En el 65° aniversario de Clarín, la directora del diario se presentó junto con sus dos hijos adoptivos, en tácita desmentida a las afirmaciones de que madre e hija habían dejado el país. Ernestina Herrera de Noble dijo entonces que los “brutales ataques del gobierno” no los alejarían del compromiso con la sociedad, “no conseguirán que dejemos de hacer periodismo”. Esa es una inteligente declaración de propósitos, pero no se refleja en los distintos medios del grupo y de sus asociados, que han hecho de cada título, copete y epígrafe un editorial beligerante y descalificatorio. Ninguno dio cabida a las manifestaciones de Robert Cox en la Universidad Nacional de La Plata, donde dijo que “nunca existió tanta libertad de prensa como ahora” ni se debatieron todos los temas con tanta libertad en la Argentina. Según el ex director del Buenos Aires Herald y ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, la dictadura regaló Papel Prensa a La Nación y Clarín para conseguir su apoyo. Cox también encomió la pluralidad de voces que permitirá la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y la necesidad de la regulación estatal del papel para diarios. Un silencio soviético fue la respuesta que recibió de los accionistas de Papel Prensa, los mismos que días antes habían encomiado su actuación como periodista independiente en los años de la guerra sucia.

Hiperrealismo

Esta politización extrema cuestiona la razón de ser de esos medios y facilita la táctica escogida por el kirchnerismo para poner en evidencia al Grupo Clarín como conducción y eje articulador de todo lo que se le opone. Las desinhibidas actuaciones públicas de Héctor Magnetto, con la Corte Suprema de Justicia, a la que le pidió que pusiera “límites al chavismo”, sólo para escuchar que los jueces no gobiernan y que mejor harían en formar un partido político para defender sus propuestas; con las cámaras patronales que integra y con los políticos que patrocina; la designación del ex vocero presidencial de Raúl Alfonsín y biógrafo de Magnetto, José Ignacio López, como portavoz de La Nación, cosa que nunca había ocurrido en un diario argentino ni es usual en el resto del mundo; la regimentación estricta de cada cosa que se publica u omite, revelan las características inéditas de este momento. Lo más sorprendente es la subordinación de los partidos del Grupo Ahhh... a la lógica de una confrontación que los desdibuja. Los carteles de evidente inspiración oficial que llaman empleados del mes de Clarín a los principales dirigentes del panradicalismo y el peornismo opositor son la interesada distorsión hiperrealista de un fenómeno inocultable y de consecuencias graves para el desequilibrado sistema institucional. Cuando Elisa Carrió dice que Clarín es la última muralla que protege la libertad de los argentinos, que habría que levantarle un monumento a Magnetto y que en cualquier país civilizado CFK sería destituida de inmediato por su denuncia sobre la venta de Papel Prensa, o cuando Pino Solanas se propone como intelectual orgánico de la clase media twittera (“Yo tengo Fibertel. Si me lo sacan me vuelvo loco”) definen acaso sin saberlo la encrucijada de los políticos de la oposición, cuya agenda se disputan el gobierno y el Grupo Clarín. Solanas tuvo un duro choque con Claudio Lozano, quien le recriminó su deriva cada vez más hacia la derecha del espectro de centroizquierda, algo que puede ser letal a dos semanas y media de las elecciones internas de la CTA.

El debate constitucional

Los dos asuntos principales que en estos días han ocupado a la oposición han sido el proyecto de ley que declara de interés público la producción, distribución y comercialización de pasta celulosa y papel para diarios, que intenta cajonear, la revocación de la licencia de Fibertel y la reglamentación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, dos medidas que en un nuevo arrebato de parlamentarismo el Grupo Ahhh... se propone anular desde el Congreso. Los constitucionalistas Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica Libertadora, Ricardo Gil Lavedra, de la UCR, Gustavo Ferrari y Graciela Camaño, del Peornismo opositor, sostuvieron que el proyecto del Poder Ejecutivo era inconstitucional, porque el artículo 32 dispone que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. Invocaron además la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que veda restringir el derecho de expresión por vías indirectas, como el abuso de controles sobre el papel para diarios. Es difícil compaginar estas objeciones con el proyecto oficial, cuyo objetivo declarado es asegurar un acceso al insumo crítico en condiciones igualitarias de precio, con control del Congreso, donde el gobierno está en minoría, y con asesoramiento de los diarios interesados. La Convención Americana no sólo fustiga el abuso de controles estatales sobre el papel para periódicos, sino también por parte de particulares, es decir la situación que el Estado denuncia ahora. Además, el principio 12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión sostiene que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.

