La Sala II de la Cámara Federal ordenó continuar una investigación sobre la firma del decreto 929/13, que estableció el acuerdo de YPF con la petrolera norteamericana Chevron para inversiones en Vaca Muerta, que se abrió con una denuncia contra la propia presidenta Cristina Kirchner. El tribunal ratificó la decisión de la jueza María Servini de Cubría de anular un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que decía que no había habido delito. El fallo criticó a Taiano por haber sacado conclusiones sin recabar mayor información y señaló que su planteo “carece de validez argumental”.

El acuerdo YPF-Chevron había sido denunciado penalmente por el diputado de Nueva Izquierda Alejandro Bodart y el abogado ambientalista Enrique Viale, quienes a raíz de la firma del decreto pidieron que se investigara a la Presidenta por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentantiva. El decreto presidencial creaba el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos en Neuquén y, según los denunciantes, viola la Ley de Hidrocarburos, el artículo 124 de la Constitución Nacional (que atribuye a las provincias el dominio originario de los recursos naturales) y se diseñó en beneficio de Chevron. Advertían, además, que la técnica que se utilizaría para extracción es el fracking, que puede afectar los recursos hídricos.

Ante las denuncias penales lo más habitual es que los fiscales impulsen la investigación, salvo raras excepciones. Taiano sostuvo que no detectó “irregularidad o inobservancia legal”, por lo que descartó “la tipicidad de las conductas denunciadas”. Al entender de los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun, queda “de manifiesto que, en rigor, existe –al menos– una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado”. El camarista Eduardo Farah, en cambio, se pronunció a favor de dejar en pie el dictamen del fiscal Taiano que, señaló, había tenido incluso el control y aval de otro fiscal, Federico Delgado. A su entender, la jueza Servini simplemente no estaba de acuerdo con que no se impulsara la acción penal.

Los jueces que tuvieron la posición mayoritaria cuestionaron que Taiano había hecho “formulaciones que son propias de la valoración que se efectúa tras una investigación penal –extremo precisamente ausente en este legajo– no teniendo correspondencia ni con el estado de desarrollo de este expediente ni con el amplio relato efectuado en la denuncia que lo encabeza”. Sostuvieron que el fiscal asumió una postura que “estuvo anclada no sólo en una visión estrictamente formal de los hechos, sino también parcializada, pues ha soslayado otros aspectos que fueron incluidos en la ampliación de la denuncia, como la falta de remisión del decreto a la Comisión Bicameral Permanente”. El dictamen, remarcaron en duros términos, “no está motivado en la ley ni en la totalidad de las constancias incorporadas, impidiendo ello considerarlo una derivación razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa”.

Ahora el expediente volverá a primera instancia y habrá una investigación.