EL PAIS › PROPUESTAS DEL GOBIERNO QUE DIVIDEN A LA MESA DE ENLACE

Llega la hora del desenlace

El trasfondo de los chispazos entre Buzzi y la Sociedad Rural. Definiciones en política sectorial, como trabajo esclavo, ley de tierras y regulación del comercio exterior que obligarán a la Mesa a definirse y dividirán aguas. Los proyectos que prepara el Gobierno.

 Por Raúl Dellatorre

La nueva corrida alcista en el precio mundial de los alimentos vuelve a poner en el primer plano del debate internacional a las políticas agropecuarias. Tras casi un lustro en el que las cuestiones ligadas a los reclamos del sector primario colocaron al gobierno nacional a la defensiva, hoy las condiciones de esta confrontación parecen haberse revertido. Un puñado de propuestas que el Ejecutivo tiene en carpeta para el agro, y que irán surgiendo a la luz pública en las próximas semanas, volverá a centrar las discusiones económicas en temas del sector, pero esta vez a partir de iniciativas del Gobierno. La nueva ley de tierras para frenar la extranjerización y condiciones para la comercialización de granos que favorecerán al movimiento cooperativo por sobre los intereses monopólicos de las cerealeras multinacionales forman parte de ese menú, en estudio avanzado y en manos de los diseñadores de política y estrategia del gobierno nacional.

No es la única diferencia con respecto al estado de cosas previo a la crisis de las retenciones de marzo de 2008. Esta vez, además, la Mesa de Enlace no está en condiciones de mostrar un frente homogéneo para oponerse a la posición del Gobierno. Más aún: un sector de la Mesa ya ha hecho saber su simpatía con las propuestas que el Gobierno está por lanzar. En tal sentido, los chispazos entre Eduardo Buzzi y sus (¿ex?) socios de la Mesa de Enlace, Hugo Biolcati y Mario Llambías, a raíz del recuerdo que hizo el primero de las relaciones entre sus entidades (Sociedad Rural y Confederaciones Rurales) y la dictadura militar, quizá deberían leerse más en clave de los debates que se vienen que en un arranque de principismo ideológico del jefe actual de la Federación Agraria. Horas antes de aquellas explosivas declaraciones (“ellos pusieron los funcionarios; nosotros, los desaparecidos”), que sorprendieron a propios y extraños, Buzzi se había reunido con las autoridades del Ministerio de Trabajo (Carlos Tomada y Noemí Rial) para acordar algunos puntos básicos de un plan de lucha contra el trabajo esclavo en el campo. Lo que para muchos era, simplemente, “una condición natural” de las labores rurales, sobre todo en tareas como la producción de semillas o el cultivo de algodón o yerba mate, que requiere del uso de mano de obra intensiva durante jornadas consecutivas, se convirtió en una situación socialmente intolerable cuando se visibilizó.

Para el peso político y el prestigio relativo de la Mesa de Enlace en ciertos sectores de la sociedad –las clases alta y media–, las denuncias e imágenes sobre el trabajo esclavo fueron un baldazo de agua fría. La incorporación tecnológica, la modernización del campo, la elevada rentabilidad surgida de los valores internacionales y la fuerte inserción de la producción argentina en el mercado mundial, mostraron su más oscura contracara. El sayo recae principalmente sobre las más grandes explotaciones rurales, grandes terratenientes y algunas empresas cerealeras internacionales. Buzzi consideró que no tenía por qué hacerse cargo y tomó distancia del tema. Luego, con la cuestión de las responsabilidades en la dictadura, directamente dinamitó los puentes.

La Sociedad Rural, a través de Biolcati, dio algunas respuestas ambiguas y oscilantes (“es bueno recordar lo que pasó, lo malo es que se ideologice”). Más discretamente, la entidad rechazó en estos días el cargo que le correspondía asumir al frente del Registro Nacional del Trabajador Rural (Renatre), el órgano mixto encargado de la supervisión de la situación laboral en el campo, cuya presidencia es rotativa. Alguien le habrá advertido a Biolcati sobre la inconveniencia de ocupar esa silla justo cuando llueven las denuncias por reducción a la servidumbre rural.

