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Por Miguel Bonasso *

El torturador convicto y confeso Luis Abelardo Patti no debe integrar la Cámara de Diputados de la Nación. Su incorporación constituiría un grave retroceso en la lucha contra la impunidad que la sociedad argentina viene librando con éxitos trascendentes, como la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Sería un deshonor para nuestra democracia que ocupe una banca quien está acusado por la Justicia de perpetrar crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles.
No puede ni debe legislar quien pretende consagrar la tortura y el secuestro como doctrina: “Voy a ser claro para que se entienda. La policía, para esclarecer un hecho, tiene que cometer no menos de cuatro o cinco hechos delictivos. De lo contrario, no puede esclarecer absolutamente nada. Esto ocurre en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son esos delitos? Privación ilegal de la libertad, apremios y violación de domicilio, entre otros”. (Declaraciones del entonces subcomisario Patti al diario Clarín, el 4 de octubre de 1990.)
El hecho de que haya sido elegido no altera esta verdad esencial. Como bien lo ha dicho el dramaturgo Eduardo Pavlovsky: “La complicidad civil debe ser abordada desde todos los ángulos posibles. Hitler ganó una elección. Patti también”.
Así lo establece la Constitución Nacional, que en su artículo 64 habilita expresamente a los integrantes de las Cámaras para juzgar la idoneidad moral de sus integrantes: “Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”.
Por eso, con la diputada nacional Araceli Méndez de Ferreira y el diputado nacional electo Remo Carlotto, vamos a impugnar el diploma del diputado electo Patti. Lo hacemos basados en lo que establecen los artículos 16, 19, 36, 48, 64, 66 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional; y en los artículos 2º y 3º y concordantes del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Es nuestro derecho, pero también nuestro deber.
Confiamos en que la gran mayoría de los diputados –sin distinción de bloques ni conveniencias políticas subalternas– sabrán también cumplir este deber moral y constitucional. Lo que está en juego no es una banca sino la defensa lisa y llana del Estado de Derecho. Así lo entendieron los legisladores nacionales, en mayo de 2000, cuando impidieron –por abrumadora mayoría– que se incorporase como diputado el genocida Antonio Domingo Bussi.
Pero esta grave cuestión excede a los diputados y abarca a todos los sectores democráticos de la sociedad argentina, que son ampliamente mayoritarios. Por eso el próximo martes 6 de diciembre, a las 9 y 30 horas de la mañana, los organismos de derechos humanos y diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles se han dado cita frente al Congreso, en la esquina de Rivadavia y Riobamba, para manifestarse en contra de que Patti ingrese a la Cámara de Diputados.
Allí estarán también, encabezando el reclamo, los familiares de las víctimas de Patti: las hermanas de Osvaldo Cambiasso y los hijos de Gastón Gonçalves, que lo están querellando y no quieren que se ampare en los fueros de diputado para eludir la acción de la Justicia. Allí deben estar también las ciudadanas y los ciudadanos de buena voluntad, para proclamar: nunca más Patti, nunca más el terrorismo de Estado.
* Diputado nacional.