Mientras que el Gobierno anuncia diferentes medidas para mantener el nivel de actividad, los expendedores reclaman mayor rentabilidad. La historia se repite, pero esta vez se sumaron las demandas de los trabajadores. Los dueños de las estaciones de servicio, con el apoyo de sindicatos y federaciones de trabajadores del rubro, no vendieron combustibles por 24 horas. Los empleados buscan una recomposición salarial del 15 por ciento y estabilidad laboral. El argumento de los propietarios es que la única forma de otorgar esos aumentos es mejorando su rentabilidad que, según afirman, es cada vez más reducida.

Las “soluciones” que ofrecen los estacioneros son que les permitan subir los precios, que el Gobierno les baje los impuestos o las tarifas energéticas o que las petroleras les otorguen mayores márgenes. La decisión de no vender combustible estuvo encabezada por algunas asociaciones de estacioneros, principalmente de establecimientos sin bandera, pero la participación de los sindicatos extendió el universo de surtidores que no prestaron servicio. Los trabajadores presionan para que las refinadoras les cedan parte de su renta a los empleadores, ya que así obtendrían mejoras salariales.

Sin un detonante preciso más que la coyuntura, la presión de los dueños y los trabajadores parece estar más dirigida al Gobierno que a las refinadoras. Como ocurrió a lo largo del año con los reclamos para embanderarse, para renovar contratos con las petroleras o por falta de combustible, los propietarios recurren al Gobierno para que éste interceda ante las multinacionales. Según diferentes estacioneros, las empresas les vienen reduciendo el margen por la comercialización de combustible. Los dueños aseguran que el 8 por ciento sobre el total de las ventas que perciben en promedio no les alcanza para cubrir los costos. Por eso, algunos reconocen que las medidas de fuerza no se pueden extender por mucho tiempo.

Desde el último cambio en las retenciones a los hidrocarburos, el reclamo de las refinerías también es la falta de rentabilidad. Hace poco más de un año, los derechos de exportación impusieron un tope de 42 dólares por barril para las petroleras y se llevaron a 31 por ciento las alícuotas para los subproductos. Este aumento significó un recorte a sus ganancias que estaban concentradas en la exportación de naftas.

La abrupta caída en el precio internacional del petróleo y sus derivados, no sólo impacta sobre la recaudación del Gobierno. A las petroleras les reduce sus costos y achica sus ingresos por exportaciones. Las empresas aseguran que el segundo efecto prima sobre los menores costos. Las que no producen y tienen que comprar el crudo a Repsol o Petrobras sostienen que lo están haciendo por encima de los 43 dólares. Sin embargo, algunos especialistas explican que la caída en los costos es más importante que las mermas de ingresos en concepto de exportaciones. Hoy las refinadoras exportan cerca del 40 por ciento de los subproductos. Con los costos en baja, el restante 60 por ciento se enfrenta a un mercado interno donde los precios están fijos o suben y donde reducen los márgenes de los estacioneros.