EL PAIS › LA PREOCUPACION DE LA EMBAJADA DE EE.UU. POR MAYORES REGULACIONES AGROPECUARIAS

El combate de las cerealeras

El Departamento de Estado hizo suya la inquietud de la transnacional Cargill ante la formación de una comisión bicameral investigadora del comercio de granos. Hay en juego una elusión fiscal de 1700 millones de dólares.

 Por Martín Granovsky

Con más espíritu práctico que el dirigente ruralista Mario Llambías, quien acaba de advertir que un “trapo rojo” puede reemplazar a la bandera argentina, el presidente de Cargill Argentina confió al embajador estadounidense su impresión de que “todo el sector exportador de commodities” estaba “bajo ataque” del Gobierno. El directivo mencionó su preocupación por “limitaciones para cargar el grano” y por lo que definió como “derechos de exportación retroactivos” por 1700 millones de dólares que debía cobrar la Oncca.

La inquietud de Cristian Sicardi, de Cargill, figura en un cable escrito el 16 de septiembre de 2008 por el entonces embajador Earl Anthony Wayne, filtrado por Wikileaks y al que tuvo acceso Página/12.

Consultado sobre la supuesta intención de cobrar impuestos de manera retroactiva, otro directivo de Cargill, Hugo Kranjk, dio su opinión a Wayne con algunas precisiones:

- Dijo que el objetivo del cobro estaba basado en una ley, la 26.397, promulgada el 9 de septiembre de 2008, es decir sólo una semana antes de la redacción del cable para el Departamento de Estado por parte de Wayne.

- Recordó que esa ley creó “una comisión bicameral investigadora para determinar las irregularidades en el negocio por parte de los exportadores” de granos.

- Apuntó que “todavía no fueron designados los miembros de la comisión” bicameral.

- Señaló, según relata Wayne, que “Cargill cree que los miembros que integrarán la comisión no son ‘amigos de la industria’ y que el tema se publicitará más entre mediados de septiembre y mediados de octubre, después de que se traten los temas prioritarios para el Congreso como el presupuesto y los ‘superpoderes’, entre otros”.

Como se informa aparte en esta edición, la comisión bicameral investigadora fue integrada recién a fines de 2010 pero todavía no fue formalizada y por eso no puede trabajar.

Tal como ocurre siempre que hay de por medio negocios de grandes empresas transnacionales con matriz norteamericana, el cable firmado por Wayne es muy detallado. Describe así lo que pasó: “La ley 26.351 (“Martínez Raymonda”, por su autor) estableció que, si se produjera un aumento de los derechos de exportación entre la fecha de registro y la fecha de la exportación, un exportador debe pagar el derecho más alto a menos que ese exportador pueda probar que ya tenía los granos en sus manos en el momento en que registró la operación”. Y continúa el texto: “Basándose en esa ley, en julio la Oncca anunció que 57 firmas (incluyendo a las norteamericanas Cargill y Bunge) debían (retroactivamente) un estimado de 1700 millones de dólares en derechos de exportación sobre 24 millones de toneladas de granos que habían sido registradas para ser exportadas en los días anteriores en que se anunciara el aumento de los derechos de exportación, el 7 de noviembre de 2007 y el 11 de marzo de 2008”.

Los derechos a los que alude el cable son las retenciones.

El régimen reformado por la ley que preocupa a Cargill, la 26.351, ya es conocido de los lectores de Página/12. El 31 de marzo de 2002 una investigación reveló la clave de una operatoria que venía de la dictadura militar. Las ventas son supuestas, o sea que el Estado consideraba venta a la operación que el exportador hubiese dicho que había realizado. Valía la simple declaración y no hacía falta certificación alguna de que los granos ya estaban en poder de la empresa exportadora.

Tanto en aquel momento como en 2007 y 2008, los exportadores ejercieron su rentable picardía ante el inminente aumento de las retenciones.

Además de las empresas que menciona el cable de Wayne, Cargill y Bunge, el grueso del comercio exterior de granos lo canalizan ADM, Nidera y Aceitera General Deheza, del entonces senador justicialista cordobés Roberto Urquía.

En 2002 el tema llegó a manos de quien era director general de Aduanas, pero el funcionario no avanzó hasta el punto en que lo hizo el Congreso en 2008 con la ley que molesta a Cargill. El funcionario era un peronista chubutense llamado Mario Das Neves.

“Ineficiencia”

El despacho de Wayne al Departamento de Estado dice que las regulaciones de la ley “crearon mucha incertidumbre, costos e ineficiencia para los exportadores”. En la jerga de los cables filtrados por Wikileaks, cuando un diplomático escribe la palabra “ineficiencia” debe leerse “caída de la rentabilidad”. De todas maneras esa ineficiencia no supondría la quiebra de las empresas, un futuro catastrófico ausente en el despacho diplomático.

Wayne pidió una entrevista con Ricardo Echegaray, actual jefe de la Administración General de Ingresos Públicos y en 2008 flamante encargado de la Oncca, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.

Reza el cable: “Cuando el embajador le preguntó qué pasaría en los tribunales con una decisión de la Oncca de recaudar retroactivamente tasas de exportación, Echegaray indicó que, sobre la base de sus conversaciones con Ciara y Cec, confiaba en que los exportadores terminarían pagando. Agregó que ‘lo que hicieron fue ilegal’, lo cual en su opinión queda claro en la Ley 26.351, y que la Oncca ‘debe cumplir la ley’”.

Las conclusiones del despacho de Wayne no dejan dudas.

Por un lado, sostenía que el Gobierno y en particular la Oncca presionarían sobre el sector de exportación de materias primas con más regulaciones y derechos que afectarían “la eficiencia del sector”. La Oncca, además, tenía, según la embajada, “un staff pequeño y falta de expertise en las prácticas del negocio de exportación de commodities”.

Por otro lado, esas presiones se combinarían con lo que la embajada insiste en llamar “cobro retroactivo de derechos de exportación”. La combinación daría lugar a un plan oficial “de continuar con la estrategia de CFK de divide y reinarás, ya sea castigando a los grandes exportadores de granos en favor de los pequeños chacareros, que son muy críticos de los grandes exportadores y creen que éstos están cartelizados, ya sea como parte de un plan más amplio de control del sector”.

Una idea final de Wayne en sus comentarios de 2008: “Hay pocas dudas de que el gobierno argentino necesita el ingreso fiscal generado por los derechos de exportación de commodity. Las acciones y regulaciones de la Oncca reducen ingresos potenciales porque generan ineficiencias que hacen bajar los precios pagados a los exportadores argentinos. Esos precios más bajos ahora son trasladados a los chacareros. Así, los chacareros quedan comprometidos a hacer lobbying sobre el Congreso para lograr cambios en las políticas de largo plazo y limitar el poder del Ejecutivo”.

Parece claro que para Wayne ése era el The End ideal de la película. En un final cerrado, prefería el enfrentamiento entre chacareros y Gobierno antes que el temido cuestionamiento de los chacareros a las grandes empresas exportadoras de granos.

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