EL PAíS › EL JUICIO QUE SE SIGUE EN SALTA POR EL CRIMEN DEL EX GOBERNADOR MIGUEL RAGONE

Con el mismo pedido de prisión perpetua

La Fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos reclamaron la reclusión perpetua para los principales imputados por el secuestro y la desaparición de Ragone, el 11 de marzo de 1976. También se pidió la imputación del juez Lona como parte de “la estructura represiva”.

 Por Alejandra Dandan

El fiscal Horacio Azzolin entonces mencionó a Eduardo Galeano. Terminaba el alegato con los pedidos de condena. Galeano alguna vez escribió en sus Memorias del Fuego sobre el ex gobernador de Salta Miguel Ragone y sobre su jefe de policía, Rubén Fortuny: “A Fortuny lo matan con un balazo a la altura del corazón, después secuestran al gobernador que lo había designado, de Ragone no dejan más que una mancha de sangre y un zapato”, leyó el fiscal. “Esperamos que esta sentencia que empezó en un juicio con los datos que describía Galeano nos deje la sensación de que se hizo justicia.” Para eso pidió cuatro reclusiones a prisión perpetua por homicidio agravado para tres cabezas militares de la represión local y uno de los ejecutores directos, pese a que no apareció el cuerpo de Ragone. También la Secretaría de Derechos Humanos, como querellante, requirió la pena de prisión perpetua.

El pedido alcanzó como autores mediatos a Carlos Mulhall, jefe de la guarnición militar local; a Miguel Gentil, jefe de la Policía salteña, y Joaquín Guill, uno de los hombres simbólicos de la represión en Salta, jefe de Seguridad de la policía y responsable de los operativos clandestinos. Pidió, además, reclusión perpetua como autor directo para el policía Andreé del Valle Soraire. A todos les imputó el homicidio del almacenero Santiago Arredes, hermano de un policía y testigo. Y el intento de homicidio de Margarita Martínez de Leal, otra testigo. Los pedidos alcanzaron también a los policías Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera por encubrimiento. Y hubo un pedido de diez años de prisión efectiva por coacción agravada para Jorge Héctor Zanetto, un ex pistolero de la guardia armada de la UOM de Lorenzo Miguel, que amenazó a Ragone.

El alegato abundó, además, en un tema pendiente en buena parte del país: como lo hicieron las otras querellas, Azzolin se detuvo en el entonces juez Ricardo Lona hasta aquí imputado por encubrimiento en otro tramo de la causa, pero para quien pidió una imputación más acorde como parte de la organización represiva. Quedó acreditado no sólo que Lona archivó la causa de Ragone sin investigar, sino que hizo lo mismo con “muchísimas denuncias de desaparición de personas”, “presos privados de libertad”, de quienes denunciaban torturas y a quienes Lona se contentaba con enviarles un médico. “La tolerancia era en realidad una garantía de impunidad para todos los miembros de las fuerzas de seguridad”, dijo el fiscal. “Excede el mero favoritismo integrándolo a la cadena de ilícitos y directamente lo pone en la estructura represiva.”

Hubo un aplauso de la sala repleta cuando el fiscal pidió a los integrantes del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Salta, presidido por Marta Liliana Snopek, que la prisión de todos los acusados se cumpla de modo efectivo, en cárceles comunes. “¿Quién va a controlarlos en los dos años que, como mínimo, habrá desde el momento de las condenas hasta la confirmación del fallo por la Cámara de Casación?”, preguntó. “¿El Patronato de Liberados? ¿El Patronato que seguramente llamará por teléfono antes para avisarles que va a ir?”

El proceso

El juicio a Ragone no sólo debía probar cómo fue el secuestro del médico del pueblo. Las querellas, su viuda, su hijo, esperaban completar la hipótesis de la zona liberada, el encubrimiento y saber los nombres de cada integrante de la patota que lo secuestró el 11 de marzo de 1976.

“A diferencia de la mayoría de los juicios que se llevan adelante en todo el país –dijo Azzolin–, el hecho particular es que ocurrió antes del 24 de marzo del ’76”, un dato que llevó a las querellas a sumergirse en las normas que se dieron las Fuerzas Armadas en su denominada “lucha contra la subversión”, en momentos que combinó la acción de grupos militares y paramilitares. Ayer, Azzolin dedicó su alegato a mostrar en cuadros los nombres de la estructura represiva. La conexión militar, el vínculo entre policías y Fuerzas Armadas. Los nombres de la Inteligencia. Los escuadrones antiguerrilleros.

Luego avanzó con el secuestro. Dijo que no empezó el 11 de marzo, sino el 8 de marzo de 1976, con el robo de cuatro autos de Santiago del Estero que hablan de la coordinación de fuerzas del Operativo Independencia. Habló de la zona liberada. Se metió con el encubrimiento. En un principio, el secuestro apareció como producto de la interna peronista, pero el juicio dio por probado que a esa altura Ragone ya era “un blanco político” para los militares y la cúpula policial, había pasado de ser opositor a convertirse en enemigo. Las pruebas demostraron que los supuestos panfletos de Montoneros atribuyéndose el atentado eran falsos. Que cuando actuaba Montoneros salía a reconocer sus hechos como parte de su propaganda política, y en este caso no lo hizo. El caso se les había ido de las manos a los represores –entre otras razones porque una testigo quedó con vida– y se lo adjudicaron a Montoneros porque así “ejercían una acción psicológica de temor hacia los otros, para que el pueblo se consustanciara con los cometidos del Ejército”.

Otro punto del alegato fue el rol de Zanetto, clave para entender ese proceso que convirtió a Ragone de enemigo en condenado a muerte. La fiscalía dio por probado que el camino empezó a fines de 1975, cuando dos de los integrantes del Partido Auténtico, Juan Carlos Villamayor –ex jefe de prensa de Ragone– y Ernesto Bavio, le ofrecieron a Ragone unirse a ellos. Ragone dijo que no porque prefería pelear en las internas del PJ. La reunión había sido secreta, entre agosto y septiembre de 1975, pero pocos días después el jefe policial Gentil fue a ver a Villamayor para decirle que sabía de la reunión. Que los días de Ragone dentro del peronismo se habían acabado, y lo mandó a convencer de que se bajara de la escena política. No era la primera vez. Gentil le tenía un odio personal. Ragone supo del encuentro, pero decidió seguir adelante. Hubo otro cruce entre diciembre de 1975 y febrero de 1976. Esta vez Villamayor recibió la visita de Zanetto, jefe de la custodia de Lorenzo Miguel, un pistolero nombrado como funcionario de la intervención en el Ministerio de Bienestar Social de Salta, con causas por secuestro extorsivo en Buenos Aires. Zanetto estaba al tanto de todo, pero le mandó decir que esa misma noche Ragone tenía que firmar la renuncia y entregársela al ministerio. Y también que en eso le iba la vida a Ragone. “Por supuesto que Ragone no renunció”, dijo el fiscal. “Pero a partir de ese momento, sin embargo, empezó a madurar la idea de retirarse, porque se sabía en peligro.” El borrador termina siendo redactado –contó el fiscal– y Ragone lo iba a firmar el mismo día en que fue asesinado.

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La pena solicitada alcanza a cuatro acusados: Mulhall, Gentil, Guill y Del Valle Soraire.
Imagen: Gentileza diario El Tribuno de Salta
 
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