EL PAíS › DE LAS CONVICCIONES RELIGIOSAS A LOS VOTOS

La esfera privada y lo público

 Por Mariana Carbajal

“¿Por qué piensa que a pesar del insistente lobby de la Iglesia Católica hay una escasa influencia de la doctrina católica sobre el posicionamiento político de las y los legisladores, según surge de la encuesta?”, le preguntó Página/12 al investigador Juan Marco Vaggione, codirector del estudio sobre “Religión y Política: Influencia de las convicciones religiosas en los y las diputadas y senadoras nacionales”.

–Es posible hipotetizar sobre dos situaciones coexistentes en las formas de negociación de las creencias religiosas por parte de los y las legisladores/as que podrían explicar esa situación. En primer lugar, en ciertos parlamentarios existe un proceso de “privatización” de las creencias religiosas, ya que aunque pueden identificarse con una tradición como la católica en su vida privada, esto no implica que defiendan estas creencias en su rol como legisladores. Este modelo implica una clara distinción entre lo religioso y lo político, siendo el espacio legítimo para lo religioso la esfera privada. En segundo lugar, junto a esta privatización de lo religioso, es también importante hipotetizar que existen legisladores/as que aunque se identifiquen con una tradición religiosa conservadora como la católica pueden, desde sus mismas creencias, apoyar reformas legales favorables a los derechos sexuales y reproductivos. Así quedó demostrado en el debate por el matrimonio igualitario cuando diversos senadores y diputados citaron sus creencias religiosas (mayoritariamente católicas) en defensa de una reforma legal que contradecía la postura oficial de la Iglesia. Este tipo de articulación pone en evidencia: a) la distancia existente entre la postura de la jerarquía religiosa y la reconstrucción por parte de los fieles y b) que la influencia religiosa en la política sexual es compleja y que, sin desconocer que suele tener consecuencias conservadoras, también puede ser un factor favorable al cambio social y legal necesario para la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos.

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