EL PAíS › OSVALDO GUGLIELMINO, PROCURADOR DEL TESORO

“Nos cuesta 500 mil dólares sólo explicar al Ciadi que no tiene competencia”

Está a cargo de la defensa del país en el tribunal internacional donde demandan las privatizadas. Explica las estrategias a seguir, los peligros que se corren y los mitos que circulan.

 Por Cledis Candelaresi

Desde hace unas semanas las celosías que amparan los ventanales que dan a Posadas de las principales oficinas de la Procuración del Tesoro están cerradas. Es sólo uno de los recaudos que tomó Osvaldo Guglielmino –el ex juez en lo contencioso administrativo que avaló el corralito y cuestionó la pesificación– para preservar la intimidad de las reuniones. Esas en las que se diseña la estrategia oficial para enfrentar las millonarias demandas de las privatizadas en el Ciadi y que le cuestan al fisco no menos de 500 mil dólares por cada expediente que se atiende. Extrañamente, el jefe de abogados estatales desconoce el tribunal para servicios públicos que planea crear su antecesor y ministro de Justicia, Horacio Rosatti. Pero tiene otras ideas quizá más osadas, como contratar al ex secretario de Defensa de la Competencia, Carlos Winograd, como “experto regulador”. O promover un proyecto de ley que impida a las asociaciones de usuarios y consumidores bloquear las decisiones del Estado.
–¿El Tribunal de Servicios Públicos que impulsa Justicia servirá para rechazar localmente los juicios adversos del Ciadi?
–No tengo datos sobre eso. Cuando uno entra acá, no puede hacer vida social ni para apartar los ojos de los expedientes.
–¿Pero existe la posibilidad de crear un tribunal local que tenga la potestad de convalidar o no un fallo del Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial)?
–No de derecho, aunque sí de hecho.
–¿Y qué posibilidad tiene Argentina de resistir una sentencia adversa?
–Ninguna. Hoy no hay sistema de apelación a los fallos del Ciadi.
–Pero en la hipotética situación en que hubiera un fallo contrario que obligue a indemnizar por 2000 millones de dólares, ¿cómo se ejecuta?
–Ahí los acreedores están en problemas. Esto le pasó al juez Thomas Griesa: no tenía bienes para disponer un embargo preventivo por los dictámenes a favor de los bonistas defaulteados. Los mecanismos de coerción son más sutiles. Por ejemplo, Argentina podría sufrir una suba en la tasa de interés de los nuevos préstamos.
–¿Esa es la mayor consecuencia de desconocer una sentencia arbitral?
–Argentina no diría “no pago” sino “no puedo pagar”. Si el laudo es extraordinariamente arbitrario existen mecanismos internacionales para seguir la polémica jurídica aunque no esté especificado en los tratados de inversión. Hay normas y organizaciones internacionales más grandes e importantes que el Banco Mundial, como los tribunales de La Haya. A veces se involucran los derechos humanos en una sentencia. Si un país tiene 15 millones de personas por debajo de la línea de pobreza puede resistir un fallo groseramente injusto porque con él se vulneran derechos esenciales.
–¿Cuando Argentina invoca la emergencia económica o problemas sociales no está reconociendo que violó contratos o tratados, pero excusándose en razones de fuerza mayor?
–Acá hay dos órdenes de discusión. Uno es el local, donde se debate si se cumplió o no el contrato de concesión. Otro es el internacional, referido a los tratados de inversión. ¿Qué hacen las empresas con accionistas extranjeros? Eluden la jurisdicción local diciendo que se violó un tratado. Los legisladores argentinos que aprobaron esos tratados están siendo injustamente cuestionados. Garantizar un trato justo y equitativo o la no discriminación son estándares internacionales correctos. El problema es la interpretación que hacen las empresas. Al punto de que un tribunal del Ciadi ahora convalidó la “cláusula paraguas”, por la que se considera que si se violó un contrato con una empresa extranjera, se violó un tratado de inversión.
–¿Entonces los tratados firmados en la década pasada no son cuestionables?
–Los tratados fueron una mínima garantía para atraer las inversiones que necesitaba el país. El problema es que después se utilizaron para negar la jurisdicción local y lo que era un instrumento para atraer inversiones se transformó en una pesadilla que nos cuesta 500 mil dólares en cada caso, sólo para ir a explicar al Ciadi que no tiene competencia en los conflictos por la desdolarización de las tarifas. Pero los planteos de jurisdicción son mecánicamente rechazados.
–¿Si se rechazan los planteos de jurisdicción y al menos un tribunal del Ciadi considera que una transgresión a los contratos...
–... Cuidado con la palabra transgresión porque denota incumplimiento.
