EL PAIS › EL MAGISTRADO EDUARDO PUIGDENGOLAS DENUNCIO INTIMIDACIONES DE UN REPRESOR

Amenazas a un juez mendocino

La intimidación fue telefónica. La hizo un hombre que se identificó con nombre y apellido como detenido por crímenes de lesa humanidad. Los destinatarios fueron el juez federal y el ex fiscal general de San Rafael.

 Por Ailín Bullentini

“Cuídense, estamos cerca”, le advirtieron por teléfono al juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, el pasado fin de semana. La amenaza fue expresamente dirigida a él y al ex fiscal general de esa ciudad Francisco Maldonado por un hombre que se identificó como uno de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, acusado en la instrucción de ese magistrado.

El fiscal general de esa ciudad mendocina está llevando a cabo la investigación sobre la amenaza, que permanece con secreto de sumario. Por ahora en sus manos –resta definir si no pasará al fuero de la ciudad capital de la provincia–, el actual fiscal general de San Rafael, Pablo Garciarena Robles, inició la causa por las amenazas que recibió Puigdéngolas el fin de semana, cuando el magistrado denunció la advertencia telefónica. Ayer a primera hora recibió de parte del juez federal la ampliación de la denuncia en su despacho. Hoy se presentará en el penal de San Felipe, de donde presuntamente provino la amenaza. “El autor de la amenaza se identificó con nombre y apellido. Esa persona es un acusado por crímenes de lesa humanidad, investigado por el juez y el fiscal amenazados, y cumple prisión preventiva en el San Felipe. Queremos corroborar que no haya sido alguien que quiso hacerse pasar por el acusado”, explicó a este diario el fiscal a cargo.

La causa permanece bajo reserva, aunque Garciarena Robles confirmó que el presunto amenazador es uno de los imputados en la última causa que instruyó el juez amenazado, quien cuenta con custodia policial.

No existen en San Rafael antecedentes de miembros del Poder Judicial que, por investigar hechos ligados a los secuestros, las torturas, las desapariciones y homicidios sucedidos durante la última dictadura cívico militar hayan recibido amenazas o ataques. Sin embargo, sí hay registros de algunos hechos de esa índole en Mendoza capital. Cuando comenzó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad, el presidente del tribunal denunció haber recibido amenazas o intimidaciones, recordó Garciarena Robles. En más oportunidades les ocurrió lo mismo a abogados de organismos defensores de derechos humanos y al fiscal general de Mendoza, Dante Vega. Puigdéngolas y Maldonado, el fiscal que era subrogante en San Rafael hasta hace poco menos de un mes, fueron los responsables de investigar, detener y procesar a catorce ex integrantes de la policía de Mendoza y ocho militares de un total de 35 acusados, a quienes se los investiga por su presunta comisión de delitos de lesa humanidad en esa ciudad durante la última dictadura militar. Se trata de la investigación más importante de San Rafael en materia de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado –incluye siete causas– y llegaría a la instancia de juicio oral este año. Este sería el segundo de ese distrito y el quinto de la provincia.

Algunos acusados desde la cárcel, como el sospechado de haber cometido la amenaza al juez y al fiscal, otros con el beneficio de la prisión domiciliaria, aguardan que la Justicia analice sus responsabilidades en homicidios, tormentos, asociación ilícita, robo o privación ilegítima de la libertad cometidos en los departamentos de General Alvear, Malargüe y San Rafael propiamente –todos pertenecen a la jurisdicción judicial de este último–. En el plan sistemático de exterminio del Estado genocida, los escenarios en donde se dieron la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos, como el palacio policial rafaelino, eran considerados “de tránsito” hacia centros clandestinos más feroces.

La instrucción de esta megacausa, conocida como “causa Báez”, no fue la única intervención de Puigdéngolas en hechos relacionados con crímenes de lesa humanidad. El año pasado, estuvo a cargo junto al Equipo Argentino de Antropología Forense de la búsqueda de restos óseos humanos en inmediaciones de un ex refugio militar ubicado en el departamento mendocino de San Carlos. Si bien la búsqueda resultó en el hallazgo de restos óseos, aún no hay información de su pertenencia. Además, ordenó el procesamiento de Julio Demetrio Petra, el camarista que luego de ayudar al ex juez Otilio Romano, quitándole del medio al magistrado que investigaba su complicidad en el genocidio de la década del ’70, se encontró con él a tomar champagne.

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El juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, recibió el llamado el fin de semana.
 
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