Teniendo como marco el 157 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones sociales encabezados por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) exigieron en Washington al gobierno del presidente Mauricio Macri que “repare los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados” por los decretos que anularon parte de la normativa legal sobre servicios de comunicación audiovisual y “garantice la transparencia, participación plural y representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación”. Por su parte, los representantes del Gobierno, sin responder a los cuestionamientos que se le formularon, se apoyaron en el argumento de que los decretos dictados por el Ejecutivo y refrendados esta semana por la Cámara de Diputados fueron realizados “en pleno cumplimiento de las facultades constitucionales otorgadas al Presidente”. De esta manera, quedaron configuradas dos posiciones antagónicas respecto de la política comunicacional en el país donde los temas más relevantes se agrupan en torno a la libertad de expresión, pluralidad de voces, participación ciudadana de la sociedad civil en el ámbito de las comunicaciones y concentración de la propiedad de los medios.

La audiencia se concretó a partir de una presentación hecha por el CELS que fue acompañada por un gran número de entidades que conforman la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).

Poco antes del cierre de la audiencia hizo uso de la palabra el Relator Especial para la Libertad de Expresión, el abogado uruguayo Edison Lanza, quien después de agradecer y valorar la participación de los representantes gubernamentales, puso énfasis en la necesidad de que el gobierno argentino dé respuestas frente a la demanda de participación activa de los actores de la sociedad civil en la elaboración de una futura ley de comunicaciones y acerca de los recaudos que el oficialismo debería tomar para cumplir con los estándares internacionales que limitan la concentración de la propiedad de los medios.

La representación de la sociedad civil fue encabezada por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, a quien acompañaron Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes), Damián Loreti (CELS), Néstor Busso (Farco), Daniel Badenes (Redcom) y Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús. Por el Gobierno asistieron el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj; el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy; Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Eduardo Bertoni; el embajador ante la Organización de Estados Americanos, José Arcuri; y la directora del Enacom, Silvana Giúdici.

La audiencia, presidida por el comisionado James Cavallaro, se inició con una presentación de Verbitsky, quien comenzó su presentación haciendo referencia al “muy alto impacto” que generó la “anulación” de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) dado que “con el pretexto de las falencias en la aplicación” se sustituyó “un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal que excluye a la sociedad civil”.

Según señaló el presidente del CELS, “si la implementación de la ley era incompleta e imperfecta, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada”.

Si bien no hubo intercambio directo entre las partes, salvo en un breve cruce final, la mayoría de los argumentos de los peticionantes se alinearon para reclamar la conculcación de derechos respecto de la comunicación que surgen de las medidas oficiales, mientras que las voces del Gobierno apuntaron a señalar “la hegemonía comunicacional del gobierno anterior”, el “hostigamiento” a periodistas y la distribución “arbitraria” de la publicidad oficial. Frente a tales afirmaciones, Verbitsky dejó sentado que la delegación oficial se dedicó a hablar “del pasado” y no respondió a los cuestionamientos que se le formularon, advirtiendo también que si bien se aduce que las medidas adoptadas son “transitorias”, tienen ya efectos jurídicos directos. El presidente del CELS habló también de “una política de hechos consumados, que habilita una mayor concentración, en vez de limitarla”, como ha recomendado la misma CIDH.

En una de las intervenciones más extensas, Damián Loreti advirtió sobre los “graves impactos” en materia de libertad de expresión en la Argentina que se generan a partir de las medidas recientes adoptadas por el Gobierno, que producen, entre otras consecuencias, “la afectación de la autarquía legal de los organismos encargados de la aplicación de leyes se servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones”. El abogado especializado en el tema y doctor en Comunicación hizo también apreciaciones legales respecto de la necesidad de establecer límites al proceso de concentración de la propiedad y para que se garantice “la diversidad de medios para la democracia”, observando que es altamente contrario a ello el régimen de renovación automática de las concesiones a los licenciatarios. Para Loreti, la libertad de expresión se apoya en “pluralidad de voces (medidas antimonopólicas); diversidad de las voces (medidas de inclusión social), y no discriminación (acceso en condiciones de igualdad a los procesos de asignación de frecuencias)”.

Martín Becerra sostuvo que no se solicitó la audiencia para analizar las intenciones del Gobierno respecto de la “convergencia” ni para evaluar el “desempeño de gobiernos anteriores”, sino para “examinar los efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno” que “agrava el problema de la concentración” de la propiedad de medios, y “gubernamentaliza” la “aplicación de políticas, alejándose del ideario republicano, combinando pues la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”.

Miguel de Godoy, hablando en nombre del Gobierno, sostuvo la disposición oficial a dialogar con los ahora peticionantes y se comprometió a abrir “instancias de diálogo porque eso es lo que más nos interesa”, dado que “cuando uno dialoga con todos, la solución siempre puede ser buena”.

La audiencia en Washington sirvió para terminar de configurar el escenario del debate de la comunicación en el país, discusión que habrá de prolongarse también en los escenarios internacionales.