EL PAIS › CALCATERRA Y UNA CONSTRUCCION ILEGAL EN EL EDIFICIO DONDE SE MUDA MACRI

Un expediente autodestruido

El Registro de Obras y Catastro dice que el trámite para construir en el edificio, ubicado en área protegida, está en un subsuelo inundado y fue “completamente destruido”. El presunto infractor es Fabio Calcaterra, primo y vecino de Macri.

 Por Eduardo Videla

En la Legislatura porteña quieren saber si en el edificio al que se va a mudar el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, uno de los vecinos realizó una construcción ilegal. Pero por ahora les será imposible acceder a la información, ya que el expediente por el que se debería tramitar el permiso para la construcción se encuentra en un sector inundado del ex Mercado del Plata y está “completamente destruido”, según se justifica por escrito un funcionario de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro de la Ciudad.

El edificio en cuestión es el ubicado en Mariscal Ramón Castilla al 2800 y el vecino responsable de la edificación cuestionada es Fabio Calcaterra, primo del jefe de Gobierno. Este hombre ha construido un departamento en la terraza, sin autorización municipal y a contramano de las normas municipales de protección para esa zona, tal como informó Página/12 el 3 de mayo último.

“Es altamente sospechoso que se pierda un expediente que compromete al propio jefe de Gobierno. Esto crea una nueva sospecha sobre la gestión de Macri, que puede llegar a terminar como la de Carlos Grosso”, enfatizó el diputado Eduardo Epszteyn, presidente del bloque Diálogo por Buenos Aires, quien recibió en su despacho la respuesta oficial.

“Los únicos datos que se pueden aportar en relación con lo solicitado es que para la finca del motivo tramitó un aviso de obra iniciado por el señor Fabio Calcaterra”, dice la nota firmada por Guillermo García Fahler, director del área. El texto remite al informe que brinda José Luis Alfonsín García, jefe de la Mesa de Entradas de esa dirección, quien afirma que el expediente se encuentra “en el tercer subsuelo del archivo Del Plata, sito en este edificio”, el cual “se encuentra en situación edilicia grave, donde faltan condiciones de seguridad e higiene, por lo que este sector estima que el personal a cargo corre riesgos físicos, ya que su paso se torna intransitable y las actuaciones que datan en ese sector se encuentran completamente destruidas”.

Fabio Calcaterra es el dueño del dúplex en los pisos 11 y 12 B y quien construyó sobre la terraza del 12º una suerte de sala o quincho de mampostería, con techo de paneles metálicos, de unos 60 metros cuadrados. Calcaterra era, además, el dueño del piso 10º, el que ahora compró su primo Mauricio. En el mismo edificio, pero en el piso 9º, vive Angelo Calcaterra, hermano de Fabio. Los dos hermanos son hijos de Pía Macri –la hermana de Franco y Antonio– y de Antonio Calcaterra.

Angelo y Fabio son, respectivamente, presidente y vice de la empresa Iecsa, la constructora de la que Macri se desprendió antes de la campaña para ser electo jefe de Gobierno. La firma es contratista del Estado porteño en importantes construcciones, como la del aliviador del arroyo Maldonado.

El edificio fue construido en la década del ’80 por el arquitecto Carlos Libedinsky, quien vive en el mismo edificio. Está ubicado sobre la calle Mariscal Ramón Castilla, entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta. La construcción está emplazada en un Area de Protección Histórica (APH) y existe un proyecto para catalogarla como edificio protegido por su valor arquitectónico.

La primera denuncia fue realizada en abril del año pasado por una asociación civil, con copia al jefe de Gobierno, sus ministros de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y de Seguridad, Guillermo Montenegro –de quienes dependen las áreas de aprobación de obras y control–, y al fiscal general Germán Garavano. La legisladora (mandato cumplido) Teresa de Anchorena (Coalición Cívica) pidió además para éste y otros cien edificios su inclusión en un catálogo de protección por ser producto del movimiento de arquitectura moderna.

A principios de febrero de este año, la arquitecta Laura Weber, asesora del defensor adjunto del Pueblo Gerardo Gómez Coronado, presentó otro pedido de información. La funcionaria le pidió al director de Fiscalización y Control de Obras de la Ciudad una “inspección urgente al inmueble sito en Ramón Castilla 2869/71, emplazado en el distrito APH3, en el que actualmente se está haciendo una obra sin permiso”.

A esas presentaciones se sumaron un pedido de informes de Teresa de Anchorena, en julio del año pasado. Y una presentación similar de Epszteyn. El legislador quiere saber si el Poder Ejecutivo tiene conocimiento de la realización de esa obra, “si se le dio intervención a la Dirección General de Interpretación Urbanística, dado que la obra en cuestión está ubicada en el área de protección histórica APH3 y se trata de una obra de demolición y construcción, en un edificio listado en el proyecto de ley de catalogación de edificios de Arquitectura Moderna, en tratamiento legislativo”.

Desde la Dirección de Fiscalización y Control de Obras informaron en su momento que en abril “se realizó una inspección en el lugar y se detectó que no había una obra nueva sino una reforma”.

Antes de mudarse, Macri ordenó la instalación de un carril y un semáforo para doblar a la izquierda sobre la Avenida del Libertador a la altura de Ramón Castilla, una calle de apenas 200 metros.

Macri vive a unas cuadras de allí, en Ortiz de Ocampo al 3100. Pero decidió mudarse a partir de su reciente relación de pareja con la empresaria del rubro indumentaria Juliana Awada. Su nuevo piso tiene unos 300 metros cuadrados, y está siendo remodelado y pintado para recibir a su nuevo dueño.

La posible ilegalidad de la obra le crea un dilema al jefe de Gobierno, futuro integrante del consorcio. Es que si bien ninguno de los vecinos presentó una denuncia, muchos creen que edificar sin permiso constituye un mal antecedente: si se convalida esta construcción, cualquiera quedaría habilitado para hacer una reforma sin pedir permiso, mediante la mera notificación del inicio de obra. En definitiva, si la construcción es ilegal, el Ejecutivo debería ordenar su demolición.

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El edificio de Mariscal Ramón Castilla al 2800, en Palermo.
Imagen: Guadalupe Lombardo
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