EL PAíS › LAS OPCIONES QUE PRESENTó EL GOBIERNO FRENTE AL FALLO DEL VIERNES

Las claves de los anuncios

La reapertura del canje es un gesto hacia la Corte Suprema de Estados Unidos para que revea la decisión de la Corte de Nueva York. La operación no tendría fecha de vencimiento. El cambio de bonos para pagar en el país busca dar una garantía a los acreedores.

 Por Tomás Lukin

El Gobierno tomó ayer dos medidas para enfrentar el reciente revés en la disputa que mantiene con los fondos buitre en Estados Unidos. Anunció que mañana enviará un proyecto de ley al Congreso para reabrir el canje de deuda y habilitó la posibilidad de cambiar voluntariamente los bonos del canje regidos por legislaciones extranjeras –Estados Unidos, Inglaterra y Japón– por otros títulos. Esos nuevos papeles serán emitidos con ley local y pagados en las mismas condiciones a través de la Caja de Valores en Buenos Aires. Los que decidan hacer el cambio, explican en el equipo económico, tendrán una garantía adicional de pago.

La reapertura del canje representa un guiño de “buena voluntad” a la Corte Suprema de Estados Unidos, que debe decidir si acepta o no analizar la apelación que hará la Argentina a fines de noviembre. Lo central no es lograr que ingrese el 7,6 por ciento de los acreedores, en su mayoría buitres que por su naturaleza “carroñera” rechazan participar y buscan cobrar el ciento por ciento de sus acreencias. El objetivo es enviar una señal al máximo tribunal norteamericano, que debe decidir si toma o no el caso. Según pudo saber Página/12, anoche el equipo económico trabajaba en los detalles de la oferta y existía la posibilidad de que la operatoria no tenga fecha de cierre.

La otra medida, la posibilidad de cambiar los bonos con legislación extranjera por otros en las mismas condiciones con legislación local, busca poner a disposición de una cifra cercana al 30 por ciento de los acreedores que sí reestructuraron sus títulos una garantía de pago adicional. El 30 por ciento son los bonos regidos por legislación de Estados Unidos, Japón e Inglaterra. Para eso, no hace falta enviar una ley al Congreso, ni ofrecerles mejores condiciones de tasas. Los nuevos títulos tendrán los mismos plazos y rendimientos que los actuales, sólo que sus pagos serán canalizados a través de un fiduciario distinto del actual (la Caja de Valores). Desde el Ministerio de Economía explican que la opción puede ser atractiva, ya que permitirá a quienes accedan a cambiar sus bonos aislarse de cualquier decisión judicial norteamericana y garantizarse cobrar los pagos correspondientes en la Argentina.

Un nuevo canje

La reapertura del canje fue una opción que Argentina puso sobre la mesa en diciembre pasado, antes del fallo de la Corte de Nueva York. Aunque el último viernes este tribunal lo desestimó, el Gobierno decidió reforzar su apuesta judicial. La posibilidad de que el tema sea discutido por el máximo tribunal es baja. No obstante, en el equipo económico entienden que mejoran sus chances si, en el caso de aceptarlo, la Corte Suprema cuenta ya no con una “promesa” sino con el canje disponible.

El proyecto para suspender la ley cerrojo ingresará mañana al Congreso. La oferta, cuando se realice, presentará las mismas condiciones de quita, reducción de intereses y extensión de plazos para el pago que existieron en el segundo canje de 2010. Este diario pudo saber que la opción permanecería abierta de forma indefinida, a diferencia de los canjes anteriores, que tuvieron un plazo acotado para la adhesión.

Cambio voluntario

Para eludir cualquier contratiempo legal, el país ofrece a quienes tienen bonos del canje emitidos bajo legislación extranjera cambiarlos por títulos “idénticos” aunque regidos por la ley argentina. El objetivo es que sigan cobrando frente a un eventual fallo negativo en Estados Unidos. Si la sentencia queda firme, el actual agente de pago –Bank of New York– no podría canalizar los fondos.

En el hipotético caso de que todos los acreedores accedan al cambio, el país se vería liberado de atravesar una situación de “default técnico”. Mientras no exista una decisión de la Corte Suprema, la mayoría de los acreedores no tendría incentivos para cambiar sus títulos con urgencia.

El éxito de la operación, explican desde el equipo económico, no está sujeto a lograr niveles de adhesión que garanticen la participación de todos los acreedores. Para cambiar un aspecto de las condiciones de pago –lugar o plazo– y mantener el título original sería necesario que accedan a cambiar sus papeles entre el 65 y el 85 por ciento de los bonistas. Sin embargo, desde Economía explican que ésta es una operación diferente que implica cambiar por papeles nuevos los bonos actuales y que quienes deseen seguir recibiendo sus pagos a través del Bank of New York podrán hacerlo. Por eso, la posibilidad operará como una garantía adicional de pago que estará vigente inclusive cuando la definición del litigio sea negativa.

Se trata de un proceso técnicamente sencillo, pero que no será fácil difundir entre los inversores minoristas. A favor de su proposición, en el Palacio de Hacienda advierten que la legislación argentina no es rechazada por los inversores extranjeros: el 70 por ciento del Bonar VII y el 80 por ciento del Boden 15, dos activos emitidos bajo ley local, están en manos de fondos del exterior.

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Hernán Lorenzino, ministro de Economía, irá al Congreso por las medidas.
Imagen: Joaquín Salguero
 
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