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Reintentos

El Consejo Económico Social, de nuevo en la palestra. Cuáles serían sus funciones, sus integrantes, sus límites. El poder de veto del “campo”, en discusión. Gestos atinados de la Mesa de Enlace y del Gobierno. Los motivos, las perspectivas. Tartagal, la presencia presidencial, la pobreza, las deudas.

 Por Mario Wainfeld

El Consejo Económico Social y las negociaciones cara a cara con el campo fueron dos hipótesis de trabajo en 2008, malamente manejadas y traspapeladas sin ningún mérito ni rédito. Resucitan en estos días, a título de posibilidad. “Nos vendría bien –explica un ministro abocado a los respectivos tejes y manejes– para demostrar que no nos mandamos solos ni estamos en situación de encierro.” No es sólo cuestión de imagen, también es un aporte a la distensión, funcional en un contexto mundial recesivo y atemorizante. Articular con los sectores productivos es una dinámica provechosa, entre otras cosas porque contiene a las partes y a los que miran de afuera. Agregar conflicto a un cataclismo capitalista global genera conductas sociales que el oficialismo desea disuadir: retracción, pasividad, temor a invertir o a gastar, falta de confianza.

La crisis de 2001 acicateó las propuestas para articular un Consejo Económico Social (CES) o una institución similar. Roberto Lavagna (desde que era ministro de Eduardo Duhalde) y Néstor Kirchner rehusaban el envite: creían que esos cónclaves eran una caja de Pandora, una hoguera de vanidades y un mecanismo para duplicar demandas sectoriales.

En su campaña, como parte del aroma a nuevo que pretendía aportar, Cristina Fernández prometió un Acuerdo Social. Fue, acaso, la única promesa precisa de su programa. A poco de ser electa, aún antes de asumir, comenzó a quitarle sustancia a la idea, recelosa de que los dirigentes gremiales o patronales concurrieran sin ánimo constructivo a ganar posiciones internas o a suplir otros mecanismos, como las paritarias. La definición por la negativa le restó certeza y encanto al proyecto. Pero el golpe de gracia se lo dio el conflicto por las retenciones móviles. Primero, porque concentró todas las energías del Gobierno y porque la radicalidad de ambas partes generó un clima irrespirable, exótico para ensayar una innovación participativa. Por añadidura, las entidades agropecuarias quedaban afuera de cualquier esbozo, hiriendo la representatividad de cualquier pacto o cónclave.

El CES se reflota en un contexto económico internacional diferente, al que se agrega una emergencia agropecuaria local, producto de la sequía. Las mutaciones dan plafond al intento, una necesidad para el Gobierno y para la sociedad. El cuadro general “pide” activismo estatal, intervencionismo económico, frenos a la codicia del sector financiero. Es necesario un liderazgo político, he ahí la oportunidad de la Presidenta que perdió poder, imagen positiva e intención de voto en el breve lapso de su primer año. Pero ese liderazgo no podría ser idéntico al que logró Néstor Kirchner: en la contingencia prima más la necesidad de la escucha, de la propuesta a mediano plazo, la de marcar rumbos. La centralidad del poder político no está en cuestión, al contrario. El modo de ejercerlo es el enigma a descifrar.

La gira presidencial a España fue un pretexto (en buena medida una causalidad) para darle estado público a una idea que venía dando vueltas. La presencia de Hugo Moyano y Juan Carlos Lascurain en la comitiva dio pie a que (bien a último momento) se diera fasto a encuentros ya previstos en el CES español. Los dirigentes industriales y sindicales conocen ese organismo, lo han visitado varias veces. En este caso, entre ellos y funcionarios del Gobierno también baqueanos en esa huella, se acordaron con los anfitriones se elevara el tono y la liturgia de los encuentros. Reuniones más pimpantes, comidas bien regadas y mejor fotografiadas. El CES español tiene dilatada trayectoria y producción escrita acorde. Moyano, Lascurain y sus cofrades recibieron nutrida bibliografía, en bolsitas muy majas, el material se divulgó generosamente. “Parecen libros de Larousse”, comenta uno de los circunstantes, de cierta edad, queriendo aludir a volúmenes frondosos y editados con primor. La literatura no era lo esencial, sí el barniz de relieve que da el padrinazgo de una experiencia perdurable y exitosa.

La liturgia se utilizó para instalar la movida, que deberá avanzar en la Argentina. El Gobierno tiene un paper escrito, que marca sus lineamientos. El objetivo no es un Acuerdo Social, un pacto de mayor o menor amplitud (por definición concreto y acotado) sino el nacimiento de una institución democrática, de funcionamiento regular. Su función central será consultiva e informativa. “Sería un error que el Consejo se inmiscuyera en atribuciones del Parlamento”, explica un funcionario empapado en la materia. Y matiza: “Pero sería un gran aporte que se incorporara, como rutina institucional, que las leyes sobre cuestiones económico-sociales requirieran un dictamen previo, no vinculante del Consejo”. El organismo se implementaría por decreto para agilizar su puesta en marcha.

Los integrantes, de cajón, del CES deben ser los del Consejo del Empleo y del Salario: gremiales de grandes y pequeñas empresas, la CGT y la CTA. La cúpula de la UIA insistió al Gobierno para que convocara a las cuatro entidades del sector agropecuario. Pero ya le reconoce poder de veto: admitió que, si éstas rehúsan el convite, el proyecto debería avanzar.