Las próximas estaciones en el camino que aleja a la Federación Agraria de la Mesa de Enlace estarán dados por el proyecto de ley contra la extranjerización de la tierra que enviará el Ejecutivo al Congreso, y dos normas sobre comercio exterior que provocarán mucho ruido en el ámbito rural. Del proyecto de extranjerización no se conoce la letra chica, salvo que el Gobierno está trabajando sobre el modelo de ley de protección de tierras que rige en Brasil. Hubo reclamos de voces cercanas al –o desde las propias entrañas del– Gobierno que sugirieron tomar en cuenta, principalmente, el uso que se le da a la tierra, más que la nacionalidad del capital. “Hay grupos poderosos argentinos que hacen estragos con cursos de agua o cortan el acceso a un bien de uso público, como hay también capitalistas extranjeros que han convertido en reservas naturales para su preservación las áreas que han comprado”, advierten desde esos flancos. El proyecto que está a punto de recorrer el camino de Plaza de Mayo hasta la del Congreso, por ahora, no lo contempla.

Pero hay otras dos cuestiones en carpeta que tendrán un efecto más inmediato si se concretan, tanto en lo político como en lo económico. No son proyectos de leyes sino medidas administrativas de comercio exterior. Uno es la imposición de cupos a la importación de cerdos o alguna medida similar que trabe el ingreso libre de ese producto. Los productores denuncian que los frigoríficos dejaron de comprar cerdos en el campo porque se están abasteciendo desde Brasil. El país vecino les está vendiendo pulpa de cerdo, con lo cual se cubre el abastecimiento para cubrir la oferta de fiambres y de cortes principales de venta al mercado interno. “Un par de chacinadores, que concentran la oferta de fiambres y cortes envasados de mayor venta, está destruyendo la recuperación del sector, importando un solo corte”, se quejó un dirigente de la producción días atrás frente a las autoridades nacionales del sector. La respuesta no se haría esperar, aunque se descuenta el contraataque del lobby de los importadores y de los sectores más concentrados de la industria frigorífica.

El otro tema en carpeta es, por ahora, un as en la manga. Pero, para quienes están en el juego, está llegando la hora de ponerlo sobre la mesa. El Gobierno dispondría, mediante algún mecanismo que se encontraba en estudio, una reserva o protección de una porción del comercio exterior de granos (¿un 30 por ciento?) para el movimiento cooperativo. Un golpe audaz, que enfrentará al Gobierno con algunas de las expresiones más poderosas del sector dominante.

Todos estos temas correrán con el respaldo de Federación Agraria y la segura oposición de CRA y Sociedad Rural. Coninagro, a pesar de su habitual ambigüedad, difícilmente puede eludir el respaldo a medidas que favorecen sin posibilidad de discusión al sector agropecuario. Los últimos movimientos de Buzzi, incluso desorientando a los propios, parecen haber tenido una razón de ser: el conocimiento previo de un golpe de escena que podría iniciar el desenlace del capítulo final de la Mesa de Enlace: el de su fractura. Y no quiso quedarse de espectador o como asistente pasivo.

El Banco Mundial presentó un informe este último fin de semana ante la Reunión de Ministros de Finanzas de las Américas, en Canadá, en el que se destaca una suba del 48 por ciento en los precios de los alimentos a nivel internacional entre junio de 2010 y febrero de este año. Dicho salto acerca los valores actuales a los que provocaron la crisis de 2008. Algunos productos en particular, como el maíz o el trigo, son señalados como los impulsores de las revueltas iniciales en los países árabes, que cada vez parecen más una mancha extendida a toda la región. Otro trabajo presentado en la misma cumbre interamericana, pero esta vez surgida del FMI, coincide no sólo en la preocupación por las consecuencias del alza de los alimentos sino que, además, subraya que su impacto es siempre más grave en los países pobres. “Los más golpeados y los que menos responsabilidad tienen en las subas”, apunta el trabajo firmado por Rabah Arezky y Markus Brückner.

Los centros de poder mundial y los organismos internacionales que les son funcionales, están tomando nota de este nuevo escenario mundial. Precios de alimentos y conflictividad mundial están adoptando una interrelación peligrosa. Los países exportadores periféricos enfrentarán una nueva presión de los más poderosos para imponerles condiciones en el próximo encuentro del Grupo de los 20 de ministros de agricultura, el 22 y 23 de junio. Argentina, uno de ellos, se prepara para tales instancias, ordenando su frente interno. Quizás allí resida uno de los ejes de la batalla política que se avecina, con un escenario doméstico cada vez menos ajeno a los acontecimientos en el plano mundial.

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