EL PAíS › PERSONAL CIVIL QUISO ENTREVISTAR A BáEZ

Una visita no autorizada

 Por Irina Hauser

Personal civil de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad –o al menos así fue como se presentaron– intentó ver a Lázaro Báez con la excusa de entrevistarlo, en el penal de Ezeiza, donde el empresario está detenido desde la semana pasada por orden del juez Sebastián Casanello, en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero. A los agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) les llamó la atención la visita ya que no existe motivo para que nadie de “inteligencia criminal” se presente a ver a un preso, y menos sin permiso del juez. Entonces llamaron al juzgado y confirmaron que Casanello no había autorizado ni enviado a nadie. Tuvieron que ponerse firmes e impedirles el ingreso. Ahora es posible que se investigue si realmente los supuestos espías habían sido enviados por la cartera a cargo de Patricia Bullrich.

En el juzgado quedaron algo alarmados por lo sucedido, y evaluaban qué pasos dar. Pero antes estaban concentrados en otra cosa: como buena parte del relato que el viernes ofreció durante doce horas el comisionista Leonardo Fariña estaba vinculado con supuestas irregularidades y negocios en torno a la obra pública durante el kirchnerismo, Casanello decidió enviar copia de su declaración a otros juzgados federales. En una resolución aclara que se trata de una declaración como imputado, por lo tanto no está obligado a decir la verdad, pero sugiere que podría aportar elementos útiles para expedientes que tramitan Julián Ercolini, Daniel Rafecas y Marcelo Martínez de Giorgi.

El juez explica en ese texto que Fariña hizo una descripción general de cosas que supuestamente sabe y se refirió a un “plan sistémico cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas públicas mediante la obra pública”. Luego Casanello detalla que el imputado (quien está detenido en otra causa, por evasión fiscal) “explicó que existía una estructura para la adjudicación fraudulenta de obra pública que involucraba al Ministerio de Planificación Federal, a la Cámara Argentina de la Construcción y a la Sigen, entre otros organismos, y que favorecían a las empresas de Lázaro Báez y de Carlos Wagner –presidente de la C.A.C–, tales como Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla, Sucesión de Adelmo Biancalani, Esuco, etc. Añadió la participación en el esquema de la AFIP, la UIF y el BCRA. No sólo ello, sino que también sugirió que la complicidad se extendía hasta el Poder Legislativo, pues allí se aprobaba el presupuesto de donde salía el financiamiento para las obras. También aludió a la asignación de áreas petroleras a empresas de Lázaro Báez (Epsur y Misahar), a la licitación de la represa Cóndor Cliff, al otorgamiento de créditos hacia las empresas de Báez por parte del Banco de la Nación Argentina y a la emisión del fideicomiso financiero en Nación Fideicomisos (asunto en el que sí habría tenido intervención directa)”.

En función de esto recuerda que en la causa que tiene el juez Ercolini, hubo un requerimiento de instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, en base a una denuncia de Elisa Carrió y un grupo de legisladores de 2008, que señalaba posibles negocios con las adjudicaciones en obras viales y otras del Plan Federal de Vivienda. Pedía investigar desde al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, al ex ministro Julio De Vido, hasta a Báez y Carlos Zannini, ex secretario Legal y Técnico de Presidencia. La causa nunca fue cerrada. El juez le envía la declaración a Rafecas porque tiene la causa sobre el préstamo del Banco Nación a Austral Construcciones y Martínez de Giorgi investiga la licitación de la represa Cóndor Cliff.

Desde que Báez fue espectacularmente detenido la semana pasada al aterrizar en el aeropuerto de San Fernando, se suceden sorpresas sin respiro. El sábado el fiscal Guillermo Marijuán hizo un nuevo requerimiento de investigación donde incluyó sin distinción a Cristina Kirchner, De Vido, el ex titular del Banco Central Juan Carlos Fabregas, el titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, y el financista Ernesto Clarens. Por ahora, Casanello ordenó múltiples allanamientos y derivó posibles nexos con otros casos.

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