EL PAIS › EL JUEZ CANICOBA CORRAL ORDENO LA DETENCION DE SIETE POLICIAS

La patota de Albano Harguindeguy

El arresto se dispuso por su responsabilidad en la Masacre de Fátima, donde fueron asesinadas a balazos y luego dinamitadas treinta personas.

 Por Victoria Ginzberg

El 20 de agosto de 1976 treinta cadáveres fueron encontrados en la localidad bonaerense de Fátima, partido de Pilar. Eran jóvenes –diez mujeres y veinte varones– que habían sido asesinados a balazos y luego dinamitados. Algunos estaban irreconocibles. Muchos tenían atadas las manos a la espalda. Varios años después, se supo que se trataba de desaparecidos, que habían estado alojados en el centro clandestino que funcionó en la Superintendencia de Seguridad (ex Coordinación) de la Policía Federal. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó ayer la detención de siete policías retirados por su participación en ese hecho.
Los represores cuyos arrestos fueron dispuestos por el magistrado son: los comisarios generales Juan Carlos Lapuyole y Carlos Vicente Marcote, el principal Carlos De La Llave, los comisarios inspectores Carlos Enrique Gallone y Miguel Angel Timarchi, el comisario Jorge Mario Veyra y el suboficial Luis Alberto Martínez. Todos eran miembros de la dirección general de Inteligencia –que comandaba Lapuyole–, que estaba ubicada en el tercer piso del edificio de Superintendencia, en el mismo lugar donde estaban los calabozos en los que se alojaba a los detenidos.
El jefe de la Policía Federal en esa época era el general Edmundo Ojeda y el titular de Superintendencia el coronel Morelli. Ambos fallecieron.
El ministro de Interior y como tal responsable de la Policía Federal era el general Albano Harguindeguy, quien admitió en un documental que se pudo ver el año pasado que durante la última dictadura se secuestraron, torturaron y asesinaron a detenidos.
Cuando se encontraron los cadáveres en Fátima el ministerio que comandaba Harguindeguy difundió un comunicado en el que repudió “terminantemente este vandálico episodio sólo atribuible a la demencia de grupos irracionales, que con hechos de esta naturaleza pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino, así como también crear una imagen negativa del país en el exterior”.
El policía “arrepentido” Víctor Luchina –según el testimonio que brindó en la Conadep– estaba de guardia en el edificio de Moreno al 1400, donde funcionaba Superintendencia, la noche que se llevaron a los 30 detenidos. “Apagaron todas las luces. Sólo quedaron encendidas las del ascensor y de la playa de estacionamiento. Recuerdo que los detenidos eran treinta porque fueron contados. Algunos venían en mantas, envueltos, parecían estar muertos; otros venían tambaleándose como drogados”, manifestó. El ex policía atestiguó que ayudó a cargar a los detenidos en un camión verde oscuro. Al día siguiente –dijo– se enteró por los diarios que “habían sido dinamitados en Pilar”. La masacre había sido una “respuesta” a un atentado realizado en julio de 1976 en el edificio de la Superintendencia.
Las víctimas de Fátima fueron asesinadas por disparos de armas de fuego en el cráneo. Dos cadáveres estaban destrozados, ya que los cuerpos habían sido dinamitados. En ese momento, a partir de que se tomaran las huellas dactiloscópicas de los cuerpos, se pudieron identificar cuatro personas cuyos datos aparecían en los registros de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero el caso se cerró rápidamente.
En 1985 el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó los cuerpos que estaban enterrados en el cementerio de Derqui. La sanción de la Ley de Obediencia Debida motivó que la causa pasara por varios juzgados hasta que llegó a la Justicia Militar, donde se archivó. 24 cajones de madera con restos sin identificar quedaron en un cuartito del cementerio. Diez años después, con el marco jurídico del Derecho a la Verdad, los antropólogos y la Cámara Federal porteña reabrieron el caso. Del sobre de un expediente rescataron la llave del recinto donde estaban los cuerpos. Hasta ahora se identificaron a catorce personas.
Los siete policías sobre cuyas órdenes de arrestos fue notificado el jefe de la Policía Federal, comisario general Eduardo Prados, se sumarán a los veinticinco represores que ya están presos en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. La lista de detenidos se alargaría la semana próxima.

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La ex sede de Coordinación Federal alberga ahora a la Superintendencia de Seguridad Interior.
 
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