EL PAIS › OPINION

En la Ciudad la democracia está en su peor momento

 Por Carlos Tomada *

Hace poco tiempo, el jefe de Gobierno porteño expresó conceptos desafortunados sobre la democracia en nuestro país. Como una paradoja, unos días después nos ilustró sobre los modos con los cuales se puede despreciar la Constitución de la Ciudad. Lo hizo con el alto argumento de la protección de la libertad de expresión.

Con el decreto 2/11, Macri crea figuras contravencionales. Violenta las reglas, la Constitución Nacional y la de la Ciudad, así como los tratados de derechos humanos. De esta manera pretende perseguir las luchas sindicales de los trabajadores de los medios. Utiliza la excusa de prevenir hechos inminentes, como las acciones sindicales por todos conocidas.

En realidad, esto es lo menos complejo. Lo que trasunta la medida es un espíritu de sobrepasar y pisar las facultades del Poder Legislativo de la Ciudad. Y, de un modo menos evidente, intenta transformar a los medios de comunicación en los únicos titulares del derecho a la libertad de expresión. Esto es lo que junto a legisladores y representantes de la mayoría de las fuerzas políticas porteñas denunciamos en la Legislatura el miércoles pasado.

La división de poderes violada

El artículo 81.2 de la Constitución de la Ciudad reclama mayoría especial para la sanción del código contravencional y de faltas. Su artículo 103 define que los decretos de necesidad y urgencia son excepcionales. Estos no se aplican a cuestiones de procedimiento penal, materia tributaria o electoral. Lo grave es que no sólo la Legislatura está funcionando, sino que la creación de figuras contravencionales es una facultad que no puede ser ejercida por el jefe de Gobierno.

La separación de poderes y el sistema republicano de gobierno no pueden ser puestos en jaque. No es una materia disponible por las provincias ni por la ciudad de Buenos Aires. Así lo dice la Constitución Nacional en el artículo 5. Esto se corresponde no sólo a cuestiones de política interna, sino al respeto irrestricto de principios de derechos humanos. Como si esto no fuera suficiente, la opinión consultiva 6/86 de la Corte Interamericana requiere que las normas represivas estén dictadas por los cuerpos legislativos pertinentes. Además, exige que sigan las reglas de procedimientos constitucionales aplicables como condición de su validez. Nada de esto parece tener importancia para quien debería dar ejemplo de apego a la institucionalidad.

Claramente, la decisión adoptada por el jefe de Gobierno implica una violación a la Constitución. Y la ignorancia total y completa de sus normas. Normas que permanentemente dice que hay que cumplir. Con este tipo de propuestas express –que parecen nacidas del oportunismo y a la medida de intereses económicos concentrados– involucra a la Ciudad en un conflicto en el que no tiene ninguna competencia.

Reclamar no es atentar

El decreto ignora estándares de derechos humanos que ratifican que la libertad de expresión es un derecho de carácter universal. Asume que los únicos que pueden ejercerla son las empresas y que la defensa de los derechos de los trabajadores son una mera herramienta de entorpecimiento de su funcionamiento. Porque es natural y obvio que un paro de trabajadores de los medios de comunicación afecta la circulación de las informaciones. Ello va de suyo. Es una cuestión retórica. Lo que se debe discutir es si esa afectación es arbitraria o surge del ejercicio legítimo de un derecho.

A lo largo de la historia de los medios de comunicación, sus trabajadores han realizado protestas. Han retirado sus firmas y ejercido la cláusula de conciencia. Han hecho paros. Huelgas. Bloqueos. No es cuestión de avalarlos necesariamente, pero sí de dejar en claro que no se trata de ataques a la prensa. Hechos ocurridos en Italia, España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Francia así lo demuestran. Las entidades oficiales o de derechos humanos o de libertad de expresión en estos países no registran estas medidas como embates a los medios de comunicación.

No quiero dejar de insistir en el atropello a la institucionalidad. Es lo más serio. Lo más grave. La cuidadosa selección de antecedentes para justificar este decreto de necedad –y no de necesidad– deja ver que a Macri no le interesa la libertad de expresión. Tampoco los derechos humanos. Lo que sí parece preocuparle es dejar en claro que el Estado “es él”. Menos mal que no es cierto. Porque si no se harían realidad sus desubicados dichos acerca de “que la democracia está en su peor momento”. Al menos en la ciudad de Buenos Aires.

* Ministro de Trabajo.

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