EL PAíS › LA CIUDAD DE BUENOS AIRES YA PUEDE TENER POLICIA PROPIA

Vayan preparando la muzzarella

El Senado derogó el artículo de la ley Cafiero que impedía a la ciudad de Buenos Aires tener policía propia. Los recursos y atribuciones serán parte de una negociación posterior.

 Por Eduardo Tagliaferro

La ciudad de Buenos Aires podrá contar con policía propia. El voto de los 45 senadores que ayer estuvieron presentes en el recinto derogó el artículo 7 de la denominada ley Cafiero, que impedía expresamente la creación de una fuerza policial. La mayor parte de los oradores calificó ese artículo de la norma sancionada en 1995 como un “verdadero cerrojo”. Las competencias de la Federal, las atribuciones de la futura fuerza y la transferencia de recursos serán motivo de una negociación que el gobierno nacional mantendrá con el porteño mediante la firma de convenios. Fue inevitable que el debate terminara enfrentando a los representantes de las provincias con los de la Capital y que se hablara de la necesidad de revisar las cuotas de la coparticipación de ingresos. No faltaron quienes criticaron a Mauricio Macri por asociar la falta de competencia sobre la Policía Federal con la inseguridad ciudadana. Señalaron que tal como había hecho durante la campaña electoral, agitaba el tema sin darle contenido. Al defender la iniciativa, todos coincidieron en que otorgaba mayor autonomía para los porteños.

Apenas triunfó en las elecciones, Macri le pidió audiencia a Néstor Kirchner. Reclamó el traspaso de la Policía Federal, el puerto, la recaudación de lo producido por el juego y otros recursos. Los juegos del poder, las denuncias al oficialismo por la demora en el tratamiento de un proyecto que viabilice la creación de una fuerza de seguridad y la amenaza del macrismo de convocar a un plebiscito, quedaron de lado cuando comenzó el debate en la Cámara baja. Cuando el tema se discutió en Diputados los principales referentes del PRO aceptaron no hablar de recursos ni del traspaso de la policía.

Para que no quedaran dudas, la salteña Sonia Escudero, informante del oficialismo en el Senado, resaltó que “no se está traspasando nada por lo que no corresponde hablar de recursos”. Escudero hizo un repaso histórico de la autonomía porteña. Calificó de “cerrojo” al artículo 7 de la Ley Cafiero y citó un fallo del juez de la Corte Enrique Petracchi que lo calificaba de “inconstitucional”. Escudero avanzó sobre la coparticipación de los impuestos. Definió la distribución de recursos como injusta y recordó que la Constitución reformada en 1994 obligaba a una nueva ley de coparticipación. El plazo previsto en el texto constitucional venció hace 11 años. Escudero subrayó que la ciudad de Buenos Aires recibe cuatro veces la media nacional de recursos.

La mención abrió las puertas para el reclamo de varios senadores. El cordobés Carlos Rossi afirmó que todas las provincias hacían fuertes esfuerzos por pagarse su policía, sus bomberos, y abogó porque se le transfiera a la ciudad de Buenos Aires todos estos instrumentos e incluso la Justicia, para que dimensionara lo costoso que resulta solventar estas instituciones.

Fue la porteña Vilma Ibarra quien destacó que “el problema de las provincias no es la ciudad de Buenos Aires”. La legisladora les recordó a sus pares que se estaba discutiendo sobre un distrito en el que vive cerca del 10 por ciento de la población del país. “Durante la campaña, la seguridad, la autonomía, la organización de la Justicia, se discutieron como eslongans efectistas. La campaña terminó y hemos perdido una oportunidad para discutir las cosas más profundamente. Yo sé que el jefe de Gobierno electo ha prometido muchas cosas, pero no sabemos qué plan de seguridad quiere”, puntualizó Ibarra. La senadora porteña también repasó algunos datos de la economía. Puntualizó que no está en discusión el dinero de las provincias, ya que históricamente los recursos para la seguridad y la Policía Federal estaban en el Presupuesto. Luego de que esa suma se modifique, las nuevos recursos quedarán en manos del gobierno nacional, ya que no son coparticipables, subrayó. Destacó que el Ejecutivo también se queda con la recaudación que deja el puerto de Buenos Aires, que –afirmó– en junio pasado llegaron a 26 millones de pesos. Ibarra subrayó que “la ciudad de Buenos Aires” aporta el 22 por ciento de la masa coparticipable de impuestos y recibe el 1,4.

Nadie estaba en contra de la iniciativa, pero se había disparado otro debate. Uno que suele enfrentar a los porteños con el interior. El titular de la bancada oficialista, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, aseguró que “Buenos Aires es la ciudad más importante del país, la de mayor ingreso per cápita y que tiene uno de los mejores servicios de seguridad”. Fue más allá y aventuró que la Policía Federal es una de las mejores fuerzas policiales de América latina. Luego volvió sobre un punto que subrayó más de un orador: “No estamos transfiriendo nada. Estamos dándole la posibilidad de armar su propia policía. No sé que es lo que van a hacer el señor Macri y su asesor en seguridad el señor Eugenio Burzaco, pero la ciudad puede quedarse tranquila, las 53 comisarías de la Federal le continuarán prestando servicios”.


Un debate que no fue

El repudio al ex funcionario y legislador santacruceño Daniel Varizat, por haber atropellado a una veintena de manifestantes, preguntas en las que se pedían informes sobre el ingreso del venezolano Antonini Wilson con una valija con 800 mil dólares y hasta el repudio a la violencia de un grupo de gremialistas vinculados al oficialismo de Chubut cuando Fernando “Pino” Solanas se presentó en una charla para criticar la renegociación del yacimiento de Cerro Dragón, llenaron ayer los proyectos de declaración en el Senado. El rionegrino Miguel Angel Pichetto las rechazó en bloque. Defendió a Varizat como un “hombre de la democracia” y criticó a la oposición por querer aprovecharse de “un hecho individual, que no compartimos, como si hubiera sido cometido por el gobierno nacional”. Tampoco dudó en pedirle a la oposición que sobre los otros temas vayan a la Justicia. La senadora peronista de Chubut, Silvia Giusti, respondió que el proyecto de comunicación “no iba a modificar los hechos”. La legisladora se aprestaba a defender la renegociación del contrato de Cerro Dragón cuando el santacruceño Nicolás Fernández puso un punto final.

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La senadora porteña Vilma Ibarra discutió con otros legisladores sobre la coparticipación.
 
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