–Los contratos tenían cláusula de ajuste en dólar para las tarifas que dejaron de aplicarse, más allá de que hubiera o no razones justas para hacerlo...
–Esa cláusula funcionaba en la medida que se necesitara un amparo contra la inflación. Pero acá se salió de la convertibilidad sin inflación o con inflación baja.
–¿Pero este criterio tiene algún sustento escrito, formal?
–Es lo natural y racional. ¿Cómo se puede pensar que un pueblo que gana en pesos tiene que pagar precios en dólares? Es un absurdo que reconoció el otro día en una audiencia en Washington Patricio Perkins como testigo de LG&E (accionista norteamericana de varias distribuidoras de gas). Acá se cambió la paridad cambiaria pero no subieron los salarios. En ese contexto no se podría haber aumentado un 200 por ciento las tarifas.
–¿No hay muchos indicios de que Argentina puede tener fallos en contra?
–El Ciadi no es muy independiente y defiende tratados de protección a las inversiones. Esto ya inclina un poco el fiel: no está en el medio, ni el partido arranca 0 a 0. Argentina tiene que probar que no violó el tratado que la acusan haber violado. Hay gente bien intencionada pero otra que no tiene interés de hacer justicia siquiera en ese contexto.
–¿Si una empresa levanta una demanda es posible que el Estado le reclame un resarcimiento por los gastos en que incurrió?
–Si no está contemplado en el contrato de renegociación, no. Y ése es un tema que por ahora maneja la Unidad de Renegociación. Sólo enviar la documentación a París, por un caso, nos costó 70 mil pesos.
–¿En qué medida el default influye en la disposición de los árbitros?
–No lo sé. Pero quiero recordar que el default más grande fue el de los Estados Unidos cuando salió del patrón oro. No somos los primeros en defaultear en el mundo. Si eso genera en los árbitros la imagen de un país poco serio o los conmueve para no ser tan duro, lo ignoro. Lo claro es que cualquier país serio necesita hacer sus cuentas y para esto es necesario terminar el canje. Sólo después se puede adoptar en firme cualquier decisión económica.
–¿En qué quedó el pedido de juicio político en su contra por haber incurrido en contradicciones respecto al corralito financiero?
–No hubo contradicciones. El 5 de febrero del 2002 dije que no tenía sentido declarar inconstitucional el decreto 1570 de Cavallo que indisponía los depósitos por tres meses porque no tenía elementos para saber si la medida era o no razonable. Lo único que sabía por informes del Central era que no estaba el dinero para devolver a los ahorristas. Después vino el 214, de pesificación, que provocó otra discusión. Yo la consideré inconstitucional porque era evidente que no se podía devolver todo el dinero a todo el mundo en ese momento, aún pesificando las cuentas. Pero como el Estado es eterno, de algún modo puede devolver alguna vez. Finalmente, mi criterio no fue muy distinto al que avaló la Corte, que pensó más en el valor que en la moneda. Lo que importa es cuántos bienes y servicios locales se compraba en noviembre del 2001 y cuántos ahora. Con 1,40 más CER se compra más.
–Si pensamos en inmuebles seguro que no.
–Los ahorristas tuvieron muchos meses para mejorar su posición económica. El único agravio que pueden acusar es que se vieron forzados a hacer una especulación que de otro modo no hubieran hecho. Si yo puedo recuperar 2,70 por cada dólar no perdí poder adquisitivo.
–Dígame un caso local en el que esté trabajando ahora.
–Estamos redactando un proyecto de ley para corregir una situación muy desventajosa, como que baste el dictamen de un sólo juez para anular un acto administrativo (un aumento de tarifas). Es algo que atenta contra la gobernabilidad, algo que tienen que pensar las asociaciones de usuarios cuando interponen cautelares: los consumidores también tienen derecho a ser bien administrados. Nuestro país ya tuvo una crisis por una incapacidad de gobernar, no sólo subjetiva sino objetiva. Por eso la idea es que en el futuro los amparos tengan que ser avalados en segunda instancia por una cámara y no sólo por un juez para ser eficaces.
–¿Su cargo es político?
–Soy abogado del Presidente de la Nación, jefe de los abogados del Estado y defensor argentino en los pleitos internacionales.
-¿Esto requiere afinidad política con el Presidente?
–A mí me ofrecieron el cargo un viernes a la noche de modo sorpresivo. Pero lo primero que le dije al Presidente es que no soy kirchnerista, ni duhaldista, ni menemista. Y, si me apura, ni siquiera sé si soy peronista. Aunque me afilié al PJ a los 18 años y fui militante. Pero los peronistas dimos tantas vueltas que ya no sé hacia dónde estoy mirando.

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