El Gobierno logró convertir el ley la ansiada y polémica reforma del Consejo de la Magistratura y si bien ganó la batalla de los números, con 148 votos a favor que superaron los mejores cálculos, fue muy vapuleado durante el larguísimo debate en la Cámara de Diputados, donde fue acusado de haber producido en la Justicia “el mayor retroceso desde la ampliación de los miembros de la Corte Suprema por Carlos Menem”. El eje de la reforma y centro de la controversia es la reducción de los miembros de 20 a 13, que disminuye la representación de los sectores no políticos y elimina la de la segunda minoría parlamentaria en ese cuerpo. Todas las voces opositoras a la iniciativa que impulsó la senadora Cristina Fernández de Kirchner coincidieron en que el equilibrio que exige la Constitución entre representantes políticos y judiciales quedará roto, y en que oficialismo de turno tendrá poder de veto para la designación y la remoción de los jueces, la tarea esencial del Consejo. El proyecto convertido en ley a la medianoche de ayer –con el apoyo de un sector del duhaldismo residual– eliminó la participación del presidente de la Corte Suprema e incorporó la caducidad de las denuncias contra los jueces luego de tres años. Además, el Jurado de Enjuiciamiento también verá disminuidos sus integrantes y dejarán de ser permanentes para ser elegidos por sorteo, y los abogados quedan excluidos del proceso de selección de los magistrados. El oficialismo acusó a los detractores de la reforma de defender “intereses de corporaciones que no representan a nadie” y la kirchnerista Rosario Romero se preguntó “¿dónde estaban esos colegios (que se oponen a la reforma) para defender a los abogados que presentaban hábeas corpus por los desaparecidos?”

La legisladora entrerriana enfatizó que la nueva ley “no es ninguna concesión a la corporación judicial sino en beneficio de la comunidad, porque vamos a un Consejo dinámico que irá renovándose con jueces probos que no sean eunucos”. La dureza provino de la líder del ARI, Elisa Carrió, quien aseguró que con la sanción de la reforma del Consejo “se inaugura la Justicia presidente Kirchner y señora”. Al momento de los discursos de cierre, el jefe del bloque K, Agustín Ro- ssi, apeló a una definición física de equilibrio para argumentar que el Gobierno no puede armar por sí solo una terna de jueces. “Reivindicamos la política como herramienta para transformar la sociedad, y no tenemos características autoritarias ni esto es un intento hacia lo hegemónico”, gritó desde su banca.

El aspecto crucial de la reforma es la disminución en el número de integrantes del Consejo a trece. Para aplicarla, la representación de los jueces pasa de 4 a 3, la de los abogados de la matrícula de 4 a 2, la de los representantes académicos de 2 a 1, y la del Poder Legislativo de 8 a 6. Estos 6 asientos se distribuyen 3 por cada cámara parlamentaria, de los cuales 2 van por la mayoría y 1 para la primera minoría. En consecuencia pierden su lugar las segundas minorías, el ARI en Diputados y los provinciales en el Senado. Además, establece que:

- Se elimina la participación del presidente de la Corte Suprema como integrante del Consejo, pero se conserva el único miembro que aporta el Poder Ejecutivo.

- En función de la nueva integración, el oficialismo retiene sus 5 representantes (cuatro por el Legislativo y uno por el Ejecutivo), con lo cual puede bloquear las decisiones que deben adoptarse por dos tercios de los votos: el nombramiento y la remoción de jueces, las dos funciones más importantes que tiene el órgano judicial.

- El Jury de Enjuiciamiento, encargado de dictaminar sobre la actuación de los magistrados, deja de tener integración permanente y pasa a ser un tribunal ad hoc, que se renovará cada seis meses por sorteo, el tiempo máximo para tramitar un juicio político.

- Se fusionan las comisiones de Disciplina y Acusación y se permite a dos jueces que la integren, con lo cual los magistrados quedan habilitados a juzgar a sus pares.

- Se incorpora una cláusula de caducidad en las denuncias presentadas contra un juez, por la cual se dispone que después de tres años de iniciado un expediente contra un magistrado, la causa pasará de la comisión al plenario para su inmediata consideración. En la actualidad, las causas contra los jueces no tienen plazo de prescripción.

- Todas las reuniones de comisión pasan a ser públicas, ya que actualmente los encuentros de la de Disciplina son reservadas.

El debate

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey (Frente para la Victoria-PJ), intentó anticiparse a las críticas al asegurar que “aquellos que se verán afectados en la posición de poder que habían alcanzado van a sostener con fiereza su lugar”. En esa línea de argumentación, el romerista sostuvo que los representantes del sector político en el Consejo son “los únicos que responden al pueblo, y entre la legitimidad corporativa, que responde a los abogados y a la familia judicial es mejor una legitimidad democrática y dinámica que responda al pueblo”. Según Urtubey, la defensa de esos intereses corporativos propicia “la privatización de la Justicia”.

La fundamentación contraria a la reforma la hizo la diputada del ARI, Marcela Rodríguez (ver aparte), quien hasta noviembre es consejera y como tal enumeró las negativas de los miembros del oficialismo a los intentos previos de racionalizar los recursos del organismo. Para ella, la reducción de los miembros hará más lento el trámite en el Consejo. Y adjudicó la lentitud en los procesos de designación a la demora del Poder Ejecutivo y del Senado. Según ella, es falso el argumento de que la reforma ataca al corporativismo porque “le concede a los jueces una vieja demanda que es la caducidad de las denuncias”.

En referencia a la conformación del Jury de Enjuiciamiento ad hoc, advirtió que esto puede reflotar la modalidad del “forum-shopping”, por la cual la elección del momento para hacer una denuncia, según la conformación del Jury en determinado momento, puede beneficiar a los acusados. Por último, Rodríguez se quejó de la actitud del oficialismo en el Consejo en la defensa de magistrados enjuiciados, como Juan José Galeano y Claudio Bonadío, al tiempo que propician la reforma.

Los diputados del Frente Partido Nuevo, que responden al intendente cordobés Luis Juez, ratificaron su negativa a pesar de su cercanía al kirchnerismo. “Sólo por la desconfianza que despertó esta reforma deberíamos habernos permitido un debate más profundo”, explicó la juecista debutante Norma Morandini. Por el contrario, los adolfistas ratificaron su acompañamiento a la propuesta, y la diputada Paola Spatola, que abandonó el macrismo, se sumó en la afirmativa.

Mientras la mayoría de los diputados cuestionaron el funcionamiento del actual Consejo, Federico Storani afirmó que “no es caro, ni lento ni engorroso”. El radical describió que “antes en ocho años se destituía a un juez, mientras que ahora en siete fueron enjuiciados 10 magistrados”, y afirmó que el Consejo sólo gasta “el 10 por ciento del presupuesto total del Poder Judicial”.

Jorge Vanossi, ex ministro de Justicia del duhaldismo y actual legislador PRO que en 2003 propició la reducción del Consejo a 12 miembros, aseguró ayer que “la salud de la república y la integridad de las instituciones no se merecen esta reforma”. Pocas horas más tarde, nacía el nuevo Consejo, con un oficialismo convencido que había hecho todo lo contrario a lo que opinó Vanossi.