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La Corte Interamericana de Derechos Humanos valoró positivamente la reforma de los tipos penales de calumnias e injurias adoptada por el gobierno argentino a través de la ley 26.551, que despenalizó las manifestaciones relacionadas con cuestiones de interés público. La Corte estimó que el Estado “ha dado cumplimiento total a su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana, corrigiendo las imprecisiones normativas vinculadas con la materia y, consecuentemente, “satisfaciendo los requerimientos de seguridad jurídica y garantizando un “adecuado ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. La resolución de la Corte se dictó en el contexto de supervisión de cumplimiento de la sentencia recaída en el caso “Kimel vs. Argentina”.

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