Los integrantes de fuerzas de seguridad federales que sean prófugos de la Justicia en causas penales no volverán a cobrar sueldo ni pensión hasta que se presenten ante el juez que los investiga. La decisión la tomó la titular del Ministerio de Seguridad, Nilda Garré, y alcanza no sólo a imputados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, sino a todos los integrantes de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura o Policía de Seguridad Aeroportuaria que tengan pedido de captura o hayan sido declarados en rebeldía. En los fundamentos de la resolución, la ministra explicó que la actual situación, con prófugos que continúan cobrando, implica “una contradicción inaceptable, ya que el mismo Estado que se encuentra realizando acciones concretas, destinando recursos materiales y económicos para dar con el paradero del buscado, posibilita mediante el pago de sus haberes la continuidad de las conductas evasivas”.

La captura de represores prófugos es, desde hace al menos un lustro, un desafío para el Estado nacional: en 2008 se creó la Unidad Especial de Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, que depende del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. El organismo ofrece recompensas de entre 100 y 200 mil pesos a quienes aporten información que permita las capturas, beneficio que incluye a los propios miembros de las fuerzas que decidan no encubrir a sus camaradas y colaborar con la Justicia. El listado de prófugos por quienes se ofrece recompensa, disponible en la web del ministerio, tiene al día de hoy 46 “buscados” e incluye –además de militares, marinos y civiles– a siete ex miembros de fuerzas federales: los policías Roberto Oscar González, Juan Carlos Linares, Pedro Salvia (los tres actuaron en la ESMA), José Darío Mazzaferri (imputado por su actuación en Concepción del Uruguay, Entre Ríos), Manuel Alfredo Montenegro (imputado en Posadas, Misiones), Ricardo Aleks (ex jefe de inteligencia de la Federal en Mendoza) y el ex gendarme Carlos Alberto Lafuente (por su rol en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán).

Si bien Garré había ordenado dejar de pagarles a los prófugos a medida que tomaba conocimiento, con el objetivo de cortar el flujo de dinero a quienes burlan al propio Estado, la novedad es que en adelante la medida se aplicará automáticamente. En los fundamentos de la resolución, la número 11/2013, la ministra recuerda que en un Estado de Derecho la presencia del acusado es requisito necesario para poder juzgarlo, que el Ministerio de Seguridad “entiende fundamental tomar las medidas a su alcance para garantizar” la presentación ante la Justicia de los agentes federales, y destaca que el personal de las cuatro fuerzas federales tiene la obligación de proporcionar un domicilio actualizado, obligación que incumplen quienes se encuentran prófugos. “Por estos motivos, y a fin de asegurar la comparecencia ante la Justicia del personal citado, una de las medidas que se estiman efectivas es la suspensión del pago de cualquier tipo de haber o pensión que pueda estar percibiendo la persona buscada, por sí o por apoderado/a, ya que dicha medida contribuirá a reducir los recursos materiales que le permiten mantenerse en esa condición”, explica.

La resolución alcanza “a todo aquel personal que se encuentre en situación de rebeldía y/o captura, sea la misma nacional o internacional, cualquiera sea el tipo de delito que se le imputa”. Fuentes del ministerio explicaron que la suspensión del pago no implica que el rebelde o prófugo no podrá recuperar sus haberes, sino que dejará de percibirlos hasta que cumpla con su obligación de notificar su domicilio real y se presente ante la Justicia. La mayor parte de los prófugos por delitos de lesa humanidad son ex militares o marinos, como el capitán Jorge Vildoza, que hasta la detención de su esposa Ana María Grimaldos, a mediados del año pasado, seguía cobrando su pensión como retirado.