La falacia de los argumentos basados en la “ineficiencia” y el “carácter deficitario” de las empresas estatales fue un elemento central en la construcción del consenso neoliberal implantado por diversos actores sociales durante la fatídica década de los ’90. Estos calificativos fueron presentados como rasgos ontológicos para justificar tanto la privatización de YPF como otras privatizaciones muy conocidas: Somisa, ENTel, Gas del Estado, Obras Sanitarias, etcétera. Así, los agoreros del establishment vociferaban que el Estado era, por definición, ineficiente y deficitario. La contracara de dicho enunciado era la construcción de otra falacia: el capital privado y sus virtudes intrínsecas tales como la competencia, la eficiencia y la rentabilidad. Este esquema no fue sólo tributario del menemismo sino que reconoce sus antecedentes durante la gestión del doctor Raúl Alfonsín, quien impulsó algunos intentos de privatización de la petrolera estatal que no tuvieron éxito, tales como el Plan Houston y el Petroplan.

El gobierno de Carlos Menem inauguró una profunda transformación en la concepción y uso del recurso petrolero, el cual dejó de ser considerado, mediante sendos decretos, un bien estratégico para convertirse en una mercancía más, incentivando su libre disponibilidad y exportación. Entre quienes defendían esta postura se hallaba el ingeniero José Estenssoro, quien fuera nombrado interventor de YPF entre los años 1990 y 1995. Durante su gestión impulsó el llamado “Plan de Transformación Global” (Decreto Nº 2778/90) que permitió, entre otras cuestiones, la enajenación de las acciones de YPF, transformándola de Sociedad del Estado en Sociedad Anónima, lo que posibilitó abrir de par en par las puertas al desembarco del capital privado. Asimismo, dicho Plan eliminó áreas fundamentales para el desarrollo, según lo que se entendía en aquel momento bajo los términos de “eficiencia y rentabilidad”: si un área productiva era rentable, es decir si daba ganancias económicas a corto plazo, se mantenía bajo la órbita de YPF SA; en cambio, si un área era estratégica pero no rentable, se recurría a la asociación o venta; y si en todo caso el área no era rentable, ni estratégica, se resolvía su venta o cierre. Bajo estos dudosos criterios, la gestión encarnada por José Estenssoro resolvió cerrar el Laboratorio de YPF situado en Florencio Varela, que representaba el desarrollo científico tecnológico petrolero acumulado durante décadas de investigación por miles de argentinos.

Sin embargo, no alcanzaba con destruir la infraestructura de conocimiento productiva y territorial que había desplegado YPF estatal durante su larga trayectoria sino que también despidió a 35.689 trabajadores. Estos despidos, llamados eufemísticamente racionalización de personal o también consecuencias de la modernización, desmoralizaron y desvalorizaron la experiencia de los trabajadores, al mismo tiempo que fracturaron el espíritu colectivo de los mismos presionados para firmar los famosos retiros voluntarios. Paradójicamente se los invitaba a retirarse de la empresa, ofreciéndoles reinsertarse en el mundo laboral mediante extraños cursos de capacitación. Por supuesto, los trabajadores no sabían cuál era el objetivo y con qué criterio debían elegir los cursos. Por eso fue común que las jefaturas los repartieran de forma azarosa, con el fin de alejarlos de la cotidianidad laboral y de sus compañeros. Otras de las cuestiones incentivadas por la empresa con acompañamiento del sindicato fueron la creación de emprendimientos productivos para ex trabajadores, a quienes les otorgaban una licitación sólo durante un año, por lo cual una vez finalizada deberían participar en el juego de la libre competencia con otras empresas históricas del sector petrolero como Techint, Pérez Companc, Bunge y Born, etcétera. Obviamente, los trabajadores perdieron las licitaciones. En este contexto también se implementaron en nombre de la eficiencia y la rentabilidad todo tipo de reformas laborales para quienes tuvieron el “privilegio” de seguir trabajando: tercerización, polivalencia, flexibilidad, extensión de la jornada de trabajo, no reconocimiento de condiciones de insalubridad, etcétera.

En este nuevo contexto histórico que inició Néstor Kirchner y profundiza Cristina Fernández de Kirchner consideramos fundamental cuestionar críticamente las nociones de eficiencia y rentabilidad que pregonaban los agoreros del establishment, y retomar las banderas políticas que han fundamentado hoy la expropiación de YPF. En este sentido debemos hacer un esfuerzo para recuperar el valor estratégico del petróleo, pero también el lugar de protagonismo que deben tener sus trabajadores, quienes dejan su vida cada día y serán los que sostendrán la recuperación de YPF. Reponer los derechos laborales perdidos en el proceso de privatización se constituye como parte de esa restitución histórica.

* Antropólogo, investigador del CEIL-Conicet. Docente en la UBA.