Los familiares de las víctimas gritaron una vez más: “Los chicos, presentes”. Fueron tres veces, como cada vez que culminaba una jornada de los alegatos en el juicio por la tragedia de Once. Ayer fue la última vez que lo hicieron antes de la sentencia. El fiscal acababa de pedir las condenas a quienes consideró responsables del haber provocado el “incendio seguido de muerte”. Para Omar Chabán, reclamó 23 años de prisión. Para los integrantes del grupo Callejeros, 15 años a cada uno, por ser “partícipes necesarios” de ese delito. Para Raúl Villarreal, el más estrecho colaborador del gerenciador de Cromañón, solicitó 16 años. La sentencia será el 19 de agosto.

Al filo de la medianoche de ayer, Jorge López Lecube, el fiscal del juicio, terminó de desgranar sus argumentos para sostener el pedido de condenas. El reclamo contra Chabán fue de tres años menos que el de José Iglesias, el abogado querellante y padre de un joven que murió allí. López Lecube, además, pidió 17 años de prisión e inhabilitación perpetua para Carlos Rubén Díaz, el subcomisario de la 7ª acusado de cobrar coimas para hacer la vista gorda respecto de los controles en el boliche.

El fiscal, por último, requirió a los jueces que condenen a dos años de prisión por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” a Fabiana Fiszbin, Gustavo Torres y Ana María Fernández.

Más temprano, el padre de una joven de 21 años que murió en el incendio de Cromañón reclamó que se condene al Estado nacional, al gobierno porteño, y a todos los imputados por la tragedia a que le paguen un resarcimiento de 126.000 pesos, más intereses. Se trata de Alberto Urcullo, padre de María Sol, quien según su partida de defunción falleció el 31 de diciembre de 2004 a las 0.08 en el Hospital Italiano de esta capital, por intoxicación.

Este hombre, de profesión abogado, explicó que los médicos le dijeron que su hija “ingresó fallecida porque no reaccionó a las maniobras de resucitación” y luego la autopsia determinó que la causa del deceso fue “intoxicación por monóxido de carbono”. Urcullo dio por acreditado que la muerte de su hija se produjo “dentro del local” del barrio porteño de Once y desde la atención hospitalaria fue llevada “no identificada” al cementerio de la Chacarita por “ineficacia de los organismos de rescate” y fue él quien tuvo que ir a reconocerla.

Ayer, Susana Rico y Patricio Poplavsky, representantes del último grupo de querellantes, pidieron también elevadas penas contra Omar Chabán, y para los tres ex funcionarios del gobierno porteño: Fabiana Fiszbin, Gustavo Torres y Ana María Fernández. En el primer caso solicitaron 26 años y 25 para los tres funcionarios. Según este grupo de querellantes, el incendio de la disco no fue una tragedia sino una masacre. Rico estableció las diferencias entre una y otra (la tragedia, dijo, no es evitable y la masacre sí). “Se hubiera evitado si los funcionarios del Gobierno de la Ciudad hubieran cumplido con el deber de garantía y cuidado de los ciudadanos.”

Rico recordó que Ibarra les había asegurado a los padres de las víctimas: “Si ustedes me preguntan si esto se pudo haber evitado, yo les digo que sí y me hago cargo”. “Pero no se hizo responsable ni antes, durante, ni después”, enfatizó la querellante, quien recordó que, durante el juicio, los funcionarios comunales procesados “lo único que hicieron fue hablar de las carencias que tenían, de presupuesto, de personal, de soportes técnicos”.

Poplavsky pidió 22 años para cada uno de los integrantes del grupo Callejeros, sin distinción entre ellos. Para Raúl Villarreal solicitó siete años de cárcel como partícipe necesario de cohecho activo y secundario de estrago doloso. Y también pidió seis años para el ex subcomisario Carlos Días y dos para su jefe, el comisario Miguel Angel Belay.