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Escalofríos tarifarios

El tarifazo llega a la Corte, justo antes de la Feria. El sensato fallo de la Cámara platense. El Gobierno le marca el camino a la Corte. Las alternativas para el Tribunal. Lo que va de la Corte estable a la Corte mínima. Los veredictos colectivos y los vericuetos judiciales sobre el aumento. Qué quiere tapar el árbol de Comodoro Py.

 Por Mario Wainfeld

Cuarenta y cinco días por año, más los feriados que disfrutan otros mortales… las vacaciones XL son uno de los privilegios especiales que dispensa la función judicial. Menos chocante que la elusión impositiva, “la feria” es igualmente sagrada. Son contados, si es que los hay, los organismos estatales que dejan de atender normalmente durante tanto tiempo.

Hay unos cuantos judiciales (de cualquier rango) a quienes les place atender en feria. Los edificios y las mesas de entradas están vacíos, tranquis. En numerosos fueros la actividad merma mucho y la que hay es importante. Se trabaja de modo distinto, hay quien prefiere el desafío de ser veloz y expeditivo, tan distinto a la cultura cotidiana.

En invierno tocan dos semanas de reposo, que este año corren desde el 18 de julio al primero de agosto. Como la realidad es imparable, en cualquier instancia quedan jueces, secretarios y empleados de guardia para atender urgencias impostergables. En la Corte Suprema de Justicia esta vez fue designada la doctora Elena Highton de Nolasco, apoyada por un secretario letrado y una dotación sensata de empleados.

En el pórtico de la feria invernal, la Corte es interpelada por una cuestión político-económico-social acuciante. Los aumentos de tarifas dispuestos por el Gobierno del presidente Mauricio Macri han desatado una oleada de recursos judiciales, repartidos en la generosa geografía nacional. Hay excepciones, como en todos los órdenes de la vida, pero una mayoría aplastante de las sentencias dictadas suspenden el tarifazo. Su alcance suele ser local, condición que a veces abarca toda una provincia, otras una parte importante de esos distritos, ora un municipio. Hasta el jueves, el mapa se venía cubriendo de lugares en los que se frenó el aumento. Un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata cambió la escala del conflicto, acentuando la tendencia dominante: resolvió suspender la aplicación del aumento en todo el país.

El Ejecutivo anunció que deducirá recurso extraordinario ante la Corte. Es el que corresponde porque ya se han recorrido las dos instancias habituales. En ese sentido, y en varios más, el trámite de ese expediente está (o es) más avanzado que sus símiles de otros pagos.


La Corte estable y la Corte mínima: La integración de la Corte que promovió el entonces presidente Néstor Kirchner fue, lejos, la más duradera de la historia. Se prolongó durante más de nueve años, hasta el fallecimiento de la jueza Carmen Argibay. La ulterior muerte de Enrique Petracchi y las renuncias de Eugenio Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt desmantelaron al Tribunal que quedó reducido a tres miembros. El flamante juramento de Horacio Rosatti eleva la dotación, que se completará cuando llegue Carlos Rosenkrantz, quien difirió su desembarco para atender asuntos privados, un modo disvalioso de comenzar. Sobre todo para quien antes intentó colarse al Palacio de Justicia por la ventana, merced a un decreto presidencial.

El aumento exorbitante e inconsulto de las tarifas es sencillo de evaluar, desde el sentido común. No cumplió con las instancias consultivas previas y pone en riesgo el patrimonio o la subsistencia de millones de argentinos. Debe reformularse, con racionalidad y estudio, recaudos que fallaron en el Excel del desacreditado (por varios flancos) ministro de Energía Juan José Aranguren. Desde un ángulo judicial, como intuyó el jurisconsulto Franz Kafka, las cosas son más intrincadas.

El tribunal de siete que nació en 2004 hubiera podido florearse con este asunto, que atañe a derechos de los consumidores, a la necesidad de audiencias públicas, a plantarse ante los otros poderes del Estado. El abogado y académico Ricardo Lorenzetti se lució en textos enalteciendo los derechos de los consumidores y fue coherente como cortesano con tales principios durante años. En ese pasado, hubiera sido razonable profetizar un fallo señero del Tribunal, en defensa de los intereses de “la gente” que siempre exalta Lorenzetti en sus homilías laicas. Pero el viraje-conversión ostensible desde hace un par de años y acentuado desde la victoria electoral de Macri prefigura un futuro más vidrioso e impredecible. Vamos por partes, decía Jack el gasista.


El fondo y la forma, ma non troppo: El Ejecutivo tiene potestades para aumentar el precio de los servicios públicos concesionados. La facultad no es absoluta, pues deben respetarse derechos constitucionales de los usuarios, el de propiedad entre otros. El nuevo precio no puede ser confiscatorio, esto es, poner en riesgo el patrimonio de los consumidores.