Libertad para todos

El artículo 32 de la Constitución se inspiró en la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, según la cual el Congreso no dictará ninguna ley “que restrinja la libertad de expresión o de prensa”. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia estadounidense aclaró que la prensa no está exenta de las leyes contra los monopolios. En 1945, la agencia de noticias Associated Press, formada por más de mil diarios que se concedían derecho recíproco a usar el material de cada asociado, le negó el servicio a un diario no miembro. La Corte Suprema entendió que la privación de ese “recurso esencial” violaba la Ley Sherman contra los monopolios y restringía la competencia. La doctrina del recurso esencial la había fijado la propia Corte en 1912 al resolver que un grupo de líneas ferroviarias que administraba el único puente y playa de maniobras en Louisiana debía darle acceso a un competidor independiente. El voto de la Corte contra Associated Press dice que los editores de noticias buscan ganancias, tal como los que venden alimentos o acero y que a todos los alcanza la ley Sherman. El manejar noticias “no le concede un santuario constitucional en el que pueda violar en forma impune las leyes que regulan las prácticas comerciales”. La Primera Enmienda provee poderosas razones para aplicar la Ley Sherman, ya que descansa sobre la premisa de que “la más amplia circulación posible de información, de fuentes distintas y opuestas es esencial para el bienestar del público”. El mandato de que el gobierno no obstaculice el libre flujo de ideas “no protege a las organizaciones extragubernamentales si ellas restringen esa libertad garantizada por la Constitución. La libertad de publicar significa libertad para todos y no para algunos. La libertad de publicar está garantizada por la Constitución pero la de combinarse para impedir que otros lo hagan no lo está. La libertad de prensa de la interferencia gubernamental no convalida la represión de esa libertad por intereses privados”, afirmó la Corte estadounidense en ese voto redactado por el juez Hugo Black. En un fallo de 1992, Eastman Kodak Co. v. Image Technical Servs., Inc la Corte agregó que no es lícito que un vendedor “explote su posición dominante en un mercado para expandir su imperio al siguiente”.

El regalo de Nixon

En la década de 1960 diarios locales de una veintena de ciudades de ese país establecieron administraciones conjuntas, de modo de compartir costos, acordar precios de venta y dividirse las ganancias. Un tribunal falló que esto violaba las leyes antimonopolio. Los diarios presionaron al gobierno para que los exceptuara de cumplir con las leyes antitrust. El presidente demócrata Lyndon Johnson y su sucesor republicano, Richard Nixon, se negaron. En 1969 la Corte Suprema, confirmó el fallo apelado. Richard Berlin, presidente de la empresa Hearst de Nueva York, propietaria de nueve diarios, diez radios, veintiséis revistas y una editorial, le solicitó a Nixon que aprobara una ley denominada de Preservación de los Diarios. Le escribió en su nombre y en el de otros colegas afectados por el fallo de la Corte: Scripps-Howard, que poseía dieciséis diarios; Cox, que además de una cadena de diarios operaba una distribuidora de cine y una editorial de libros; la agencia de noticias United Press International y United Features, que sindicaba y distribuía notas de color y comentarios políticos. La carta decía que los firmantes eran “amigos de su gobierno” y que el tema que le planteaba era de “interés común a usted y a mí”. El ex decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Berkeley y ganador del premio Pulitzer, Ben Bagdikian contó en su libro clásico The media monopoly que el mensaje de Berlín no fue sutil: si no escuchaba la solicitud, los medios se lo recordarían cuando Nixon buscara su reelección en 197, decía. Un gobernante “corrupto y hostil a la prensa independiente” sabía que esas siete cadenas poseían 74 diarios con 80 millones de lectores en 26 estados, entre ellos los más importantes, sin cuyos votos ningún candidato puede imponerse en el Colegio Electoral. Cuando ya se habían publicado los primeros informes sobre Watergate, Nixon cedió y apoyó la Ley de Preservación de los Diarios. El Congreso la sancionó en julio de 1970 y dispuso exceptuar a los medios de la prohibición de acuerdos de operación conjunta. La definición de esos acuerdos se refiere al establecimiento u operación conjunta de instalaciones, de acciones unificadas de impresión, horarios, métodos, campo de publicación, distribución, publicidad, política comercial, circulación o ingresos. No menciona en forma específica la producción conjunta de papel, porque Estados Unidos era el mayor productor mundial y sobraba papel, de modo que a nadie se le hubiera ocurrido invertir en una nueva planta, a diferencia de la Argentina, donde era un insumo crítico y hasta la fecha no se ha logrado el autoabastecimiento, si bien no hay aranceles para la importación.

Sólo con permiso

La Asociación de Editores de Diarios (la Adepa estadounidense) recomendó no publicar críticas al presidente en campaña. Todas las cadenas dispusieron que cada uno de sus diarios se pronunciaran a favor de Dirty Dick, lo que provocó la renuncia de uno de sus directores. Nixon fue el candidato con mayor respaldo periodístico de la historia y el que obtuvo la máxima ventaja sobre un competidor en una elección presidencial. Aún así, la ley no exceptuó por completo a los diarios de la legislación antimonopólica. Convalidó los acuerdos de operación conjunta vigentes al momento de su promulgación pero puso algunas condiciones para cualquier trato similar en el futuro: los diarios deben estar en peligro de quiebra; antes de celebrar el acuerdo de operación conjunta con un competidor necesitan la autorización del ministro de Justicia, quien para concederla debe verificar que el acuerdo salvará a ese diario de la desaparición, y la combinación resultante no queda exenta de la prohibición general de realizar prácticas predatorias. Esto sigue en vigencia hasta el presente. En la audiencia de confirmación de la jueza Elena Kagan, propuesta por el presidente Barack Obama para la Corte Suprema, debió responder sobre la situación de los medios y la fusión entre Comcast y NBC Universal. “La Primera Enmienda no protege contra las leyes antimonopolio”, que “se aplican a todas las compañías”, respondió. En mayo de este año, Elena Kagan fue confirmada por 63 votos a 37.

El laboratorio argentino

Luego de narrar el proceso que llevó a la sanción de la ley de 1970, que salvó a catorce diarios no de la extinción sino apenas de la competencia, Bagdikian se pregunta qué ocurriría “si las corporaciones mediáticas dominantes sintieran su poder básico amenazado”. Podría encontrar la respuesta en el laboratorio argentino.