EL PAíS › EL DEBATE SOBRE EL CONFLICTO AGRARIO Y LA POLITICA ECONOMICA

Del monocultivo a las retenciones

Imagen: Bernardino Avila

Opinión
Por Matías Kulfas *

El grito de Figueroa Alcorta

Caída la noche del 25 de marzo, la avenida Figueroa Alcorta comenzó a poblarse de personas y cacerolas. Integrantes de familias acomodadas, vecinos de Recoleta y Barrio Parque salieron a la calle esta vez ya no para reclamar por la porción de sus ahorros amasados durante la convertibilidad que parecían esfumárseles de las manos (cosa que finalmente no ocurrió), sino para protestar en solidaridad con “el campo”. Los reclamos se mezclaban. Algunos protestaban contra la inseguridad. Otros contra los “modales” del hecho maldito del país burgués, tal como John William Cooke gustaba definir al peronismo.

Los más osados tuvieron la ocurrencia de comparar este grito de Figueroa Alcorta con aquella huelga agraria de 1912 que la historia bautizara como “Grito de Alcorta”. Un nuevo desatino. El grito de Alcorta, así conocido por el pronunciamiento realizado por los agricultores en la localidad de Alcorta, en el sur santafesino, fue una protesta de los pequeños agricultores arrendatarios contra las condiciones que les imponían los propietarios de las tierras. Aun en épocas de bonanza y buenas cosechas, estos pequeños agricultores apenas juntaban las monedas necesarias para vivir.

La situación actual es diferente. Un rasgo distintivo que caracteriza al nuevo modelo productivo que se inicia en 2003 es su carácter inclusivo. Las grandes empresas han obtenido fuertes tasas de rentabilidad, pero también las pymes se recuperaron vigorosamente y obtuvieron tasas de ganancia tres veces más elevadas que en los años de mayor crecimiento de los ’90. En el campo se ha vivido una prosperidad que no se veía desde hace mucho tiempo. Una vez más, los grandes productores obtuvieron rentabilidades extraordinarias, pero los pequeños y medianos fueron y son partícipes de esa prosperidad. Seguramente habrá situaciones que atender y analizar, fundamentalmente entre los pequeños productores de la periferia de la Pampa Húmeda, pero si no se parte de esta realidad el reclamo pierde legitimidad y sólo contribuye a afianzar la posición de privilegio de algunos dirigentes agrarios que piensan en un país para pocos como mero anexo del mercado mundial de alimentos.

Muchos de estos dirigentes piensan que las épocas de bonanza se basan en sus propios méritos empresarios, mientras que las fases de crisis son culpa del gobierno de turno. Pero vale la pena recordar que la actual estructura de rentabilidades no es un hecho natural o divino. Es el resultado de la implementación de una política macroeconómica que garantiza un tipo de cambio competitivo que estimula el desarrollo de los sectores productivos en su conjunto.

El sector agropecuario obtiene una elevada rentabilidad que resulta de un tipo de cambio efectivo (tipo de cambio nominal menos retenciones) más elevado que en situación “de equilibrio”, a la vez que el sector industrial tiene incentivos para exportar, sustituir importaciones y una protección ante la competencia externa. Hace pocos años en la Argentina cerraban 15 mil empresas por año y muchísimos pequeños productores agrarios estaban quebrados. Hoy el agro, la industria y los servicios crecen vigorosamente.

Las retenciones distan de ser una mera herramienta recaudatoria para jugar un papel central en la política económica. En primer lugar, porque garantizan el crecimiento de la producción en su conjunto sin que la expansión agropecuaria se traslade automáticamente al precio de los alimentos que se consumen en el mercado interno. En segundo lugar, porque no atentan contra la rentabilidad del agro. Los márgenes brutos por hectárea son en la actualidad, y aun con el nuevo esquema de retenciones, un 300 por ciento más altos que durante la convertibilidad, como lo han demostrado los cálculos de Nicolás Arceo y Javier Rodríguez. En tercer lugar, y tal vez el más importante, porque de lo que se trata es de articular una estrategia que permita asociar al campo y la industria en una estrategia de desarrollo. Y, fundamentalmente, que el desarrollo de uno estimule al del otro y viceversa (el ejemplo más claro es la maquinaria agrícola, pero también la biotecnología, el software, entre muchas otras). Finalmente, cabe señalar que es incorrecto señalar que las retenciones son distorsivas porque son un impuesto a las ganancias generadas por la política de sostenimiento del tipo de cambio. Desde el punto de vista del sector agrario, el tipo de cambio nominal sin la mencionada política resultaría más bajo que el tipo de cambio efectivo que vienen percibiendo estos años.

