EL PAíS › LA DICTADURA QUE QUERIA VIVIR

Curarse en salud

Kirchner comunicó a Alperovich que en el justicialismo no hay lugar para funcionarios de la dictadura. La Legislatura tucumana venía de aprobar el pliego del ministro de la Suprema Corte Francisco Sassi. Razones de salud le impedirán asumir. En cambio, Jaque mantiene en Mendoza al discípulo de Seineldín, Carlos Rico Tejeiro, pese a los mensajes de CFK, Kirchner, Alberto y Aníbal Fernández y Juan Mazzón. Cristina suspendió el envío de 40 millones de pesos a Mendoza para seguridad.

 Por Horacio Verbitsky

El viernes por la tarde la legislatura tucumana dio el acuerdo para la designación como miembro de la Suprema Corte de Justicia provincial del ex Fiscal de Estado de la dictadura Francisco Sassi Colombres. Dos horas después el ex presidente Néstor Kirchner le comunicó al gobernador José Alperovich que el Congreso del Partido Justicialista había reiterado el compromiso con los derechos humanos y negado a sus violadores la posibilidad de integrarlo. Alperovich descubrió que Sassi Colombres tenía problemas de salud que no le permitirían asumir el cargo, lo cual hace aconsejable un análisis a fondo de los candidatos, incluyendo su pasado y su estado psicofísico. En cambio, los gobernadores de Mendoza, Celso Jaque, y de San Luis, Alberto Rodríguez Saa mantienen a cargo de la seguridad en sus provincias al comisario Carlos Rico Tejeiro, entrenado en secuestros y asesinatos por Mohamed Ali Seineldín, y al coronel Guillermo Gustavo López, quien reivindicó en público el Operativo Independencia y está procesado por robo. Rodríguez Sáa está fuera del control político y partidario del gobierno nacional, pero lo contrario ocurre con Jaque, quien tarde o temprano tendrá que seguir el mismo camino que Alperovich, pero luego de un gran desgaste producto de su empecinamiento.

Jaque perpetuo

Jaque resiste la remoción de Rico Tejeiro, pese a los mensajes coincidentes que le transmitieron la presidente CFK, el ex presidente Néstor Kirchner, el jefe de gabinete Alberto Fernández y el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad, Aníbal Fernández, quien le habló luego de leer un lapidario informe de la Secretaría de Derechos Humanos de su cartera, cuya existencia Jaque ha desmentido, pero del que guarda copia el ministro. Su explicación es que gobierna en alianza con el Partido Demócrata, cuyo líder Juan Carlos Aguinaga es el ministro de Seguridad que designó a Rico Tejeiro y a otros policías incriminados por su actividad en la represión. El gobernador cree que la salida de Rico lo mostraría vulnerable frente a la oposición, formada por el radicalismo del vicepresidente Julio Cobos y por el kirchnerismo de la senadora Marita Perceval y del diputado nacional Jorge Alvaro, El Pampa, que compartió la militancia con Kirchner en La Plata. Alvaro fue uno de los treinta y cinco diputados que la semana pasada firmaron una declaración en la que reclaman la renuncia y el enjuiciamiento de “los torturadores y sus profesores” y contrastan el avance de las causas por los crímenes de la última dictadura con estos nombramientos. Otros diputados kirchneristas firmantes fueron Victoria Donda, Remo Carlotto, Héctor Recalde, Edgardo Depetri, Vilma Ibarra, Ariel Basteiro, Turi Perié, Juan Carlos Gullo y Adela Segarra.

Jaque sobrevalora el único apoyo nacional con que cuenta, el del manipulador político Juan Carlos Mazzón, el mismo que sostuvo su candidatura. Eso lo alentó a declarar que “el gobernador soy yo y mi compromiso con la seguridad es innegociable”. Bajo la influencia de Mazzón, Jaque ha favorecido diversos negocios del empresario petrolero José Luis Manzano, quien se ha curado de su cleptomanía regia. Luego de ser electo presidente del justicialismo Kirchner transmitirá en público a Jaque lo que le ha hecho saber en privado y lo mismo que le dijo a Alperovich: en ese partido que se propone renovar y convertir en eje de una convergencia pluralista y comprometida con los derechos humanos no hay lugar para quienes amparan a sus violadores. Por lo pronto, la presidente CFK suspendió el envío de 40 millones de pesos a Mendoza para equipamiento de seguridad y no firmará ninguna partida mientras el comando de Seineldín siga en su cargo.

