ECONOMIA › LA ESTRATEGIA DEL HOLDING PARA RECHAZAR LA REGULACION OFICIAL

Techint se resiste al control

La postura de la empresa siderúrgica no sólo invalidó la resolución de la Comisión Nacional de Valores, sino incluso su competencia para controlarla. Similitudes con la estrategia que expuso Papel Prensa en 2010.

 Por Raúl Dellatorre

La judicialización de la disputa entre la Anses y Siderar por la designación de directores estatales en la compañía es interpretada, en círculos oficiales, como la expresión de los grupos dominantes por impedir cualquier tipo de regulación sobre su gestión. La respuesta de la empresa del grupo Techint a la resolución de la Comisión Nacional de Valores que invalidó las decisiones de su directorio del viernes último abarcó no sólo el rechazo a la misma, sino que además impugnó la competencia de la CNV para pronunciarse sobre las resoluciones de la empresa y consideró inconstitucional e “innecesario” el decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo. Es lo que se interpreta de la respuesta de Siderar a la Bolsa de Comercio, pero también de los dichos de sus directivos, con Daniel Novegil a la cabeza.

La lectura que se hace desde el Gobierno es que la estrategia de la empresa revela un fuerte vínculo con la que delineó los pasos de las autoridades de Papel Prensa, poco tiempo atrás, al rechazar el cuestionamiento de la CNV a varias reuniones de su directorio entre 2009 y 2010 por no admitir la representación de la minoría estatal. Este caso quedó ahora a definición de la Corte Suprema. El caso Siderar podría seguir el mismo camino.

Un comunicado emitido ayer por la CNV sale al cruce del rechazo de la empresa Siderar a su competencia para actuar en el caso y tomar resoluciones en contra de lo que decide el directorio. “La CNV tiene plenas facultades para instruir sumarios e iniciar investigaciones; la sustanciación de un sumario constituye una atribución del directorio de la CNV”, señala la declaración del organismo de control. “Las investigaciones guardan relación con las funciones de inspección o la recepción de denuncias, y se dirigen al conocimiento de hechos y situaciones que podrán, o no, resultar observables”, advierte luego, ya en referencia a la reunión del viernes último de Siderar y a la demanda de la Anses por la misma. Y subraya que la CNV puede “declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización, cuando sean contrarios a la ley, a las reglamentaciones dictadas por la Comisión Nacional de Valores, al estatuto o a los reglamentos (art. 6, inc. h, ley 17.811)”. Es, precisamente, lo hecho en el último fin de semana respecto de la reunión de directorio del viernes pasado.

El desconocimiento de estas facultades y atribuciones de la CNV vaciarían el contenido de este organismo de control sobre las empresas que negocian en la Bolsa, entienden desde el Gobierno. Alejandro Vanoli, titular de la CNV, al ser consultado por Página/12 acerca de las supuestas intenciones de esta impugnación, respondió tajantemente: “Quieren vaciar al Estado de facultades y potestades de contralor para evitar que vele por el interés general. Hay una dicotomía entre el corporativismo concentrador dependiente versus un proyecto de desarrollo autónomo con equidad”.

Sin llegar a dirimir esta diferencia política central, tal como la plantea Vanoli, el “leading case” (caso testigo o causa principal) Papel Prensa siguió un farragoso camino judicial. Las decisiones de directorio que desconocieron facultades de la minoría estatal fueron objetadas por la CNV. El organismo de control obtuvo varios fallos favorables en la Justicia, que incluso resolvió una intervención judicial a la empresa ante las irregularidades verificadas. La sociedad Clarín-La Nación pudo revertir en un fallo de cámara aquella decisión, que luego del capítulo de las apelaciones terminará en manos de la Corte Suprema.

Como en el caso actual de la empresa del grupo Techint, el eje del conflicto pasa por la competencia o no de los organismos públicos para ejercer el control. En la letra escrita el tema parece definido. En la relación de poder entre corporaciones y Estado, no.

El otro punto en conflicto es la capacidad del Estado de ejercer su “derecho político”, como lo definió en el Congreso Diego Bossio, titular de la Anses, de nombrar a los directores que le corresponden por su participación accionaria. Más allá de la ley, las corporaciones han dejado trazada cuál es su línea de resistencia.

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Paolo Rocca, titular del grupo Techint, sigue los pasos de Papel Prensa en su pelea con el Gobierno.
Imagen: Rafael Yohai
 
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