalles rechazó la apelación presentada por el fiscal. Ello abre la puerta a una investigación por una jueza independiente del poder. Isabelle Prévost-Desprez es autora de un libro, Un juez por derribar, cuyo hilo conductor es la enemistad con Philippe Courroye.

El Ejecutivo celebró el martes, antes de las nuevas revelaciones, la puesta en órbita del proyecto de ley sobre la reforma de la jubilación. “Es un gran día. Recordarán este Consejo de Ministros”, afirmó Sarkozy. La reforma prevé aumentar de 60 a 62 años la edad mínima para acceder a la jubilación y de 65 a 67 años la edad para cobrar una jubilación completa. Con ello se pone fin al “símbolo” de la jubilación a los 60 años, un sistema establecido en Francia en 1983 por el presidente socialista François Mitterrand. Los sindicatos y el socialismo francés reivindican ese principio como una “conquista social” intocable. El trastorno del régimen de pensiones fue decidido por el gobierno con el argumento de que era inevitable si se quería salvar un sistema amenazado por el aumento de la esperanza de vida y las consecuencias de la crisis económica. El proyecto de ley será sometido al debate de las cámaras de Diputados y Senadores a partir del 7 de septiembre. El lunes, en su intervención en la televisión, el presidente aseguró que “a fines de octubre ese texto será votado”.

Los dirigentes de los principales sindicatos insisten en que se trata de una reforma “injusta” e “inaceptable”. El presidente “es sordo ante los problemas” de los franceses, dijo François Chérèque, de la CFDT, segundo sindicato francés. Los seis principales sindicatos del país que el 24 de junio sacaron a la calle a dos millones de personas contra esta reforma ya convocaron a una manifestación el 7 de septiembre.

Se prevé que hacia octubre Sarkozy remodele su gobierno, sacudido por la renuncia de dos ministros que habían incurrido en gastos personales abusivos asumidos por el Estado. La incógnita sobre el destino de Eric Woerth volvió a plantearse de lleno a raíz de la publicación de las pruebas que lo vinculan con la familia Bettencourt y la financiación de la campaña electoral de Sarkozy. Woerth anunció el martes que renunciará al cargo de tesorero de la Unión para un Movimiento Popular, UMP, que ocupaba desde hacía ocho años.

La algarabía por el éxito de la intervención personal de Sarkozy para defender a su ministro y barrer con la ola de sospechas duró pocas horas. Los nuevos datos de la saga L’Oréal taparon el efecto de las dos leyes: una en el Consejo de Ministros, o sea las jubilaciones; la otra, de la prohibición de la burka en las administraciones y en la vía pública. Los editorialistas argumentaban el martes que Sarkozy había convencido y recuperado terreno ante el cerco que asfixiaba a su ministro. Pero las revelaciones del semanario Le Nouvel Observateur matizan el alcance de ese éxito. La guerra se ha plantado en el paisaje político con tres actores: la Justicia, el Ejecutivo y los medios. El caso L’Oréal dio lugar a una desenfrenada carrera de adelantos de informaciones que hubiesen debido quedarse en la confidencialidad. Las grabaciones del mayordomo fueron adelantadas por la prensa, las declaraciones de la ex contadora de los Bettencourt también y hasta las audiencias de los protagonistas de esta saga realizadas ante la policía o la Justicia fueron publicadas antes mismo que los interesados hayan tenido una copia.

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El ministro de Trabajo, Eric Woerth (centro), en la asamblea francesa por la reforma previsional.
 
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