Voces de ultratumba

La parálisis de Jaque, que no ha podido dedicarse a otra cosa en tres meses, abre espacio para que avancen los procedimientos judiciales. En la Legislatura no se alcanzaron los dos tercios necesarios para remover a Rico, pero la fiscal María Gloria André pidió al juez federal Walter Bento que lo procesara por su participación en crímenes de lesa humanidad y que acumulara el caso a los que ya están en trámite. Bento hizo lugar a la realización de las pruebas solicitadas por la fiscal.

Nuevas incriminaciones en contra de Rico se originan en dos colegas muertos. Uno es el ex Jefe del Departamento D2 de la Policía de Mendoza, Pedro Dante Sánchez Camargo, quien involucró en el secuestro, torturas y de-saparición de personas a la unidad formada por Rico, el Centro de Instrucción Contrasubversivo. El 9 de febrero de 1976 el delegado sindical y militante montonero de la Comisión Nacional de Energía Atómica Miguel Angel Gil fue detenido en su domicilio por dos policías de civil. Sus padres acudieron a la sección de inteligencia, D2, donde le dejaron ropa y supieron que como consecuencia de las torturas tenía una herida muy grave en una pierna y una infección generalizada. Trasladado a la Penitenciaría Provincial, murió el 22 de febrero, de lo que informó la prensa local. Se inició entonces una causa por apremios ilegales. Varios presos políticos que pasaron por el D2 declararon ante el juez Gabriel Guzzo haber sido secuestrados, vendados, torturados a golpes y con picana para que firmaran declaraciones autoincriminatorias. A pedido del fiscal federal Otilio Roque Romano el Juez Guzzo archivó la causa, porque dado el tiempo transcurrido no había forma de comprobar los apremios. Según Sánchez Camargo, en los secuestros de entonces participaron 84 hombres de distintas unidades, entre ellas la de Rico Tejeiro. Identificó a las víctimas de esos operativos con nombres de encubrimiento, entre ellos Nicolás. Ése era el que usaba Jorge Vargas Alvarez, quien vivía con su esposa y un matrimonio: Juan José Galamba y Alicia Morales de Galamba. Los cuatro fueron secuestrados en un mismo operativo en junio de 1976, cuando Rico Tejeiro ya integraba el Centro de Instrucción Contrasubversivo, según la nota que el 26 de julio de 1976 dirigió el jefe de la Policía Federal, general Edmundo René Ojeda, al de Mendoza, vicecomodoro Julio Santuccione. Estos datos coinciden con el testimonio de Alicia Morales ante el Juzgado Federal de Mendoza: en junio de 1976 reconoció a Carlos Rico Tejeiro en los pasillos del D2.

El otro acusador de ultratumba es Jorge Aldo Cornejo, un oficial subinspector mendocino que formó parte del Grupo Especial Mundial 78 de Rico Tejeiro. Murió en mayo de 1978 durante la instrucción. La prensa de la época informó que había sufrido graves heridas durante el entrenamiento, o que se había accidentado y que murió por las “lesiones recibidas”, que ningún diario describió. Sin embargo, el certificado de defunción consigna como causa de la muerte “destrucción de masa encefálica”. Su hijo homónimo, que entonces tenía cuatro años y ahora ha presentado una denuncia judicial, sostiene que la destrucción de masa encefálica fue provocada por un disparo en la cabeza. Por la reconstrucción que hizo entre diversos compañeros de Cornejo, entre ellos varios familiares que también eran policías, Cornejo (h) supo que su padre acababa de pedir su separación del Grupo Especial, en discrepancia por el tipo de operaciones antisubversivas que realizaban. Una hermana del oficial muerto y tía del denunciante fue cesanteada de la policía cuando intentó averiguar más detalles sobre lo sucedido.

