EL PAíS › DEBATE SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES

El patrimonio de los Supremos

 Por Irina Hauser

Que si, que no, que así o asá. Los ministros de la Corte Suprema seguirán debatiendo hoy si hacen públicas –y cómo– sus declaraciones juradas de bienes, hasta ahora de acceso restringido según disposiciones de los tiempos de Julio Nazareno. La mayoría de los miembros del tribunal ahora está de acuerdo con dar a conocer su patrimonio, pero algunos plantean condiciones a la cantidad y tipo de información que brindarían. Adolfo Vázquez, sobreviviente del menemismo, es el único que se opone rotundamente a la iniciativa. La candidata a jueza suprema, Elena Highton, señaló reparos “por razones de seguridad” (ver aparte). El Consejo de la Magistratura discute la misma disposición para los jueces inferiores.
La propuesta para que se conozca el patrimonio de cada Supremo la hizo en febrero el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, y desde entonces está en debate. La idea inicial apuntaba a que el listado de bienes, cuentas y sus respectivos valores sean publicados en Internet, pero hubo jueces que pusieron “peros”. El primero en chillar fue Vázquez, que dijo que transparentar sus posesiones lo pondría en una situación de “desprotección ante la delincuencia”.
Carlos Fayt sumó sus dudas: avisó que su intención es apoyar la resolución, pero pretende poner límites. Se basa en normas norteamericanas –de la Comisión de Declaraciones Patrimoniales de la Asamblea Judicial de ese país– que cuestionan la publicación en la web del listado de bienes y que exigen que quien quiera saber lo que tiene un magistrado explique sus razones. En realidad, así es la disposición actualmente vigente, que en la práctica es una barrera al acceso a la información. Fayt también impulsa restricciones de contenido: pone en duda que figuren datos, por ejemplo, sobre bienes de los cónyuges o los domicilios familiares.
Juan Carlos Maqueda, Augusto Belluscio, Raúl Zaffaroni y Antonio Boggiano apoyan sin muchos retoques la idea de Petracchi, que se aplicaría también a los secretarios. Lo más probable es que se pidan dos declaraciones juradas, una pública con información global y otra secreta, con detalles. El Consejo de la Magistratura deberá poner en marcha una norma similar para los jueces inferiores. Ya hay dos proyectos en discusión. Uno lo presentó el consejero y abogado Beinusz Szmukler, y otro la diputada Marcela Rodríguez (ARI). Alientan para que la información aparezca en Internet.

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