SOCIEDAD › POLéMICA JUDICIAL POR LOS FONDOS PARA PROYECTOS CULTURALES

Un amparo para el mecenazgo

Después de meses de demora, el ministro de Cultura tuvo que destrabar de apuro las resoluciones para artistas y creadores. Lo hizo obligado por el recurso jurídico que le impuso uno de los consejeros del sistema.

 Por Sergio Kiernan

El Ministerio de Cultura de la ciudad tuvo que destrabar de apuro casi 200 proyectos a financiar por la Ley de Mecenazgo porteña. Curiosamente, lo que Cultura tenía frenado eran iniciativas culturales y sólo se allanó a dejarlas andar ante un recurso de amparo. Más llamativo aún, quien recurrió a la Justicia contra el ministro Hernán Lombardi no fue un particular afectado, sino uno de los miembros del Consejo que revisa los proyectos de mecenazgo, Facundo de Almeida. La insólita situación muestra aspectos de indiferencia burocrática hacia iniciativas que no se controlan desde el ministerio y que, si bien no le cuestan ni un centavo, tampoco le generan un presupuesto propio.

El mecenazgo porteño fue aprobado en diciembre de 2006 y es un mecanismo por el cual los contribuyentes a Ingresos Brutos puedan decidir cómo se gasta un muy pequeño porcentaje de lo que aportan. Una empresa puede destinar un 2 por ciento de lo que aportó el año anterior y un miembro del registro simplificado, monotributista, la totalidad de su impuesto. Si el mecenas quiere que su logo o nombre figure en el proyecto, la ciudad le reconoce la mitad de lo que pagó. Si acepta ser modesto, se le reconoce el total del dinero como impuesto ya pago.

El artista –o productor, intelectual o simplemente cualquiera con una idea– que logre que se le acepte el proyecto recibe una resolución firmada por el Ministerio de Cultura y con eso abre una cuenta en el Banco Ciudad, cuenta que no tiene costo, pero cuyo tope es la cantidad de dinero que le autorizaron. Luego, y bastante más difícil, sale a conseguir dinero entre privados. Los que quieran contribuir depositan el dinero en esa cuenta del Ciudad y el recibo vale como impuesto ya pagado.

Las propuestas las evalúa el Consejo de Promoción Cultural, creado por la ley, que tiene seis miembros permanentes y treinta artistas como asesores (ver recuadro). La primera característica que mostró el sistema fue la demora burocrática. Jorge Telerman nombró los primeros consejeros recién a fines de 2007 y todos renunciaron ante el cambio de gobierno. Mauricio Macri se tomó también un año y en noviembre de 2008 anunció que se pondría en marcha el asunto. Hubo que esperar a marzo de este año para que se hicieran las convocatorias para mayo, julio y septiembre. Ni eso se cumplió, ya que Cultura terminó revocando la segunda y la tercera.

El Consejo recibió 342 propuestas después de esperar bastante, ya que el ministro Lombardi mostró desde el primer minuto que no tenía el menor apuro. La ley exige que el Ministerio de Cultura reciba los proyectos y se los pase directamente al Consejo en un plazo perentorio. El Consejo, a su vez, tiene hasta sesenta días para decidir qué hacer. Pero los proyectos llegaron en un bloque de 90 carpetas con casi cuarenta días de demora y el resto tardó dos meses más, lo que hasta mereció una nota de queja.

Finalmente, se aceptaron 174 proyectos. Según el cálculo de recursos, había este año hasta 76 millones de pesos para el sistema. Pero los 342 proyectos presentados llegaban a 47 millones y los aprobados no pasan de 13, en parte porque el Consejo puede recortarles el dinero pedido. El día 11 de agosto se le envió al ministro Lombardi la primera acta de proyectos aprobados. Según la ley, Cultura tenía a partir de entonces quince días para promulgarlos –o tres semanas, ya que suele interpretarse que son quince días hábiles–, con lo que a fines de ese mes deberían haberse anunciado los primeros ganadores.

Nada de eso ocurrió. El ministro Lombardi se quedó con los papeles hasta el 4 de noviembre, cuando anunció en conferencia de prensa los “129 proyectos ganadores”. Según dijo el ministro a Página/12, esto se debe a que su interpretación de la ley es que debe anunciar a todos los ganadores juntos y no a medida que el Consejo los apruebe, dado que “debo ejercer el control presupuestario”. El argumento es llamativo, ya que Cultura no gana ni pierde nada en el mecanismo de mecenazgo –no pone un duro ni lo recibe, ya que el dinero va de privados a privados–, con lo que su presupuesto sigue intacto pase lo que pase.

En el Consejo hubo asombro ante la cifra final aprobada: faltaban 45 proyectos por casi tres millones de pesos, con nombres como el de Ana Stekelman, Alejandro Areal Vélez y la arquitecta Ana María Carrió colocados en el limbo. A los que llamaron a Cultura durante noviembre a preguntar qué pasó con sus proyectos les dijeron que el Consejo los había rechazado, lo que terminó ocasionando otra serie de llamadas desmintiendo la situación.

Este lunes, el último día de noviembre, Facundo de Almeida y su abogado Diego Hickethier presentaron el amparo para que Lombardi cumpla la ley. Hay tres puntos principales: que el ministro acepte todos los proyectos, ya que la ley no le permite enmendarle la plana al Consejo; que dicte las resoluciones de una vez, para que los beneficiados puedan abrir sus cuentas, en lugar de quedarse en anuncios mediáticos; y que haga las dos convocatorias que suspendió en julio y septiembre. “Por acción u omisión, el ministro de Cultura está impidiendo que se inviertan millones de pesos en actividades culturales”, explicó el consejero De Almeida.

Como un amparo tiene un alto potencial de papelón, hubo efectos inmediatos. Lombardi explicó a este diario que “los 45 proyectos que faltan serán aprobados ahora” y que la demora se debía que tenían “alguna objeción” de algún consejero o de la Secretaría Legal y Técnica del ministerio, que pensaba que podían tener fines de lucro. En un comunicado emitido ayer, se contradijo y culpó de la demora al Consejo. Para el ministro, él tiene derecho a aprobar o no los proyectos, tema que está dispuesto a discutir hasta a nivel judicial. Según el Consejo, el ministerio simplemente tiene que promulgar lo que se vote.

Lo que es menos sostenible es la afirmación de Lombardi de que ya firmó las resoluciones de los 129 proyectos anunciados el 4 de noviembre. El problema, como señala De Almeida, es que ninguna de esas resoluciones fue publicada en el Boletín Oficial de la ciudad, con lo que en concreto no existen ni pueden ser utilizadas por los beneficiados.

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Facundo de Almeida, el miembro del Consejo de Promoción Cultural que presentó el recurso de amparo.
Imagen: Leandro Teysseire
 
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