Las subas están supeditadas a la realización de audiencias públicas previas, conforme lo marcan la Carta Magna en su artículo 42 y normas legales concordantes. Las audiencias no son vinculantes, asiste quien quiere y no se vota. De cualquier forma, no se trata de un ritual o una formalidad hueca. En esos debates se ventean las razones del Estado, la ecuación de costos de los prestadores del servicio, el impacto de las movidas para las personas del común o las empresas. Esos elementos informativos son imprescindibles para reclamos judiciales. Las audiencias no son un rito sino una instancia pública imprescindible que no suplen las discusiones en los medios o en el Ágora.

La Cámara platense fue atinada al suspender el tarifazo por ausencia de un trámite institucional irremplazable. Es una falla de implementación evidente, comprobada, irrebatible, que vicia la medida del gobierno. Es mucho más complejo y variado discernir el daño causado a cada argentino o cada empresa o cada economía regional en particular.

Claro que el aumento es colosal y parece bastar la exhibición de las nuevas facturas versus las viejas. O comparar los menguantes sueldos con un solo rubro del presupuesto casero. O las flaqueantes ganancias de las pequeñas y medianas empresas respecto de un rubro solo de sus costos. Por eso hubo ya un veredicto popular, masivo, expandido. Movilizaciones, centenares de recursos de amparo individuales o colectivos, frazadazos, un cacerolazo nacional en ciernes son más un pronunciamiento que una señal.

El macrismo trata denodadamente de buscar “manos negras” del Frente para la Victoria (FpV) agitando cualquier demanda “en su contra”. En este asunto, se ve en figurillas. Hay una sola gobernadora cabalmente enrolada en el FpV, la santacruceña Alicia Kirchner. Los demás integran las filas de Cambiemos o de fuerzas sedicentes opositoras pero muy complacientes con el poder central. Son los beneficios del esquema de poder heredado del kirchnerismo: una supremacía de la Nación respecto de las provincias. Se puede saludar el esquema, anhelar su reforma o mejora, deplorarlo… es imposible negar su existencia. Aun así, los gobernadores hacen cola para acompañar las protestas o ponerse al frente. El socialista santafesino Miguel Lifstchitz dice que hay que suspender las subas. El ex mandatario sanjuanino José Luis Gioja se suma. Hasta la diputada Margarita Stolbizer (GEN) concuerda. Varios radicales con sentido del pudor toman distancia de Macri, en ese aspecto. No les “queda otra”: es impolítico contrariar reclamos tan razonables y enérgicos.

El vasto conjunto de Asociaciones de Consumidores, de mejor o peor trayectoria, es transversal: las hay cercanas a diversos partidos, las hay independientes. Tienen como antecedente cercano haberle hecho frente a gobiernos anteriores, incluso generando condiciones para frenar los contados intentos de aumentos de tarifas del kirchnerismo.

La revuelta masiva y pacífica es un signo de la etapa: la sociedad civil activa más allá y antes que los partidos políticos. Los damnificados se defienden por derecho propio, con escasas articulaciones que trasciendan las fronteras distritales.

“El pueblo”, “la gente”, “los usuarios” solfean a su modo la música del gurú Javier González Fraga: se creen con derecho a no aterirse (usemos un eufemismo) de frío o a no privarse de otros consumos esenciales para pagar el gas en un invierno que se empecina en ser muy frío.

El gobierno debió reparar (en doble acepción) sobre la sensatez del reclamo. Escucharlo y paliar el daño causado por sus medidas pro corporativas, huérfanas de toda sensibilidad. La apodada “tarifa social” fue solicitada por tres millones de argentinos pero se desconoce a cuántos le fue concedida. La fronda en las calles y las plazas sugiere que la manta no tapa a todxs. La gestión PRO no sobresale por su velocidad y eficiencia para atender a los más humildes.


Aprietes y brindis: El macrismo alega respetar la independencia del Poder Judicial, objetivo que el ministro de Justicia Germán Garavano traduce apretando a la Corte a través de los medios para que se haga cargo del entuerto y escribiéndole el borrador del fallo. No todo es presión, los sanguchitos también existen. Lorenzetti ha transcurrió estas jornadas previas a la Feria en peculiar compañía: pavoneándose en la Embajada de Estados Unidos y en San Miguel de Tucumán codo a codo con el presidente. Los llamados “alegatos de oreja” están en el orden del día, es un dato sobre desigualdad: las empresas y el gobierno tallan fuerte en esas reuniones VIP en las que los ciudadanos no tienen arte ni parte ni entrada.

El gobierno quiere que la Corte intervenga mediante per saltum en alguna causa que no sea la de La Plata. Y que resuelva que todos los juicios contra el tarifazo tramiten ante los tribunales Contencioso Administrativo federales de la Capital Federal. Ya lo propuso así una jueza de primera instancia dispuesta de ese fuero, María Alejandra Biotti.

El camino es opaco por dos motivos. En lo formal, el per saltum (como su nombre lo indica, saltearse una instancia e ir a la Corte desde la Primera) es una herramienta cuestionable, en particular por el modo en que la usó en su momento el ex presidente Carlos Menem. Puede ser legal, pero de baja legitimidad.