La representación de otras organizaciones de la sociedad civil tales como organizaciones de consumidores o académicas forma parte de lo irresuelto. Por un lado, comentan en la Rosada y zonas aledañas, “vestiría” al organismo pero, en contrapeso, es difícil calibrar representatividades en universos muy diseminados. Y quien mucho abarca poco aprieta: la proliferación de integrantes podría entorpecer el funcionamiento o transformarlo en un sucedáneo de una reunión de Consorcio.

Si el proyecto colara, si se instaurara con permanencia una instancia de diálogo social, con facultades básicamente consultivas, sería un paso tangible e innovador en la construcción de la anhelada calidad institucional. Y un buen rebusque para discurrir sobre una coyuntura exigente y cambiante. Sería un salto de calidad que, tras un tiempo de gimnasia, el CES (amén de su funcionamiento cotidiano) fuera promotor de Pactos relevantes cada dos o tres años, que así se hace en España.

La soja menos tirante

Por una vez, las dos partes bajaron el tono y el volumen. La Mesa de Enlace frenó un paro que ya estaba premoldeado, listo para hornear. El oficialismo alabó la decisión, con palabras prudentes. Todos tienen motivos para limitar la crispación.

Los ruralistas no pueden, así como así, valerse de la acción directa a todo trapo. Un año atrás, la gran prensa incentivaba y subsidiaba esas acciones sin reparar en su lesividad. Los gobernadores e intendentes, al comienzo de sus mandatos, elegían despegarse del gobierno nacional, obstinado en el topetazo frontal. Los referentes ruralistas exudaban novedad y eran mostrados como modelos de vida y altruismo, sin mayor rigor pero con alto rating.

Las coordenadas actuales son diferentes. Los gobernadores advierten que el gobierno nacional es parte de la solución y no sólo del problema. Y registran que hay acciones nacionales para paliar las secuelas de la sequía. Además, temen a los cortes salvajes aunque no apunten a ellos. La ingobernabilidad es mala credencial en años electorales.

La hiperpresencia mediática de los líderes campestres, como suele pasar, ajó algo su atractivo. Sus devaneos acerca de ser o no ser candidatos los interna en un terreno desprestigiado. A medida que se acerca la fecha del comicio que podría cambiar la composición del Parlamento, suenan más descolgadas medidas de fuerza para arrancarle leyes al actual. En un trance de malaria expandida (inimaginado hace un año), las encuestas muestran recelos masivos ante la desmesura de acciones y reclamos.

Por su parte, la Casa Rosada padeció las consecuencias de su táctica a todo o nada y de su vocación por decidir unilateralmente las políticas.

El nuevo horizonte, la cruel sequía, la baja de los precios también podrían adoctrinar a las partes. Desde luego, en Argentina el pesimismo es apenas una derivación refinada del costumbrismo. Por añadidura sería pavote embelesarse con el mito del diálogo, que todo lo zanja y todo lo puede. De negociaciones se habla, de conflicto pues. La democracia no los resuelve por encanto ni por vía de la tertulia. En algún punto se llega al choque de fuerzas o se recurre al número. Pero las instancias de intercambio y articulación permanente tienen sobradas potencialidades (subexploradas en estas pampas) para acercar y moderar a las contrapartes.

Un respiro hubo. Por unos días, en algunas palabras primó el tino, es un alivio. Hay muchos rencores en juego y es claro que si los ruralistas insisten en su teoría de la contradicción principal (supresión de las retenciones soja y girasol) conseguirán pudrir todo. Puede que reciban consejos sistémicos de algunos de sus aliados incondicionales de ayer (que siguen siéndolo con mayor moderación), los grandes medios y los mandatarios provinciales y comunales. Los demás líderes opositores van a su zaga y no les valen como consejeros.

De Madrid a Tartagal

La Presidenta viajó, sin transición, de los fastos de Madrid al barro de Tartagal. Hizo bien. Es un acierto (y un deber) que los gobernantes pongan el cuerpo en esas circunstancias de desamparo y privación. Ninguna delegación vale en tamañas circunstancias, hay que estar. Las personas comunes, que resienten la distancia que las aleja de los lugares de poder, se confortan y lo agradecen. Por cierto, ese momento (irreemplazable) es transitorio. Luego llega el de la acción estatal. Entonces, no basta que (como anunció Cristina Kirchner) se asignen partidas fastuosas. Las cifras no quieren decir nada, los ciudadanos quieren ver hechos que plasmen el compromiso encarnado por la Presidenta. La gestión eficiente y tempestiva no es la media del Estado argentino, ojalá en este caso opere la excepción.

Cristina Kirchner centró el problema de Tartagal en la pobreza, minimizando otras facetas. Sin embargo, al día siguiente se difundió la reglamentación de la ley de bosques, largamente demorada, que parece enfocar a otra arista de la catástrofe. Igualmente, en algo tiene razón la mandataria, es enorme la deuda social argentina. El kirchnerismo no es ajeno a esa deuda, gobierna el país hace más de cinco años. La crisis económico-financiera mundial facilita o hasta impone buscar nuevos caminos e instituciones, de alguna de ellas se habló en esta nota. Pero, como ocurre en otras instituciones, los más humildes, los trabajadores informales, los desocupados no estarán representados en un virtual Consejo Económico Social. Y tienen poco que esperar del fluir del modelo que no les bastó en sus mejores años. Posiblemente sea la hora de hacer de la crisis oportunidad, de la necesidad virtud y de pegar un salto de calidad en políticas sociales universales, una herramienta sugestiva para incidir en la redistribución del ingreso.

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