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Para la protección internacional de las víctimas

 Por Alberto Pedro D’Alotto *

La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió ayer, por la abrumadora mayoría de 176 votos, a la Argentina como miembro del Consejo de Derechos Humanos por el período 2013-2015. Recientemente en Ginebra, en el examen periódico universal del Consejo, en el que los Estados se someten al estudio de su situación nacional en materia de derechos humanos, nuestro país había recibido unánimes elogios por sus esfuerzos en favor de la verdad y la justicia, y por su enorme contribución al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. La mayoritaria elección de ayer refleja el amplio consenso de la comunidad internacional en torno del definido perfil de la Argentina como una nación pacífica y democrática, comprometida en la defensa global de los derechos humanos.

No es la primera vez que formaremos parte de este organismo a cuya creación, en reemplazo de la antigua Comisión de Derechos Humanos, la Argentina contribuyó en 2005. Desde entonces lo hemos integrado casi ininterrumpidamente con intervalos de ausencia de un año para facilitar el acceso de otros países latinoamericanos.

Desde nuestra perspectiva, que reconoce su origen e inspiración en la historia y la tarea del movimiento de derechos humanos de la Argentina, el centro de nuestra acción en el Consejo ha sido y es la protección internacional de las víctimas. Es con ese objetivo que la Argentina impulsó la Convención contra las desapariciones forzadas, histórico reclamo de los familiares de desaparecidos y muy recientemente las iniciativas sobre derecho a la verdad, que llevan al plano internacional un importante desarrollo jurisprudencial de la Justicia argentina, derechos humanos y genética forense, en apoyo de la labor humanitaria que desarrollan instituciones como el equipo de antropología forense, así como la creación, juntamente con Suiza, de un relator especial sobre verdad, justicia, reparaciones y garantía de no repetición, para cooperar con los procesos de justicia de transición que atraviesan países que salen de dictaduras o guerras civiles. Estos relatores se suman a otros que hemos apoyado en el pasado como el relator sobre la tortura, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, sobre ejecuciones sumarias, así como los relatores sobre intolerancia religiosa o sobre derechos de los pueblos indígenas, entre otros.

En un mundo de rivalidades, tensiones y diferencias culturales e ideológicas, el Consejo de Derechos Humanos sólo puede ser efectivo si logra construir mecanismos suficientemente imparciales, encabezados por expertos independientes reconocidos, que sean los encargados de supervisar la situación de los derechos humanos en el mundo, de manera que la información en posesión de los Estados provenga de fuentes insospechables de motivaciones políticas o ajenas a la preocupación por los derechos humanos. Es por esa razón que la Argentina siempre concentró su labor en la creación y el fortalecimiento de instituciones que examinen a todos los países por igual, con independencia de su peso en la vida internacional, principal garantía de la credibilidad del Consejo.

Ello no excluye que frente a situaciones de extrema gravedad no apoyemos decisiones referidas a países como fue el caso en el pasado de Sudán, Corea del Norte, Sri Lanka, República Democrática del Congo, Siria e Irán, así como las relacionadas con la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.

El Consejo ha sido con frecuencia desacreditado por lo que se considera su politización, su selectividad y en numerosas ocasiones su silencio frente a situaciones de gravedad. Vivimos ciertamente en un mundo de Estados, que tienen intereses y objetivos que resulta difícil dejar de lado en ámbitos que son en definitiva intergubernamentales. Es por ello que las investigaciones y el esclarecimiento de violaciones graves son objeto de obstrucción sistemática por quienes desean detener cualquier presión internacional sobre sus gobiernos. Pero la memoria de lo ocurrido con nuestro país durante la dictadura, cuyo caso no pudo ser tratado en la antigua Comisión de Derechos Humanos por la complicidad que algunas importantes naciones tuvieron con el régimen militar, nos obliga a la solidaridad con otras causas similares, limitando la politización y procurando que prevalezca en todos los casos la preocupación por las víctimas, única razón de ser de este organismo.

Sin estar animados de un espíritu de cruzada, ni pretender erigirnos en fiscales de otros Estados, nuestra labor en el Consejo procurará continuar fortaleciendo las instituciones existentes, avanzar en la creación de otras, la que demanda por ejemplo la necesidad de combatir la discriminación por razones de orientación sexual e intentará por sobre todo pronunciarse con la mayor coherencia sobre los principales y más graves asuntos de violaciones a los derechos humanos que se presenten.

Se trata ya de una política de Estado que comenzó a desarrollarse al inicio de la democracia en 1983 y se ha profundizado desde 2003, y constituye el aporte concreto de la Argentina a la construcción de un orden internacional que limite la violencia y reconozca y proteja la dignidad de todos.

* Ex vicecanciller. Embajador ante el Consejo de Derechos Humanos y ante los organismos internacionales en Ginebra.

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