EL PAíS › LA JUEZA MARíA SERVINI DE CUBRíA DENUNCIó A UN JUEZ Y UN FISCAL POR EL CASO DE PéREZ CORRADI

Un allanamiento que terminó en papelón

Servini sostuvo que el juez Diego Martínez y el fiscal Federico González no debieron ordenar el allanamiento en la casa de la ex mujer del prófugo, que terminó con dos perros muertos y niños maltratados. Martínez había denunciado a la Bonaerense y a la AFI.

 Por Raúl Kollmann

El violento allanamiento en la casa de la ex esposa de Ibar Pérez Corradi derivó en dos denuncias penales y un cierto choque entre jueces. En el corazón de la historia están los gravísimos errores cometidos por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Policía Bonaerense que le informaron al juez de San Isidro Diego Martínez que Pérez Corradi estaba en ese domicilio, armado. La información resultó falsa. Ayer la noticia fue que la jueza federal María Romilda Servini de Cubría denunció a Martínez y al fiscal Federico González por “averiguación de delito”. Lo propio hizo el fiscal Franco Picardi. Según su criterio, no había razones suficientes para el allanamiento y, además, deben investigarse las gravísimas irregularidades cometidas en el procedimiento. En San Isidro, el juez Martínez, que ordenó el allanamiento, ya había denunciado a la Policía Bonaerense porque en el procedimiento mataron dos perros, destrozaron la casa de Liliana Aurehhuliu y les apuntaron a los tres chicos de Pérez Corradi. Fuentes cercanas al prófugo le dijeron a este diario que Pérez Corradi no está preso y goza de buena salud en Paraguay. En los próximos días, supuestamente, retomarían los pasos para que se entregue.

El juez de San Isidro recibió una denuncia por encubrimiento de Pérez Corradi –supuestamente le estaban dando cobijo al prófugo–, sobre la base de información surgida de la AFI. Como se trataba de dos domicilios ubicados en su distrito judicial, le ordenó a la Policía Bonaerense que verificara ambos domicilios y tratara de establecer la veracidad de los datos que le aportó la ex SIDE. Los uniformados bonaerenses chequearon y le dijeron al juez que había dos camionetas en el domicilio de Don Torcuato, ambas a nombre de Pérez Corradi, lo que hacía probable que la información fuera correcta. Sobre esa base, Martínez ordenó el allanamiento. En ese momento, Servini de Cubría no había aceptado la competencia en el caso de la efedrina, lo que hizo recién el último viernes, dos días después del procedimiento.

El Grupo Halcón de la Bonaerense hizo un verdadero desastre en la casa de Aurehhuliu. Las imágenes son categóricas: tiraron abajo la puerta, mataron a dos mascotas, tiraron gases lacrimógenos, obligaron a los niños a tirarse al piso, les apuntaron con las armas y luego destrozaron muebles, sacaron la ropa de los placares, revolvieron todo con inusitada violencia. Recién al final del procedimiento aceptaron exhibir la orden de allanamiento. Al ver las imágenes, el juez Martínez presentó una denuncia penal contra los efectivos de la Bonaerense, por lo que se abrió una causa en la Justicia de San Isidro. La instrucción está a cargo de un fiscal de ese distrito.

En forma sorpresiva, ayer Servini de Cubría y el fiscal Franco Picardi presentaron una denuncia contra Martínez y el fiscal Federico González de San Isidro. Los imputan por “averiguación de delito”. La magistrada sostiene que no había motivos suficientes para realizar el allanamiento y, por supuesto, agregó las serias anomalías en el procedimiento de la Bonaerense. El caso quedará en manos de Norberto Oyarbide o de Luis Rodríguez, que unificarán en un solo expediente las denuncias de Servini y Picardi.

Más allá de la disputa entre los magistrados, la cuestión de fondo está en los hechos que rodearon el allanamiento. En primer lugar, porque la información de la AFI y de la Bonaerense resultó falsa.

Se supone que un trabajo serio de inteligencia debería establecer si Pérez Corradi estaba ahí o no. Aparentemente, los agentes confundieron a la nueva pareja de Aurehhuliu con el prófugo. Tampoco acertaron en la propiedad de las camionetas. En segundo lugar, la increíble violencia del procedimiento, que más que buscar a Pérez Corradi pareció ser un apriete. Los abogados del prófugo se deshicieron en elogios respecto del gobierno de Mauricio Macri, señalando que ahora sí hay garantías para que Pérez Corradi se entregue, lo que preanuncia un acuerdo sobre su declaración. Por las dudas, le recordaron lo que tiene que decir a través de la violencia del allanamiento.

Sin embargo, en la previa hubo espacio para otro papelón. Los medios paraguayos difundieron el viernes que efectivos de la gendarmería argentina y la AFI estuvieron en ese país en un procedimiento para capturar a Pérez Corradi. Es más, fuentes del gobierno hicieron correr la versión de que habían atrapado al prófugo. A casi una semana de esos hechos, aún no está del todo claro qué ocurrió, pero Interpol Paraguay y la agencia antidrogas guaraní desmintieron que lo hayan detenido. Según allegados al prófugo, éste está en libertad aunque todavía no se volvió a comunicar con sus abogados, quienes aseguran que a la brevedad se retomará el proceso de entrega de su cliente.

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La ex mujer de Ibar Pérez Corradi, Liliana Aurehhuliu, en su casa de Don Torcuato.
 
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