Tras el escándalo por la obstrucción a un aborto no punible que había pedido una mujer violada, víctima de trata, renunció ayer a su cargo el director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau. El médico alegó “motivos personales”. Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad no dieron más detalles sobre las razones que llevaron a la dimisión. Sin embargo, el legislador porteño Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) aseguró que la decisión de Mercau está vinculada con su cuestionada actuación en el caso de aborto no punible. “Tuvo responsabilidad directa en obstruir un aborto no punible al filtrar datos reservados de la mujer. La Ciudad abrió una investigación y resolvió alejarse del cargo. Igual que un reciente fallo contra el restrictivo protocolo macrista sobre aborto no punible, el retiro de Mercau es otro avance para los derechos de las mujeres. El cargo vacante debe ser cubierto por concurso y no a dedo”, consideró Bodart en diálogo con Página/12.

Para Estela Díaz, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la salida de Mercau es “una señal de que algo empezó a cambiar y ya no hay absoluta impunidad cuando se interviene arbitrariamente en un hospital para frenar una práctica médica legal como es un aborto no punible”. “Hasta ahora veníamos viendo que tanto el sector Salud como la Justicia interferían ilegalmente sin que hubiera represalias. Con este caso, se produjo un cambio importante: por un lado, la Corte Suprema actuó velozmente para suspender la decisión de la jueza Myriam Rustán de Estrada, que irregularmente había intervenido para obstaculizar la práctica, al hacer lugar al pedido de una organización católica. Incluso, la Procuración General de la Nación pidió que la magistrada fuera sancionada. Es importante que los profesionales de la Salud y de la Justicia tengan la preocupación de cumplir con la ley, en los tiempos que demanda un aborto no punible, donde la demora sabemos que puede impedir que se garantice el derecho a esa práctica. El mensaje es claro: no se puede obstaculizar el acceso a una práctica médica legal y se debe respetar la confidencialidad de los datos de la paciente”, señaló Díaz, encargada de Género de la CTA que conduce Hugo Yasky.

Mercau asumió al frente del Ramos Mejía en 2007, informaron fuentes del Ministerio de Salud, que confirmaron que el gobierno porteño inició una investigación “para ver cómo habían sucedido los hechos”, que derivaron en la suspensión del aborto que se le iba a realizar a la mujer víctima de trata. También aclararon que todavía no se designó al nuevo director.

Cuando se frenó el aborto a la joven, Bodart denunció penalmente tanto a Mercau como al capellán del Ramos Mejía, Fernando Llambías, por violar la ley de Salud de la Ciudad, al dar a conocer la identidad y otros datos vinculados a la mujer que había solicitado el aborto no punible. Además, por no respetar el protocolo de atención a víctimas de trata, recordó ayer Bordat. La causa tramita en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional No 6. No fueron los únicos funcionarios públicos denunciados por su actuación en el caso. También el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, fue denunciado en la Justicia por diputados y diputadas de la oposición por revelar públicamente cuándo y dónde se realizaría el aborto. Estaba previsto llevarse a cabo el 9 de octubre. Pero la difusión del caso alertó a activistas de una organización católica, llamada Pro Familia, que recurrieron a la jueza Rustán de Estrada para frenar la intervención. La magistrada hizo lugar al pedido, aunque la causa no había llegado a su juzgado por sorteo. Rustán de Estrada fue denunciada por prevaricato y también ante el Consejo de la Magistratura. Trabajadores y trabajadoras del Ramos Mejía, además, organizaron un escrache al capellán, por haber participado él mismo en un escrache frente al domicilio de la paciente, para presionarla para que desistiera en su decisión de interrumpir la gestación. La mujer contó que fue violada durante su cautiverio en redes prostibularias. Finalmente, intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ordenó en un trámite muy veloz que se practique el aborto no punible, al asegurar que no existían “obstáculos que impidan llevar a cabo la práctica solicitada” por la mujer víctima de una violación.