EL PAíS › EL NOROESTE, LA REGION CON MAS ZONAS DE CONFLICTOS TERRITORIALES EN EL PAIS

Atrapados entre la minería y los desmontes

La mayor parte de los litigios se concentran en Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Son las provincias con los movimientos campesino-indígenas más organizados. Las minas y la soja, los más combatidos.

 Por Darío Aranda

Salta, Jujuy y Santiago del Estero contabilizan al menos 275 situaciones de conflictos territoriales, que involucran 6.365.462 hectáreas. Salta contabiliza 46 casos, con 1,3 millón de hectáreas que afectan principalmente a los pueblos guaraní, wichí y kolla, aunque en menor proporción también al pueblo toba y chané. El avance sobre sus espacios incluye el desmonte nativo para la siembra de soja. En el período 2002-2006, en Salta se arrasaron 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002, y cuyo índice de desmonte supera el promedio mundial, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación en su último “Inventario Nacional de Bosques Nativos”. En el nivel país, en el mismo lapso, dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques, 277 mil hectáreas por año, que equivalen a 760 por día, 32 hectáreas por hora. La misma secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja.

En Salta sobresalen los conflictos en tierras aledañas a la ruta nacional 86, al norte provincial, con históricas disputas con ingenios azucareros (el San Martín, de la compañía Seabord Corporation es el más resonante) y, en el sur provincial, zona de los Valles Calchaquíes, las disputas se dan con grandes fincas (en su mayoría viñateras) que adquieren grandes extensiones de tierra con históricos ocupantes dentro. La actividad minera también mantiene alerta a la zona de Cafayate y San Carlos: en los últimos años se produjeron más de cuarenta prospecciones metalíferas, en su mayoría de oro, plata, cobre y plomo.

En Jujuy, el pueblo kolla se encuentra asentado en la zona de la Quebrada y Puna, fundamentalmente en tierras fiscales y una minoría de dominio privado. En tanto el pueblo guaraní se encuentra en la zona del Ramal Jujeño, donde casi la totalidad está en manos de particulares, a excepción de dos lotes (1 y 515) que las comunidades guaraníes reclaman como propios pero el Estado provincial licitó a privados. En la provincia se relevaron diez conflictos, que involucran dos millones de hectáreas. También sobresale la actividad minera (yacimiento Pirquitas, Minera Aguilar y el lavado de oro sobre el río Orosmayo) y los conflictos con empresarios turísticos, focalizados luego de que Humahuaca fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, lo que elevó los precios del lugar, con la consecuente llegada de privados poseedores de cuestionados títulos de propiedad. “El gobierno provincial alienta cuatro polos productivos: la industria del azúcar y el tabaco, el turismo y la minería. Todas ellas atentan contra nuestros territorios y nuestra forma de vida”, explicó Ariel Méndez, de la Red Puna.

Los agronegocios, con la soja transgénica como bandera, tuvieron este año una cosecha record: 47 millones de toneladas, por un monto aproximado de 15.000 millones de dólares. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras santiagueñas un bien preciado”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).

Santiago del Estero –con presencia de los pueblos tonocoté, vilela, lule, diaguita y gauycurú– encabeza la lista de desmonte: 515.228 hectáreas en los últimos cuatro años, lo que significa un 72 por ciento más que entre 1998 y 2002. No es casualidad que el Mocase-VC, conformado por 9000 familias que producen para la subsistencia, enfrente 212 conflictos en toda la provincia, todos casos donde los indígenas y campesinos son denunciados de usurpación de propiedad privada, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños y hurto forestal. Todos “delitos” cometidos en las posesiones ancestrales de los acusados. La cantidad de tierras en conflictos tiene un piso: tres millones de hectáreas.

Desde el Movimiento Campesino Indígena remarcan que el principal problema no es la falta de titularización de las tierras ancestrales, “sino el modelo agropecuario, origen de los desalojos, la represión y el empobrecimiento de las tierras”. Denuncian la imposición de un modelo basado en la exportación y la producción intensiva, de altos insumos y que cada vez produce mayor concentración. En Argentina, según el último censo agropecuario, el diez por ciento de las denominadas “explotaciones agropecuarias” más grandes concentran el 78 por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas el cinco por ciento de la superficie cultivable del país.

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En Villa La Angostura, Neuquén, la comunidad Paichil Antriao mantiene un litigio por territorios en el Cerro Balbedere.
Imagen: Marina Lonko
 
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