Lo peor es el fondo. El Contencioso Administrativo es un Fuero parcial, corpo friendly, hechura también del menemismo. Lo diseñó el entonces ministro de Justicia Carlos Barra cuando su tocayo Corach y Hugo Anzorreguy armaban una “Justicia” Federal que da vergüenza. Fue concebido y provisto de magistrados, junto a grandes estudios de empresas privatizadas, como el de Gregorio Badeni o la familia Cassagne. La finalidad, hacerle de guardaespaldas letrados. Fiel a su origen y esencia, ese Fuero “garantizaría” sentencias a favor de las concesionarias, como viene haciendo desde hace algo más de veinte años. Se inclinaría la cancha, con tribuna ululante a favor del local y referís sospechados de bomberos.

La “vieja” Corte jamás se hubiera internado en ese atajo, digno de Poncio Pilatos: hacerse los distraídos de la consecuencia obvia de sus designios. Habrá que ver qué pasa con la actual.

La Cámara Federal de la Plata le abrió a los Supremos una hendija de oportunidad: es reconocer la ausencia de audiencias públicas como óbice al aumento sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. El mejor procedimiento sería intervenir en ese pleito, que ya fatigó dos instancias y no apurar con dudosos manejos otros pleitos menos avanzados.

Hay Acuerdo pasado mañana: si la Corte adopta ese parecer los tres jueces varones hasta podrían disfrutar de la Feria. Los estorba un brete de plazos (el expediente no se elevó aún) que podría salvarse con creatividad jurídica.

Lorenzetti ha sido amigable con el oficialismo, por ponerlo de modo benevolente. Fallos favorables a las empresas o a aliados de PRO son moneda corriente desde noviembre del año pasado. Claro que el tarifazo es una medida antipopular por antonomasia lo que tal vez ponga coto a la empatía entre los Supremos y el Ejecutivo. Suscribirlo de algún modo o “lavarse las manos” de modo burdo puede resultar un búmeran para la valoración ciudadana de la Corte. Un escalofrío debe recorrer la espalda de su presidente, un protagonista obsesivo de su imagen y del espejo como pocos.


Las valijas y el bosque: La judicialización de la política siempre arrastra contraindicaciones. Es paradójico, al menos en apariencia, que el Gobierno que trata de tapar el bosque económico con las novedades de Comodoro Py, deba lidiar con las demandas judiciales contra sus atropellos económicos.

La corrupción kirchnerista es el recurso cotidiano del oficialismo y el formidable dispositivo mediático que lo aúpa. La irrupción almodovoriana o tarantinesca del ex Secretario de Obras Públicas José López fue un salto cualitativo favorable a la estrategia oficialista. A diferencia de otros casos, más endebles o poco probados, López “confesó” enriquecimiento ilícito, solo para empezar. Las imágenes golpean al kirchnerismo, la necesidad de investigar “hacia arriba” y al costado son inexcusables.

Solo el tiempo dirá si sufrirá una caída o un knock out, como ansían y fomentan el macrismo y el Grupo Clarín. El porvenir no está escrito, depende de desempeños futuros del oficialismo y la oposición.

Las denuncias sobre corrupción macrista no contrapesan el impacto. En parte porque los aliados periodísticos y judiciales las amortiguan dentro de sus posibilidades. En parte porque esas lacras no se compensan entre sí. En todo caso, se agregan y desacreditan en conjunto al sistema político.

El macrismo tiene chances de echar lastre: prescindir del intendente de Lanús Héctor Grindetti. Y aun de usar de chivo emisario o fusible al ministro de Energía Juan José Aranguren. La conducta de éste es deplorable, el conflicto de intereses es su marca de fábrica, ha favorecido al sector productivo que integra, sumándole mala praxis y mala fe en la compra de gas chileno. Pero sería errado endilgarle el conjunto de la política económica de Macri. Los incrementos ciclópeos armonizan con el encarecimiento general del costo de vida. Los despidos, en trazos gruesos, exceden el área de “Juanjo” Aranguren. El relato oficial soslaya cifras que trata de camuflar con lamentos generales, que rematan excusando toda responsabilidad propia. De todas formas, las cesantías en el sector privado ya superan largamente a las brutales podas en los distintos niveles del estado. Las Cámaras empresarias no oficialistas proyectan 450.000 o medio millón de personas en la calle en 2016. Con esos guarismos, pasa a ser un subterfugio enunciar que la inflación es el mayor problema. La rebasan la recesión, los cierres de comercios minoristas, el aluvión de vecinos a los comedores populares, el achicamiento del PBI que rondará el 2 por ciento según previsiones templadas, como la de Miguel Bein. La lluvia de importaciones a valores de dumping ensombrece el futuro inminente de actividades mano de obra intensivas, con fuerte componente de capitales argentinos.

El show de Comodoro Py no tapa el sombrío presente en el que viven los argentinos. El segundo semestre amaneció helado y será nefasto para las mayorías. La redistribución regresiva del ingreso va viento en popa, los indicadores sociales y laborales siguen otro rumbo. El desangelado festejo del Bicentenario muestra a gobernantes que empiezan a alejarse hasta físicamente de los argentinos de a pie.

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