EL MUNDO › EN FRANCIA SE APROBO FINALMENTE LA REFORMA DE LA LEY LABORAL

La izquierda no pudo frenarla

Pese a los meses de debate parlamentario, las multitudinarias protestas y las divisiones provocadas en el oficialismo, la Asamblea Nacional aprobó la ley. Da prioridad a los acuerdos por empresa sobre las paritarias.

Hubo protestas y marchas en todo el país a lo largo de varios meses, que sólo lograron cambios menores.

Después de meses de multitudinarias protestas, de divisiones públicas en el oficialismo y de debate parlamentario, la cuestionada reforma laboral impulsada por el presidente francés, François Hollande, fue aprobada ayer de forma definitiva, luego de que la oposición no consiguiera presentar una moción de censura.

“Al no haberse presentado ninguna moción de censura, el proyecto de ley se considera adoptado en lectura definitiva”, anunció ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Claude Bartolone, en una breve intervención en la que también dio por terminada la sesión extraordinaria de la Cámara alta, que no volverá a reunirse en plenario hasta después de las vacaciones de verano, en septiembre próximo.

Desde el principio, el proyecto de reforma fue cuestionado en las calles y provocó una división interna en el oficialismo socialista, al punto que las dos veces que el texto pasó por la Cámara baja, el primer ministro, Manuel Valls, tuvo que recurrir a un artículo de la Constitución Nacional que otorga una media sanción sin someter la iniciativa a una votación.

El artículo, el 49.3, sin embargo, habilita que la oposición presente una moción de censura y haga caer el proyecto de reforma. Pese a repetidas amenazas, la izquierda crítica no logró conseguir los votos necesarios y la derecha, que se encuentra dividida de cara a sus próximas primarias presidenciales, no quiso abrir la puerta a una posible caída del gobierno de Valls y una eventual crisis política nacional. La oposición podía hasta ayer a las 16.30 para presentar una moción de censura, que habría sido la única forma de evitar que el proyecto de ley se concretara y quedara definitivamente adoptado. Valls justificó la utilización por tercera vez del artículo 49.3 bajo el argumento de que la reforma laboral es “una gran reforma de este quinquenio”, y como “no hay mayoría alternativa” es propicia su utilización. “Este es un texto de progreso” que en primer lugar “da confianza a los trabajadores y a los empresarios”, señaló el primer ministro socialista en referencia a uno de los aspectos más criticados de la reforma, ya que les da prioridad a los acuerdos dentro de la empresa sobre a los acuerdos sectoriales.

Sin embargo, tanto la derecha como los socialistas rebeldes y otras fuerzas de izquierda no han mostrado una real voluntad de presentar una moción de censura porque creen que nada va a impedir la aprobación de la controvertida ley.

La reforma, que ahora debe ser promulgada por Hollande, provocó protestas, manifestaciones y huelgas en su contra desde que se conoció su primer esbozo, en febrero pasado, aunque su redacción final quedó sustancialmente modificada tras la concertación con los sindicatos llamados “reformistas” y, en particular, con la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT).

No ocurrió lo mismo con la Confederación General de Trabajadores y la mayoría de los sindicatos franceses, que hasta el día de hoy sostienen que busca flexibilizar aún más el mercado laboral y quitar derechos a los trabajadores. Uno de los puntos del texto que más oposición provocan es el que da primacía a los acuerdos laborales y salariales por empresa en vez de los tradicionales acuerdos por sectores productivos, más conocidos como paritarias.

Al igual que los sindicatos, la mayoría de los franceses está en contra de una iniciativa impulsada por un gobierno cada vez más impopular y que el año próximo deberá renovar su mandato en las urnas, en un escenario muy incierto en el que la extrema derecha de Marine Le Pen no para de crecer en las encuestas.

Un sondeo citado por Prensa Latina revela que el 73 por ciento de los franceses se opone a una nueva utilización por parte del gobierno del polémico artículo de la Constitución, que permite aprobar una ley por decreto sin debate ni votación. La última vez que el Ejecutivo socialista recurrió al 49.3 fue el pasado 10 de mayo, en la primera lectura de este controvertido proyecto de ley que toma el nombre de la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri.

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