EL PAIS › INSISTEN CON EL 82 POR CIENTO

Agenda opositora

 Por Sebastian Abrevaya

Después de un 2010 con pocos éxitos legislativos, la oposición en el Senado arrancó temprano a trabajar para organizar la actividad parlamentaria de un año que estará signado por las elecciones presidenciales. En las oficinas del senador socialista Rubén Giustiniani, representantes del desaparecido Grupo A se juntaron con el objetivo de apurar el armado de su agenda y así evitar el empantanamiento por el proceso electoral. Las prioridades serán la aprobación de una consulta popular sobre el 82 por ciento móvil para los jubilados, la reforma del Indec, modificaciones a la repartición de fondos coparticipables y unas jornadas sobre la responsabilidad penal juvenil a realizarse en febrero, antes del inicio del período de sesiones ordinarias. Desde el oficialismo, el titular de la bancada, Miguel Pichetto, salió duramente al cruce. “La agenda opositora de la destrucción ya ha fracasado el año pasado”, le dijo Pichetto a Página/12

Arrancó febrero y los pasillos del Senado comenzaron lentamente a poblarse con la llegada de los primeros legisladores. El titular de la bancada radical, Gerardo Morales, la cobista Laura Montero, el socialista Rubén Giustiniani, la peronista disidente Liliana Negre de Alonso, la juecista Norma Morandini y María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, se reunieron ayer por la tarde y acordaron avanzar con una serie de temas luego de la asamblea legislativa del 10 de marzo.

El primero será la consulta popular, que deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso. El objetivo es relanzar el 82 por ciento móvil para los jubilados, en este caso sólo para las jubilaciones mínimas. El objetivo de la consulta es retomar el proyecto aprobado el año pasado –gracias al segundo desempate del vicepresidente Julio Cobos– que luego fue vetado por la presidenta, Cristina Fernández. Según explicó ayer Giustiniani, uno de los impulsores de la iniciativa, la votación se concretaría a los 30 días de su aprobación en el Congreso, para lo cual necesitarán obtener mayoría tanto en Diputados como en Senadores. En caso de realizarse la consulta, si ésta logra un piso mínimo de votantes del 30 por ciento del padrón, quedaría sancionada sin la posibilidad de que sea vetada nuevamente por la Presidenta. Para ello anunciaron la realización de “una gran campaña nacional”, que consistirá en la junta de firmas.

Los opositores quedaron en volverse a reunir el próximo miércoles para continuar trabajando. Quedó pendiente definir si el tratamiento arrancará por la Cámara baja, donde tienen un poco más de holgura, o si será por la Cámara alta, hasta ahora más problemática.

“Aquí en el Senado no ha pasado ningún proyecto de ley, no han logrado construir una mayoría el año pasado. Volver con esos planteos significa que van a tratar nuevamente de utilizar la demagogia, la búsqueda del impacto político fácil para tratar de medrar en el proceso electoral”, retrucó Piche-tto en diálogo con este diario.

El segundo punto en la agenda anti K es la reforma del instituto de estadísticas nacional, que había sido aprobada en el Senado, y revisada luego en Diputados, donde se le incorporaron modificaciones solicitadas por Proyecto Sur, aconsejado por delegados de ATE en el Indec. El titular de la bancada radical adelantó que tomarán como base el texto original, un poco más permisivo que la corrección. Entre otras cuestiones, plantea la reincorporación de los trabajadores despedidos en 2006.

“Como es un año electoral, es una posibilidad para ocuparse de los temas que le preocupan a la gente”, sostuvo ayer Morandini. “Van más allá de las diferencias porque son de interés público”, agregó Negre de Alonso.

El tercer tema es un proyecto impulsado por el pampeano Carlos Verna, que establece modificaciones a la Ley de Coparticipación Federal. Los senadores opositores sostienen que el Ejecutivo no cumple con la distribución del mínimo del 34 por ciento de la masa coparticipable a las provincias. Por eso intentarán aprobar la iniciativa que ya tiene dictamen de comisión, que establece una nueva redacción del artículo 7 y fija un piso del 35,26 por ciento. “La situación de las provincias es preocupante”, remató Montero, ex ministra de Economía de Cobos en Mendoza.

Por último, el conglomerado opositor apuntará a tratar el tema de la inseguridad con unas jornadas sobre la edad de imputabilidad de los menores y el régimen de responsabilidad penal juvenil, que está pendiente de tratamiento en Diputados.

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