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La quiebra del Banco Patricios fue elevada a juicio oral y público

El ex titular de la entidad, Alberto Spolski, y otros diez directivos serán juzgados por administración fraudulenta. Hay 700 ahorristas que quedaron afectados por las maniobras.

El juez federal Norberto Oyarbide envió a juicio oral y público al ex titular del Banco Patricios, Alberto Spolski, por el delito de administración fraudulenta. La medida se concreta luego de siete años de investigación y afectará a otros diez ex directivos de la entidad cuya quiebra afectó a cientos de ahorristas. El delito imputado a los empresarios tiene una pena de hasta seis años de prisión.
El pedido para que la causa fuera elevada a juicio oral fue realizado por el fiscal Federico Delgado, junto con uno de los abogados representantes de los damnificado. De acuerdo con la resolución de Oyarbide, durante la instrucción se pudieron probar las dos maniobras en las que había puesto especial énfasis la demanda. Una de ellas corresponde a la falsificación de balances, que permitía a la entidad “simular una situación patrimonial y financiera irreal con el consecuente peligro de estafa contra tales supuestos deudores”. También se comprobó el abusivo otorgamiento de créditos a sociedades vinculadas al banco que –según se desprendió de la investigación– le debían casi veinte millones de dólares. Entre estas empresas se hallaban Carpemet, Baninver, Paseo del Puerto y la Fundación Banco Patricios.
En este sentido, Oyarbide resaltó que el accionar del banco tuvo como objeto aparentar una mejor situación financiera de la que poseía y que además permitió derivar fondos hacia otras empresas en las que los directivos tenían participación accionaria, algo que redundó en desmedro del capital del banco y del ahorro de los inversores. El magistrado destacó “las irregularidades detectadas en el manejo, administración y el cuidado de la sociedad bancaria, la ligereza y laxitud con que se habrían otorgado préstamos, máxime en un contexto de insolvencia y negatividad del patrimonio”. También imputó a la entidad “la simulación de activos mediante una intencionada tergiversación en la calificación de los deudores y el engaño a la autoridad de control”.
El caso se hizo público el 18 de marzo de 1998, cuando el Banco Central decidió cerrar el Patricios. Además de acumular una pérdida equivalente a casi la mitad de su patrimonio, el banco venía cosechando varias denuncias por presunta falsificación en sus balances y cesión de créditos a empresas del mismo grupo. Si bien se devolvieron los depósitos, quedaron afectados más de 700 ahorristas, que no pudieron recuperar su dinero colocado en Obligaciones Negociables por un total de 42 millones de dólares. El escándalo incluso llegó al Central, con el procesamiento de su ex presidente Pedro Pou por presunta participación en el vaciamiento. Según pudo comprobarse, Pou había mantenido en secreto una denuncia realizada por la misma autoridad monetaria que daba cuenta de irregularidades en el manejo de los fondos. Sin embargo, la Cámara Federal porteña terminó por revocar el procesamiento del ex funcionario menemista por falta de mérito.
La decisión de Oyarbide se concretó el mismo día en que Casación rechazó la excarcelación del ex titular de Banco Mayo Rubén Beraja (ver aparte). El banquero fue quien adquirió los activos privilegiados del Patricios cuando quedó suspendido, operación que se concretó tan sólo unos meses antes de la quiebra del Mayo. Además de Spolski, también serán juzgados los principales directivos que lo acompañaron en su gestión. Entre ellos se encuentran Alejandro Bilik, Sergio Fryd, Abraham Rebrij, Héctor Kleiman, Saúl Raibenberg, Ela Spolski Carlos Ungar, Rodolfo Zanone, Liliana Perla Kuperschmit e Isaac León Pomerantz.

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El escándalo comenzó en marzo de 1998, cuando el Banco Central decidió cerrar el Patricios.
 
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