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Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

Abogado penalista de larga trayectoria, ex juez federal, ex legislador provincial, hoy funcionario municipal, Carlos Hairabedian conoce de cerca la cárcel, y sobre todo la de San Martín. Fue preso político ahí entre el ’76 y el ’79, porque integró la comisión de Legislación Penal y Carcelaria de la Legislatura y porque su actividad profesional lo llevó varias veces a entrevistarse con reclusos. Un día después de finalizado el motín más espectacular de la historia cordobesa, con un saldo de ocho muertos oficiales y más de sesenta heridos, habló con Página/12 y ofreció una visión descarnada y crítica sobre lo acontecido el jueves y viernes.
–¿Era previsible el motín?
–El problema es la falta de alternativa que se les ofrece a los detenidos con condena firme en los establecimientos carcelarios, donde prácticamente no hay ninguna posibilidad de ocupación del tiempo en un trabajo que sea medianamente útil y productivo. Es porque la infraestructura es totalmente caduca, los cuadros del Servicio Penitenciario no tienen preparación, tecnicismo ni idoneidad, además de estar muy mal pagos, y porque en definitiva, hay una mentalidad autoritaria que considera que el preso es lisa y llanamente irrecuperable. Existe un desprecio muy arraigado.
–¿Las condiciones del San Martín potencian esa cultura?
–Facilita la explosión, que perfectamente puede volver a producirse. Primero porque es de los penales más antiguos del país, se encuentra en condiciones verdaderamente calamitosas. Lo conozco, porque viví en él durante varios años durante la dictadura y el estado de la cárcel es el mismo de cuando comencé a ejercer la profesión en 1965. Está invadido de roedores, de mugre, de suciedad, de abandono, de desidia. Esto potencia el desprecio y la humillación a la que son sometidos aun los individuos más peligrosos, que padecen un sistema de disciplina interno, claramente autoritario. Pero todo es insuficiente si no reparamos en otro factor clave: la reforma de la legislación penal y del consiguiente aumento de penas, que tienen hoy una severidad monstruosa, producto de la falta de unidad en el Código Penal y de las catastróficas enmiendas que consiguió Blumberg. Esa severidad genera en los condenados una sensación de revancha, de resistencia, de espíritu de represalia y odio social.
–¿Qué papel les cabe a los que hacen y aplican las leyes?
–La aplicación de la ley va acompañada de un criterio represivo que forma un todo compacto entre lo que hace el legislador, lo que decide el juez y lo que complementa el Servicio Penitenciario. Tienen un hilo conductor que es el rechazo visceral a los derechos de los presos, como si interpretaran el sentir de cierto sector, que cree que va a conseguir mayor seguridad teniendo a esta gente en las peores condiciones. Y en lugar de sacar de la cárcel personas que tengan, por lo menos, una predisposición para poder hacer algo productivo, lo que extraen es un individuo altamente peligroso.
–¿Qué le dicen cárceles pobladas en su gran mayoría de jóvenes y pobres?
–Si un joven en este país no tenía expectativa, ni preparación, ni proyecto antes de delinquir, cuando es condenado termina de cerrar el círculo. Entonces no tienen nada que perder. Sobre ellos hay que poner una atención especialísima. Lejos de hacerlo, el sistema los incita a que actúen de un modo reactivo violento. Hoy los presos son mucho más jóvenes que antes, pertenecen a sectores verdaderamente marginales, mucho menos que pobres, y cometen delitos mucho más violentos. Trasladan esa violencia a la cárcel, que no está preparada para trabajar con ese material humano. La cárcel se ha convertido en un depósito humano.
–¿Por qué los presos de San Martín dicen que ahí no se respete la ley?
–Porque la ley no se cumple.