Se trata, en definitiva, de construir sociedad incluyente, donde el campo pueda crecer y dar cuantiosas ganancias como en estos últimos años pero en armonía con el proceso de reindustrialización, la recuperación del empleo y el salario y la inclusión social.

* Economista, director del Banco Nación.

Opinión
Por Pino Solanas *

La hija de la pavota

El conflicto desatado con las retenciones a la renta agraria está dejando de lado uno de los principales protagonistas de la crisis: el sector exportador y las multinacionales del cereal. Los Cargill, Dreyfus, Bunge y Born, A.D.I.T y otros, son los que mandan, fijan el precio y se apropian innecesariamente de una millonaria renta que ha llegado hasta un tercio del total. La Argentina es la hija de la pavota: de los cinco grandes países exportadores de granos, EE.UU. y la CEE subsidian la exportación cerealera e intervienen directamente en apoyo de sus productores; los otros dos países –Australia y Canadá– mantienen el monopolio estatal sobre el comercio agrícola.

La crisis actual debe servir para replantear el conjunto del problema. ¿Cuál es la razón para ceder la renta y una política soberana e integral de sostén agrícola? No sólo para los productores de soja: ¿cómo puede aceptarse que el productor de manzana o yerba mate reciba sólo el 10 por ciento del precio de venta? El desastre económico y social que significó la desaparición del 40 por ciento de los productores rurales que teníamos dos décadas atrás no puede aceptarse como irreversible. El otro tema grave que no puede soslayarse y aunque se pretende olvidar parece ser el más temido, es la reforma agraria. De 430 mil productores agropecuarios pasamos a 300 mil. Esas propiedades quedaron en manos de los bancos, grupos concentrados y sociedades anónimas. Hoy la mitad de la tierra pertenece a menos de siete mil propietarios y 40 millones de hectáreas pasaron a ser propiedad de extranjeros, incluso en áreas de frontera.

La expansión de la producción sojera está arrasando el bosque nativo y las tierras de los pueblos originarios contrariando la Constitución Nacional. La soja forrajera alcanza la mitad de la producción de cereales y el área sembrada llega hoy a los 35 millones de hectáreas, casi el 10 por ciento de la superficie total del país. Con certeza, el ingeniero Alberto Lapolla dice: “La sojización desenfrenada de la nación, lejos de ser un hecho saludable, constituye un verdadero problema en expansión para la economía nacional y la protección de nuestro ecosistema agrícola, así como también para la vida misma de nuestros habitantes... Mientras los EE.UU. están tomando medidas para reducir la superficie sembrada con soja transgénica, pagando sobreprecios y más subsidios por la soja común, la Argentina sigue expandiendo la frontera sojera sin límite ni precaución alguna”.

Por la peligrosa tendencia al monocultivo sojero, nos estamos transformando de productores de alimentos en proveedores de forrajes para el mercado mundial.

Ningún modelo que se asienta en el monocultivo es sustentable: degrada el suelo y el sistema productivo. Desde Menem, hemos abandonando nuestra soberanía alimentaria, junto con la pérdida de los recursos minerales e hidrocarburíferos. El gobierno de los Kirchner ha profundizado este modelo agro-minero exportador: entregó el dominio total de los yacimientos a las provincias y éstas se lanzaron a prolongar –diez años antes de lo que marca la ley– las concesiones de Menem hasta el 2047. Santa Cruz ratificó hace dos semanas la prórroga del principal yacimiento de petróleo del país, Cerro Dragón, por 40 años, es decir, hasta su extinción definitiva. ¿Cuándo será el día en que la ciudadanía ocupe las plazas, bloquee las rutas y los puertos para impedir que se lleven nuestro petróleo y minería? Los hermanos bolivianos dieron el ejemplo en octubre del 2003 rebelándose contra el envío de gas a EE.UU.

La política de retenciones es justa y la han utilizado todas las naciones para desarrollarse. Pero debe distinguirse a los pequeños e indefensos productores, de los grandes y la Sociedad Rural. No se puede meter a todos en la misma bolsa ni ocuparse sólo de las explotaciones de la Pampa Húmeda, mientras se abandona al conjunto de los demás cultivos agrícolas y frutícolas del país. El conflicto agrario no se soluciona con posiciones de fuerza o soberbia gubernamental, ni mezclando la protesta de los pequeños chacareros con los poderosos que terminan exigiendo la anulación total de las retenciones. Los enemigos de la renta agraria siguen siendo las multinacionales del cereal. Sólo con la puesta en marcha de una Junta Nacional de Granos y Carnes y un Plan Nacional de De- sarrollo Agropecuario podremos recuperar el conjunto de la renta y dar protección y estímulo a la diversificación de producción agrícola. Recién entonces dejaremos de ser los hijos de la pavota.

* Cineasta, referente de Proyecto Sur.

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