LA VENTANA › MEDIOS Y COMUNICACIóN

La participación simplifica

Néstor Piccone aporta sus propios interrogantes en el debate que promueve la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual e insiste en la necesidad de la participación tanto del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil.

 Por Néstor Piccone *

La nota de Washington Uranga aparecida en esta misma sección el 25 de enero pasado convoca a multiplicar los debates que abrió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La Ley 26.522 no es una ley simple, ni como fruto de una victimización oportunista. Algunos grupos mediáticos y sectores políticos afines difundieron que era una herramienta para clausurar la libertad de prensa o destruir el monopolio de Clarín.

Los postulados de la misma son los de garantizar la democratización de los medios y multiplicar las voces en pantallas y radios. Pero la ley no simplifica sino que expone con amplitud la complejidad del sistema de medios, propone cambiar el mapa comunicacional y otorga al Estado y a la sociedad civil un poder que desde los ’90 había quedado casi exclusivamente en manos privadas. Manos que no sólo construyeron oligopolios sino que expandieron un dispositivo tecno-mediático de alcance mundial.

La ley impulsa la participación de los distintos actores de la comunicación: privados, pymes, estatales, universitarios, de los pueblos originarios, sindicales y cooperativos. Pero cabe la pregunta: esos sectores, ¿parten de un piso de igualdad para disputar frecuencias y contenidos?, ¿cuentan con organizaciones de representación que puedan intervenir en un debate que además se hace sobre la sucesión de hechos consumados, ya que la televisión y la radio no paran de emitir?

En la Argentina convive un poderoso sistema de abonados al cable, sistema que no fue inventado por los grupos mediáticos actuales sino por las propias comunidades que querían acceder a la información y al entretenimiento. La apropiación por parte de grupos empresariales fue posterior. Pero el modelo persiste, y las cooperativas y pymes que lograron finalmente acceder a las licencias enfrentan el desafío de repetir el esquema de contenidos vigente o innovar y promover producciones que multipliquen las voces.

La televisión abierta, promovida desde el sistema de Televisión Digital Abierta, un modelo de alta calidad técnica que pretende universalizarse en forma gratuita, ¿podrá convivir con el cable o deberá finalmente subordinarse?

El modelo de producción de contenidos monopólico, concentrado en un puñado de productoras de Capital Federal que producen más del 80 por ciento de los contenidos que consumimos los argentinos, ¿puede cambiarse de la noche a la mañana sin un debate y un espacio de participación que permita encauzar las diferencias y asimetrías económicas? Puede convivir el nuevo paradigma comunicacional con un modelo comercial atado a la pauta publicitaria (estatal y privada) concentrado y monopólico.

La calidad de los contenidos, un tema bien difundido a través del impulso de nuevos programas y nuevas pantallas, se debe reducir sólo a la calidad técnica o hay que abrirlo a los parámetros que miden y establecen también la calidad social y subjetiva de productores y usuarios.

En cuanto se intenta poner en movimiento la ley, los interrogantes se multiplican, sin olvidar los efectos que producen la judicialización y las amenazas que los grupos realizan permanentemente a través de manipulaciones y recursos de amparos.

Estos interrogantes circulan, mientras la tele y la radio siguen emitiendo. Muchas veces confundiendo estados de situación y silenciando los importantes avances que se logran día a día.

A modo de contribución y en línea con atender la complejidad que tiene el cambio promovido por la ley, resulta fundamental que el gobierno, en el marco de una nunca mejor denominada “sintonía fina”, profundice una política de Estado, unificando sus actuales programas y planes en un marco de síntesis que permita la incorporación al sistema de actores postergados desde siempre y que, a pesar de la legalidad obtenida con la 26.522, no están en condiciones de discutir con sectores de la comunicación que tienen más de sesenta años de ejercicio.

Como contrapartida es fundamental que las organizaciones que hasta la promulgación de la ley estaban silenciadas, construyan herramientas organizativas propias, solidarias y asociativas, facilitando la tarea de quienes desde su casa esperan ver y escuchar nuevas noticias, y formatos que devuelvan en espejo las realidades de los argentinos que viven en cada rincón de la patria.

* Periodista, psicólogo. Integrante de Copla. Presidente de FeCoopTV.

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