Record tras record

En el tiempo record de una semana el gobernador de Tucumán José Alperovich consiguió colocar como juez de la Suprema Corte de Justicia provincial a Francisco Sassi Colombres. Sassi fue Secretario de Gobierno y Fiscal de Estado durante la dictadura, designado por el interventor militar, general Antonio Merlo (aquel que en 1983 intentó disolver una manifestación pistola en mano). Alperovich ya lo había nombrado en el mismo cargo que Merlo, Fiscal de Estado. Envió su pliego a la Legislatura el viernes 7 y obtuvo el acuerdo constitucional el viernes 14, sin ningún escrutinio previo de sus antecedentes. El procedimiento fue fulminante: cuando el gobierno nacional quiso averiguar qué eran esas versiones sobre un funcionario de la dictadura en la Suprema Corte, Sassi ya había sido confirmado por el Senado. Entonces Kirchner habló con el gobernador Alperovich y Sassi batió su propio record. En apenas unas horas descubrió que su estado de salud no le permitiría asumir. Era el segundo funcionario de la dictadura que llegaba a la Suprema Corte. El otro es René Mario Goane, designado por el mismo interventor militar que nombró a Sassi Colombres. Al defender su desempeño de aquellos años, Sassi pretende que fue un interlocutor con los partidos políticos para ayudar en una “transición ordenada a la democracia”. Concluida la dictadura, el gobernador Fernando Riera los cesanteó a ambos, que instalaron un estudio jurídico en la calle Rondeau 284 de San Miguel. Allí, Sassi actuó en varias causas como abogado del ex dictador Domingo Antonio Bussi. Un ex empleado del estudio, entrevistado para esta nota bajo condición de anonimato, contó que había una habitación cerrada, de la que sólo tenía llave Sassi Colombres. En 1984, cuando empezó a actuar la Conadep, Sassi le pidió ayuda para llevar al campo y quemar las cajas que había en esa habitación. “Contenían listas de personas que habían hecho desaparecer”, afirma el ex empleado.

En la comisión parlamentaria de Peticiones y Acuerdos que trató el pliego, el legislador radical José Cano le preguntó qué opinaba sobre la dictadura y los crímenes de lesa humanidad. Sassi Colombres respondió que él era “un hombre de la democracia”, admitió que como abogado nunca denunció violaciones a los derechos pero dijo que no hubo desapariciones durante su gestión en el gobierno militar. Explicó que era una persona dialoguista y que “una vez que esté en la función, todo lo pasado desaparecerá”. En la Nación rige el decreto 222/03, que establece entre los requisitos de idoneidad para ser juez de la Corte Suprema el compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Habría que extenderlo a todo el país y agregarle un examen psicofísico.

Al por mayor

Alberto Rodríguez Saá designó como ministro de Seguridad al coronel Guillermo Gustavo López, quien antes había sido director del Servicio Penitenciario. López se jactó de haber participado en el Operativo Independencia, en Tucumán. Por su actuación penitenciaria está procesado por robo. Un hombre fue sorprendido al robar una moto y antes de entregarse pidió que llamaran a López, quien le había dado un permiso de salida, cuya legalidad analiza ahora la Justicia. El funcionario dice que fue por orden judicial. En San Luis hay otros seis militares que hicieron su carrera durante la dictadura designados por el actual gobierno. Contra ellos no pesan denuncias por actos cometidos en la represión. Pasado mañana el gobierno provincial comenzará la conmemoración del golpe de 1976 con un depósito de libros hasta cubrir las escalinatas de la Legislatura. Al anunciar el acto, el vicegobernador Jorge Luis Pellegrini rindió homenaje a Rodolfo Walsh y al Semanario CGT que dirigió. Pero cuando el periodista de Radio Nacional, Wences Rubio, le preguntó si además de repudiar los crímenes de la dictadura el gobierno había consultado los antecedentes del ministro de Seguridad, Pellegrini se negó a contestar, por respeto “al espíritu de esta convocatoria, sin juzgar esta cuestión, que tanto nos sigue doliendo a los argentinos, como es el 24 de marzo”.

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El ex presidente Néstor Kirchner.
El Gobernador de Mendoza, Celso Jaque.
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