El 5 de mayo de 2006, Ana María Di Lonardo dejó el Banco Nacional de Datos Genéticos, del que era directora. Se había resistido a su jubilación, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había dispuesto, pero, finalmente, ese día se llevó sus cosas. Fue acompañada por un escribano y dejó constancia de que retiraba un par de aparadores, una biblioteca, las cortinas de su despacho y una computadora. Las Abuelas de Plaza de Mayo creen que existe la posibilidad de que en esa PC estuviera la información de los perfiles genéticos sacados en base a las muestras aportadas por los familiares de desaparecidos. Y que, de esa forma, los datos podrían haber llegado a Felipe y Marcela Noble Herrera, que hace un mes cambiaron la postura que tuvieron durante diez años y aceptaron aportar su sangre y saliva para que se determine si son o no hijos de desaparecidos.

“En este estado la requiriente requiere retirar sus elementos personales consistentes en un mueble aparador de dos hojas corredizas color marrón claro con tapa de vidrio de dos metros, uno similar color claro de 1,50 metro de largo, una biblioteca de cuatro estantes de 1,2 metro de largo. Las medidas son estimadas. La computadora Pentium 4, 2,8 ghz con 512 mram con disco rígido de 80 gb, grabadora de CD y lectora de DVD Zip de Internet y una impresora Epson Stylus color 880 y las cortinas del que fuera su despacho”, dice el acta a la que Página/12 tuvo acceso.

“Consultamos con especialistas y es posible tener en una computadora de ese tipo la información de los perfiles genéticos. Si esto hubiera ocurrido sería muy grave que se robara la información del Banco Nacional de Datos Genéticos, pero de todas maneras lo importante es que se sepa la verdad y se están tomando medidas para verificar que no hubo alteraciones en los registros, por eso pedimos que los cruces se hagan manualmente”, señaló Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

“Existe un antecedente que nos llamó la atención –explicó Iud– en 2007 nos comunicamos con una joven de la que sospechábamos que era hija de desaparecidos. Ella se opuso a hacerse el análisis de ADN y se inició una causa judicial en La Plata, en el juzgado de Arnaldo Corazza. En 2008 la chica volvió a rechazar el ADN e incluso un abogado nos dijo que lo podía aceptar a cambio de que sus apropiadores quedaran impunes. Abuelas le respondió que no hacen ese tipo de negociaciones. Después apareció con Di Lonardo como perito de parte y accedió a hacerse el análisis, que dio negativo.”

La sospecha de Abuelas no reside en que se cambie el resultado del ADN, sino en que a través de Di Lonardo los Noble Herrera hayan tenido acceso a la información y que por lo tanto conocieran por anticipado cómo saldrían los análisis. Es que el estudio jurídico del ex juez Gabriel Cavallo, defensor de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, también representa a Di Lonardo. Los abogados de la empresaria sostienen que la decisión de los jóvenes de someterse a los exámenes genéticos se vincula con una investigación que realizaron –asesorados por la ex directora del BNDG– en base al análisis de los expedientes de los casos denunciados por las Abuelas.

Desde 2006, cuando Di Lonardo dejó su lugar al frente del Banco, 66 nuevas familias dejaron sus muestras en el lugar porque descubrieron que sus hijas, hermanas o madres podrían haber estado embarazadas cuando las secuestraron. Cuatro de esas familias se incorporaron este año. El Banco está en este momento analizando si los hijos adoptivos de Herrera de Noble son hijos de desaparecidos cuyos familiares aportaron su sangre al organismo. Ayer, luego de que se conociera que los hermanos Noble Herrera no eran parte de las dos familias querellantes en la causa, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, reiteró que la organización que dirige denunció siempre que los jóvenes podían ser hijos de desaparecidos, no que lo fueran y que “lo importante es llegar a la verdad”.